Cada día en Venezuela se ejecutan acciones, especialmente desde el campo gubernamental, que afectan el derecho ciudadano a estar informado. No es un asunto menor, ni tampoco casual. Existe en Venezuela una tendencia constante que apunta a restringir el derecho a saber. Un ejemplo reciente: todo lo relacionado con la cotización del dólar paralelo y la obsesión oficial en evitar en que se informe sobre una cotización diferente a la tasa oficial, evidencia hasta dónde puede llegar la acción oficial a la hora de coartar el derecho ciudadano a tener información, cuando ésta es distinta a los deseos gubernamentales.

Cuando se aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios, se puso en vigencia una política que impedía a los medios de comunicación informar sobre una tasa de cambio diferente a la oficial. Según el gobierno, con esto se buscaba evitar la especulación. En realidad se apunta a que el ciudadano tenga menos información sobre ciertos asuntos, pues si la intención oficial fuese evitar la especulación con el tipo de cambio, tomaría medidas concretas para que las transacciones de empresas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) no fuesen una fuente que fomente el mercado paralelo de divisas. El Estado recibe dólares a un precio, por sus exportaciones petroleras, y luego coloca otro para las transacciones internas. Básicamente se buscan maquillar las finanzas públicas, y en ese sentido mientras menos información tenga el público, pues resulta mejor.

En materia de transacciones cambiarias, la desaparición de la información en los medios tradicionales sobre el tipo de cambio paralelo, originó el surgimiento y popularización de blogs y páginas en Internet que daban cuenta del movimiento del dólar en Venezuela. Hay un mercado de compra y venta de divisas distinto al oficial, no se puede tapar el sol con un dedo. Desde nuestra perspectiva si el gobierno desea acabar realmente con el dólar paralelo, debería atacar el origen del asunto, es decir debería ir a las distorsiones económicas que ha desencadenado el control cambiario, desde que se implantó en el país en el año 2003.

El presidente Hugo Chávez anunció a fines de la semana pasada una arremetida, que incluía allanamientos y amenazas de aprehensión, contra los blogs y páginas en Internet que estaban informando sobre el dólar paralelo. En breve tiempo estas páginas desaparecieron, obviamente sus responsables ante la amenaza presidencial optaron por desmontarlas. Esto nos habla de otros dos problemas en Venezuela en relación con la libertad de expresión: el miedo a expresarse por temor a las represalias (sólo hay libertad de expresión plena cuando no existe el miedo a las sanciones por lo que digo o informo), y el peso del presidente en materia de decisiones judiciales (la ausencia de un poder judicial autónomo incrementa el miedo ante una acusación que además viene del propio jefe de Estado). Por cierto, en clara demostración de cómo opera la cultura venezolana, este lunes ya estaban en línea nuevos sitios en Internet sobre el cambio de divisas, supongo que con mayor seguridad para evitar ser rastreados por las autoridades.

En Venezuela, informarse sobre una realidad, la transacción del dólar, tampoco está permitido. Como ciudadanos perdemos nuestro derecho a saber.