El tema de los medios y la libertad de expresión ha estado en la palestra pública largamente en la última década en Venezuela. Se han dicho muchas cosas desde el poder político y desde la esfera mediática, en no pocas veces, se han trastocado roles. Ya sabemos que la línea fronteriza entre medios y política, en la sociedad moderna, es prácticamente invisible. En particular, en Venezuela, el tema mediático es parte sustantiva del devenir político-gubernamental de los últimos años. Si bien están muy claras las opiniones y percepciones que existen sobre los medios y la libertad de expresión en el seno de la clase política venezolana, se sabe muy poco o casi nada sobre qué opinan los venezolanos de a pie sobre estos temas. Es por esa razón que saludamos de forma muy especial la aparición del estudio sobre valoraciones sociales hecho por el Centro Gumilla, este año.
El estudio ha tenido enorme repercusión en relación con una serie de temas de envergadura y puede consultarse en Internet en http://www.gumilla.org/democracia3 mientras que en este espacio nos detendremos en lo relativo a la mirada del pueblo sobre los medios y la libertad de expresión en la Venezuela actual. La muestra que se tomó para esta investigación a nivel nacional fue de 1.200 personas de los sectores más pobres (clases E y D) y clase media baja (C-). Es desde muchos puntos de vista una excelente radiografía de lo que piensan, esperan y aspiran los venezolanos más pobres, el pueblo literalmente.
La investigación se paseó por algunos tópicos gruesos ya que se aproximó a valores como la libertad, la igualdad, la propiedad. La libertad de expresión y correlativamente los medios de comunicación (en tanto que son el espacio para que la expresión se haga pública), resultaron examinados.
En la presentación que hace Luis Salamanca del los resultados globales, que puede leerse en la dirección mencionada, se resalta que el 59,4 por ciento de los venezolanos están de acuerdo con la libertad de expresión y manifestación. Resulta llamativo que mientras más se baja socialmente aumenta el desacuerdo con el valor que se le da a la libertad de expresión. Además en este estudio ya se le otorga un valor utilitario a la libertad de expresión (que es una de las dos grandes maneras de entender a este derecho humano básico) en la medida en que se le asocia con mecanismos para que se le resuelvan los problemas a los más pobres.
En el sector C- sólo el 2,3 por ciento se dice “algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la idea de que los ciudadanos deben contar con libertad de expresión. En el sector D la cifra llega a 12,6 por ciento y se ubica en 11,7 para los venezolanos del estrato E. Una primera constatación: no todos los pobres del país valoran positivamente la libertad de expresión, ni siquiera cuando se le asocia a mecanismo para resolver los problemas que le aquejan.
Cuando se le mira a partir de la filiación política de los consultados, la libertad de expresión es mejor valorada por quienes se definen como independientes o no chavistas. Ya que el 65,7 de los que se dicen independientes están de acuerdo con la importancia de la libre expresión y manifestación y 61,6 de los no chavistas comparten tal punto de vista. Los militantes del PSUV o aquellos que sencillamente se identifican como chavistas tienen niveles inferiores con 53,4 por ciento y 55,7 por ciento respectivamente.
Sólo un 12,9 por ciento de los venezolanos pobres dice estar satisfecho con la actuación de los medios de comunicación del país, mientras que un 39,2 dice estar algo satisfecho. El nivel de insatisfacción, en relación con los medios de comunicación, crece en la medida en que aumenta el nivel socioeconómico. Así sólo el 11,9 del sector E se manifiesta nada satisfecho con los medios del país, esto sube a 19,6 por ciento para el estrato D y salta de forma muy significativa a 41,4 por ciento en el sector C-. Otro dato llamativo: la insatisfacción está mucho más marcada en los venezolanos de los sectores pobres que no son chavistas. No puede obviarse un hecho, el permanente discurso crítico hacia los medios por parte del presidente Chávez no ha hecho a sus seguidores más insatisfechos hacia los medios de comunicación en general.
El estudio arrojó otro dato importante. Hay mayores niveles de desconfianza hacia los medios administrados por el gobierno que hacia los medios privados. La sumatoria de las categorías de algo de desconfianza y mucha desconfianza llega a 55,4 por ciento en relación con los medios oficiales, mientras que ambas categorías para los medios privados 41,9 por ciento. Aún cuando la diferencia es notable, las cifras globales lo que arrojan es una desconfianza marcada de los pobres hacia los medios de comunicación, lo cual es un asunto preocupante ya que uno de los valores principales para los medios es precisamente su credibilidad.
Como bien lo recoge Salamanca en su interpretación de estos datos, “el sector más desconfiado respecto de los medios públicos es el C- y es, al mismo tiempo, el más confiado en los medios privados. Los sectores D y E confían un poco más en los públicos que en los privados. Los seguidores del chavismo confían más en los medios públicos que en los privados y los no chavistas se inclinan más por los medios privados. Los independientes valoran más los privados y tienen más desconfianza de los medios públicos”.
En otro aparte de la investigación se construye un índice de satisfacción con diversos aspectos de la vida nacional. En un cuadro general de baja o poca satisfacción es importante destacar que la actuación de los medios de comunicación aparezca en segundo lugar, solamente superada por la Misión Barrio Adentro, e incluso por encima de las misiones en general. Son asuntos sobre los cuales sin duda habrá que hacer segundas lecturas. Puede seguirnos en Twitter @infocracia

Si usted escoge cualquier experiencia exitosa de medios comunitarios y/o alternativos en América Latina podrá encontrarse algunas características que le son comunes, más allá de las especificidades geográficas y/o culturales que pueda tener una emisora amazónica en Perú o una minera en Bolivia. Esta suerte de documento de identidad contiene estos elementos: independencia de cualquier tipo de poder, modelos descentralizados de organización y una amplia participación ciudadana en el seno de estas experiencias.
En Venezuela, la comunicación comunitaria y alternativa existía antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, y eso es necesario remarcarlo. Si bien la mayoría de experiencias de los años 80 y 90 tenían focos muy claros en la zona andina, en el centro del país y algunas expresiones aisladas en el mundo del movimiento obrero, en líneas generales compartían las señas de identidad que describimos antes, es decir eran experiencias independientes, funcionaban de forma descentralizada y en general se planteaban como primer desafío recoger la voz popular.
La llegada del presidente Chávez al poder implicó cambios sustantivos en estas dinámicas. Aunque estuvieron inicialmente ignoradas, las experiencias de comunicación comunitaria y alternativa pasaron a la palestra como consecuencia del golpe de Estado de abril del 2002. El aún estruendoso silencio mediático, que implicó en algunos casos un tácito aval al “Carmonazo”, llevó al gobierno de Chávez –una vez que regresó al poder- a plantearse una profunda y extendida estrategia comunicacional. Una de las patas de este programa pasa a estar en el campo de lo comunitario y alternativo.
En no pocos casos el gobierno fagocitó a experiencias de larga data, en otros literalmente compró conciencias al darle cargos públicos a personas que tenían reconocida trayectoria, y por otro lado repartió dinero a diestra y siniestra para que se establecieran medios comunitarios, especialmente estaciones de radio. A la fecha se encuentran habilitados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) un total de 250 emisoras de radio y 33 estaciones de televisión bajo la modalidad de medios comunitarios. Debe decirse que hay un número importante que están operando sin contar con la licencia oficial.
Hay diversidad en las estaciones de corte comunitario, pues unas están francamente en operaciones ideológicas, destinadas a replicar el discurso oficial en el conflicto político-mediático, y hay otras (y no son pocas) que literalmente funcionan como pequeñas empresas al servicio de un propietario, siguiendo exactamente el modelo comercial que dicen detestar. En unas y otras, sin embargo, prevalece la ausencia de participación popular. No hay, en su mayoría, iniciativas para discutir –por ejemplo- la programación con las comunidades y en estos medios se aplica censura por razones ideológicas y/o comerciales.
A este conjunto de medios estará destinada la nueva Ley de Comunicación para el Poder Popular, que ya recibió la primera aprobación por parte de la mayoría del PSUV en el seno de la Asamblea Nacional.
Esta nueva ley, que aún requiere de una ratificación parlamentaria, prevé la creación de un fondo para financiar a los medios comunitarios en todo sentido, desde apoyarles económicamente para sus inversiones técnicas, hasta hacer frente a los gastos operativos y –en teoría- apoyar la producción. Dichos recursos serán administrados desde la Vicepresidencia de la República –un órgano netamente político-, lugar en el cual se llevará un registro (otro, adicional al que ya tiene CONATEL) de todos los medios y expresiones de comunicación comunitaria y alternativa.
Los medios que ya vienen con plomo en el ala debido a la falta de genuina participación ciudadana en su gestión y programación, justamente tendrán que pasar por el peaje político centralista de la Vicepresidencia para obtener fondos del Estado, lo cual les hará más dependientes. Esta ley hará que los medios comunitarios se extravíen aún más de su deber ser y todo ello en un año electoral.

En primer lugar debe recordarse que la señal de radio 102.3 FM fue hasta julio de 2009 la matriz del circuito CNB. A esta emisora, como a otras 33 estaciones, se les aplicó el método Cabello, con la excusa –siempre hay una justificación- de que debía democratizarse el espectro radioeléctrico. Diosdado Cabello ocupaba entonces la dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), junto a otras 12 responsabilidades de su otrora época de “superministro”. Su pasantía por el sector de telecomunicaciones fue breve pero dejó huella. Le dijo al sector radial que debían dedicarse a entretener si querían mantener sus licencias, y al sol de hoy –como hace más de dos años- más de 200 emisoras de radio siguen transmitiendo sin permiso en el país, en una suerte de limbo que favorece las presiones oficiales.
Volvamos al destino que le otorgó este gobierno a la señal 102.3 FM. En manos de una no muy transparente relación con la Asamblea Nacional, hoy se oye por ese dial AN Radio. Uno de los programas bandera de esta estación se llama “5.30 y pa la cola”, que es dirigido por una persona que conoce de medios, el otrora actor y ex diputado Pedro Lander. Desde la iniciativa Monitoreo Ciudadano hicimos una evaluación de las transmisiones de este espacio. Durante el mes de octubre analizamos un total de cinco emisiones a lo largo de cuatro semanas.
Monitoreo Ciudadano es una iniciativa que nace con la finalidad de realizar el seguimiento de medios de comunicación del Estado en Venezuela, sus abusos y violaciones a las leyes. Puede visitarse la página http://www.monitoreociudadano.org
Debe decirse, de entrada, que el espacio conducido por Lander está destinado para el ataque, crítica, cuestionamiento a todo aquel que sea contrario a la línea ideológica del gobierno del presidente Hugo Chávez, a la que se exaltan los logros de la gestión gubernamental fungiendo así como medio propagandístico.
La simpatía del Lander por el Socialismo del Siglo XXI marca la tónica del espacio. En contraposición se encuentra el capitalismo. Los participantes, continuando con el hilo discursivo del Presidente, mantienen una retórica de enfrentamiento entre ambos sistemas políticos; por un lado enaltecen al socialismo y, por el otro desvirtúan al sistema capitalista y a la oposición venezolana.
Un punto importante es que éste es un medio de carácter público y social, al ser la emisora de la Asamblea Nacional se supone que su función se debe a los ciudadanos, no a la línea editorial del gobierno de turno. Con un comentario realizado por Ricardo Márquez (Presidente, Vive TV) se evidenció la identificación de la emisora con el sistema: “aquí en la radio todos nos vestimos de rojo, rojito”.
Adicionalmente, debe resaltarse que pese a ser un espacio emitido en un medio que está al servicio de la función parlamentaria, el tema legislativo queda totalmente soslayado.
Hay todo un bagaje cultural e histórico que envuelve el discurso del presidente Chávez, haciendo notar, como si se tratase de una transferencia heredada, la continuación de un proceso de emancipación el cual no pudo ser culminado con efectividad por aquellos héroes de la patria.
Este fenómeno se ve fortalecido por sus seguidores, su gabinete o colaboradores, en este caso en específico, por parte de los locutores y participantes del espacio radial, donde no hay una expresión institucional hacia la figura presidencial, sino por el contrario, una especia de alabanza: “Mi Comandante”.
Como medio del Estado, AN Radio, tiene la obligación de permitir igualdad de exposición a todas las tendencias políticas, además de la diversificación de sus fuentes. Todo medio de comunicación y en especial los del Estado, que supone tienen una misión pública y social, su bandera ética debe ser informar sin sesgo y menos aún servir de plataforma propagandística del Gobierno. Este espacio tampoco promueve o informa sobre la acción de la Asamblea Nacional. ¿Esta es la democratización del espectro radioeléctrico? Puede seguirnos en Twitter: @infocracia