La proximidad de las elecciones y la posibilidad cierta de que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela, con el triunfo electoral de Henrique Capriles Radonski el 7 de octubre, nos lleva a revisar las asignaturas pendientes que tiene el país en materia de libertad de expresión. Aunque sabido no está de más recalcar que este derecho humano tiene doble cara, por un lado se consagra la potestad de los individuos a expresarse libremente, pero por el otro comprende el derecho social, colectivo, a la información. Para analizar las asignaturas pendientes en Venezuela apelamos a un documento elaborado en 2010 de forma conjunta por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Los relatores destacaron los desafíos que enfrenta la libertad de expresión para el período 2010-2020. En caso de triunfar la alternativa democrática en Venezuela, gracias al voto popular, un nuevo gobierno justamente se desarrollaría dentro de este lapso marcado por los relatores, quienes expresaron su preocupación por los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio de este derecho. En particular enfatizaron los problemas que surgen por la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, las presiones políticas, comerciales y sociales sobre los medios de comunicación, la falta de tolerancia al pensamiento crítico por parte de los gobiernos y la necesidad de implementar más y mejores mecanismos para lograr la inclusión al proceso comunicativo de los sectores excluidos. Puede leer aquí la versión completa de esta valiosa declaración

Los retos más importantes mencionados en esta declaración se refieren a los siguientes asuntos: 1) la existencia de mecanismos ilegítimos de los gobiernos para controlar los medios de comunicación; 2) la existencia de leyes penales que criminalizan la crítica; 3) la creciente violencia contra periodistas y comunicadores; 4) la necesidad de reforzar la vigencia e implementación del derecho de acceso a la información; 5) la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; 6) las presiones económicas que limitan la libertad de expresión; 7) la falta de un marco regulatorio que garantice la existencia, independencia y el adecuado sostenimiento de las emisoras públicas y comunitarias; 8 ) las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional, 9) los riesgos que existen sobre las nuevas tecnologías y, en particular, sobre Internet; y 10) la urgencia de garantizar el acceso de todos a Internet.

Cuando se revisan estos ítems salta a la vista que al menos ocho de estos diez desafíos son también una asignatura pendiente para Venezuela. Es decir, en casi todos los puntos presentados por los expertos como los más agudos para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, hay problemas concretos presentes en la Venezuela de hoy. En esta oportunidad, por razones de espacio, nos detendremos solamente en uno de los puntos álgidos que los relatores plantearon como desafío, a nivel internacional, pero el cual sin duda alguna tiene conexión directa con Venezuela.

Ocupa el primer lugar en el ranking de preocupaciones, y ello no es casual, el hecho de que los gobiernos no juegan limpio en su afán de controlar a los medios de comunicación. Venezuela puede considerarse una suerte de laboratorio en dicha materia. En 2007 como en 2010, el gobierno de Hugo Chávez usó subterfugios legalistas (es difícil decir que es legal cuando se hace un uso arbitrario del poder) para en primera instancia dejar sin permiso de televisión abierta a RCTV, y luego también sacar de la televisión por suscripción –definitivamente- al canal de Quinta Crespo. Ambos procesos pusieron en evidencia dos aspectos que preocupan a la comunidad internacional que defiende la libre expresión: no hay en nuestro país organismos autónomos que apliquen la ley en materia de comunicación social, pues obviamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es absolutamente dependiente de los deseos del ejecutivo; igualmente preocupa que las decisiones que toma el ejecutivo no dejan espacio para la legítima defensa que tienen todos en nuestro país, incluyendo a los medios de comunicación. Cuando el entonces director de CONATEL –amén de ministro- Diosdado Cabello en julio de 2010 ordenó el cierre de 34 estaciones –principalmente de radio- anunció la medida un viernes en la noche, se aplicó la medida a la medianoche y los afectados sólo podían apelar la medida el día lunes, cuando ya había sido ejecutada. Así se cerraba el camino para que estos medios apelaran la decisión del ejecutivo.

La lista de asignaturas pendientes en la materia es larga, como puede verse en los desafíos que colocan los relatores. Para el nuevo gobierno que surja de las elecciones de octubre habrá tareas muy específicas y urgentes que afrontar en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Puede seguirnos en Twitter: @infocracia

La sociedad venezolana sigue sin tener información confiable y de primera mano de fuentes médicas sobre la magnitud del cáncer que aqueja al presidente Hugo Chávez desde hace casi un año. Desconocemos cuáles órganos exactamente están afectados, y cuán afectados están. No hay información sobre exactamente dónde es tratado y menos aún existe información oficial sobre los nombres de los médicos tratantes. En otra columna como ésta sostuvimos que este secretismo con fines electorales –ya que no es otra cosa-, contrasta de forma notable con los casos de otros mandatarios que estando en funciones públicas se han visto aquejados también por problemas de salud, en algunos casos igualmente severos.

El presidente Chávez, en tanto, sigue manejando de forma electoral la información sobre su salud. No puede encontrarse otra explicación a la ausencia de una política informativa que le permita a los venezolanos saber con exactitud cuál es el cuadro médico que le aqueja y si efectivamente está en condiciones de seguir al frente del gobierno. Harina de otro costal es incluso su empecinada vocación electoral. Aquí estamos ante un problema de Estado, dada la alta magistratura que ocupa Hugo Chávez.

La ausencia de una política informativa transparente por parte del poder ejecutivo, en relación con el real estado de salud presidencial, ha intentado ser suplantada por melodramáticas declaraciones del jefe de Estado, por ejemplo, pidiendo un tiempo más de vida. Junto a todo esto, de por sí preocupante para un feliz desarrollo del proceso electoral, está teniendo como correlato un asunto no menos preocupante: el Estado venezolano está invirtiendo enormes recursos en mantener “la normalidad” administrativa de la gestión, cuando ésta sencillamente está seriamente afectada por la taciturna ausencia del comandante presidente “gran cacique” (esto último un notable aporte del ministro del Interior y Justicia en octubre pasado).

El presidente empeñado en demostrar que sigue llevando las riendas de su gobierno encabeza consejos de ministros… en Cuba!. Sus más cercanos colaboradores van y vienen de la isla, amén de las rutinas de viajes que ya implementó el propio Chávez. ¿Quién paga todo esto? ¿Cuánto nos cuesta a los venezolanos mantener la ficción de que todo está normal dentro del gobierno?

Estas frecuentes reuniones de Chávez con sus colaboradores en Cuba generan muchas interrogantes: ¿por dónde viajan los ministros y sus asistentes?, ¿usan los jets de PDVSA? ¿dónde duermen?, ¿dónde comen? ¿hacen los trámites de CADIVI cada vez que salen? Una respuesta parece englobar todo esto. Sencillamente usan los recursos públicos porque asumen que están en funciones de Estado.

¿Acaso no sería más económico para el país (y posiblemente más saludable para Chávez) que el presidente se separara temporalmente de su cargo y que se dedicara íntegramente a cuidar su salud por una temporada? La constitución prevé con claridad los mecanismos para estas ausencias. El gobierno podría funcionar efectivamente con mayor normalidad, y –lo más importante- nos estaríamos ahorrando como sociedad sumas enormes de dinero.

El diputado Carlos Berrizbeitia ha comenzado a sacar sus cuentas en torno al impacto económico de la salud presidencial. Se trata de un contumaz ejercicio de veeduría que caracteriza a este legislador por varios años. Sin embargo, no se trata solamente de un ejercicio del parlamentario,  la sociedad debe reaccionar ante una situación que luce insostenible. Es nada más y nada menos de esta situación en la cual un presidente que se niega a dejar temporalmente el poder –como lo amerita su estado de salud- y que visita el país bajo su mandato dos días por semana, como ha ocurrido en los últimos tiempos.

Se trata de una situación nada normal ante la cual la sociedad democrática no puede permanecer callada. En cuestión de semanas se cumplirá un año de la primera operación de cáncer al presidente Chávez. Imposible obviar el asunto.