La elección de diputados realizada el 26 de septiembre de 2010 marcó un hito político en la lucha democrática reciente, en Venezuela. Los sectores de oposición, que habían cometido el tremendo error de no concurrir a las elecciones legislativas en 2005, igualaron –literalmente- en número de votos a los candidatos de partido de gobierno. La ley electoral hecha a la medida le permitió al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hacerse con una mayoría de diputados. Sin embargo, lo más simbólico fue el regreso masivo de legisladores opositores a la arena parlamentaria. El cambio político de primer orden que ocurrió en el seno de la Asamblea Nacional no ha tenido el necesario correlato en los medios de comunicación que dependen del órgano legislativo. Tanto la señal de televisión, ANTV, como la radial AN Radio (en la frecuencia de CNB), son ejemplos claros de la falta de pluralidad editorial y equilibrio informativo, en medios que por su naturaleza deberían reflejar la diversidad de puntos de vista que hoy conviven en el parlamento venezolano.
El pasado 25 de octubre, el diputado larense Eduardo Gómez Sigala llevó a la discusión en el hemiciclo este manejo parcializado de unos medios de comunicación que deberían cumplir una función pública. “Hay algo que nos preocupa con los medios, con uno en particular, que se llama Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. En la visión de la televisora se plantea ser un canal formativo que promueva el respeto y la tolerancia. Precisamente de eso queremos hablar. Este ha sido un canal donde se ejerce la discriminación en este hemiciclo”, sostuvo el diputado que es independiente.
Según Gómez Sigala, se han presentado propuestas de nuevos programas que “equilibren” la propuesta informativa del medio “en función de la representación” política que tiene vida en el seno de la Asamblea Nacional. “Se ha solicitado un tratamiento igualitario en ANTV, se han planteado programas que equilibren las posiciones en función de la representación en esta Asamblea y no ha habido respuesta. La discriminación ha sido la característica principal de este canal.
El planteamiento de este diputado larense tiene sentido y vigencia. En investigaciones recientes, en las que hemos participado como parte de la iniciativa Monitoreo Ciudadano, se evidencia el sesgo, desequilibrio y parcialización política de los programas de opinión e informativos, así como de las cuñas y micros que se transmiten. En muchos espacios se hacen burlas, abiertamente, de diputados opositores; los noticieros se hacen fundamentalmente con diputados del PSUV como fuentes; los espacios “publicitarios” no son tales ya que son abiertamente propaganda para enaltecer al gobierno y en particular la figura del presidente Hugo Chávez.
Los informes y videos de Monitoreo Ciudadano se pueden descargar de http://www.monitoreociudadano.org Esta iniciativa, por otra parte, forma parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana que se han puesto por tarea hacer veeduría ciudadana sobre la Asamblea Nacional. Para mayor información sobre estas acciones puede visitan http://www.monitorlegislativo.net
Gómez Sigala pidió que fuese debatida el manejo editorial y administrativo de ANTV. La mayoría del PSUV se negó a debatirla.
Darío Vivas, quien preside la Comisión de Participación Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional ripostó a Gómez Sigala: “Antv es un medio para el pueblo y no para la oligarquía, en este canal la oligarquía no tiene cabida (…). Los que están acostumbrados a manejar como les da la gana los medios, se muestran contrarios”, dijo el dirigente del PSUV.
La Fundación Canal de la Asamblea Nacional es el único medio audiovisual autorizado para televisar las sesiones parlamentarias. La denuncia de Gómez Sigala no es nueva entre los opositores. Ya una vez María Corina Machado criticó que las cámaras de Antv no enfocasen a los opositores durante sus intervenciones, ganándose una dura amonestación de Fernando Soto Rojas, el Presidente de la AN, por su exigencia.
Reivindicar el papel plural de una señal parlamentaria como ANTV debe estar en la agenda legislativa de los diputados opositores. Lo que ha hecho Gómez Sigala debería repetirse. Se trata de no “acostumbrarnos” al manejo parcializado, sesgado y discriminador de los medios públicos.

El canal de noticias Globovisión ha anunciado que apelará, ante la justicia, la exorbitante multa que le impuso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Es el camino correcto. La decisión de CONATEL de multar a este medio de información no puede ver fuera de contexto. Una rápida revisión permite percatarse que es éste canal, justamente, el que mayor número de procesos administrativos a partir de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (reformada en diciembre pasado para incluir también a Internet).
CONATEL le ha iniciado al menos cinco procedimientos al canal de noticias. Todos están relacionados con temas duros de la política nacional, lo cual viene a corroborar que la Ley aprobada en 2004 en realidad debería llamarse –como era inicialmente- una Ley de Contenidos. Porque lo que está castigando el poder ejecutivo, a través de CONATEL, es precisamente unos mensajes –es decir contenidos- que dejan al descubierto la ineptitud gubernamental. La crisis carcelaria de “El Rodeo” dejó en evidencia el enorme fracaso oficial en esta materia. Dentro del orden de prioridades del gobierno no parece figurar el tema de las cárceles, y en eso poco se diferencian de los gobiernos del pasado. Las prisiones de Venezuela son un verdadero infierno y demuestran que en algunos problemas, la sociedad venezolana poco ha cambiado en estos 12 años de “proceso bolivariano”. Globovisión sólo mostró una parte de este drama que soterradamente convive con nosotros.
La multa contra Globovisión debe entenderse como otra vuelta de tuerca. Un hecho más que se suma a una ya prolongada cadena de hechos, decisiones y actuaciones tanto del gobierno, como de otros entes públicos, así como de actores político que podríamos llamar “paraestatales”. Hagamos memoria: Contra Globovisión se han abierto procedimientos por las declaraciones que dio Rafael Poleo, por la exigencia del hoy gobernador de Carabobo, Henrique Salas feo para que la Junta Electoral diera los resultados en 2008. La cobertura del temblor, antes de que el gobierno reaccionara, también generó otro proceso, así como la transmisión de las cuñas de “Asoesfuerzo” para defender la propiedad privada.
Al balance de lo ocurrido en los últimos 12 años se suman: Al canal de noticias se le confiscó una antena y otros equipos de transmisión, varios de sus vehículos recibieron la descarga de explosivos, decenas de sus periodistas han sido agredidos física y verbalmente. En las entradas de ministerios y dependencias públicas expresamente se les prohíbe el ingreso a los equipos reporteriles de Globovisión. Su sede ha sido objeto de ataques por parte de violentos claramente identificados con la causa del presidente Chávez, y allí el caso más emblemático fue la ya fallecida Lina Ron declarando a Globovisión como “objetivo militar”.
A cada uno de estos hechos debe sumarse la agresión verbal permanente detrás de cada falla o ineptitud oficial, en los últimos años, le sigue la coletilla de que en realidad no hay un problema (trátese de inseguridad, violencia, desempleo o falta de viviendas) sino que hay una matriz mediática que busca desprestigiar al gobierno. Detrás de cada matriz, según la lógica gubernamental, está Globovisión. Pura patraña. El país está atravesado por problemas serios, graves y profundos, durante estos años el gobierno ha evadido enfrentar algunos, como la inseguridad y la violencia delincuencial, y resulta insostenible que estos la excusa sea decir que los medios de comunicación producen una “sensación de inseguridad”.

El Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el Estado venezolano en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó en evidencia varias cosas. Me parece pertinente resaltar tres problemas debatidos: la ausencia de una plena libertad de expresión, la falta de independencia en el poder judicial y la precariedad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Ante estos tres problemas en materia de derechos humanos, que son asuntos de fondo, la actitud del Estado fue sistemática para rechazar las recomendaciones que le hicieran diversos países. Repasemos algunos de estos aspectos que se debatieron en Ginebra días atrás.
El gobierno de Hugo Chávez rechazó la recomendación de Eslovenia de “cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos”.
Los representantes venezolanos en el consejo de derechos humanos rechazaron la sugerencia de Canadá de “modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos”. En esa misma dirección, descartaron seguir el consejo de Noruega de “modificar el Código Penal y el Código Orgánico Militar, eliminando los crímenes por desacato y vilipendio”. Debe decirse que dichas figuras otorgan mayor protección a los funcionarios ante la crítica pública.
Bélgica recomendó directamente “cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de Venezuela”. Canadá le pidió al gobierno de Chávez “trabajar para asegurar la independencia del poder judicial”. Idéntica solicitud hizo Suiza. La independencia judicial también fue una recomendación del Reino Unido y de Australia que expresamente sugirieron “procedimientos independientes, de selección abierta y transparente, basada en el mérito para los jueces y fiscales”.
Alemania y Francia también insistieron en recomendaciones para que funcione de forma autónoma la justicia en Venezuela. Israel vinculó los dos problemas, libertad de expresión e independencia judicial, al sostener que debía abolirse en Venezuela “la practica de utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno”.
Francia y Alemania pidieron que el gobierno de Hugo Chávez renovara “su compromiso con la libertad de expresión”. Hasta Indonesia, un cercano socio de Venezuela en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), recomendó a las autoridades de nuestro país “intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país”. Australia planteó la necesidad de “garantizar acceso oportuno y efectivo a la información gubernamental”.
La República Checa, entretanto, apuntó el tercer gran problema ante el cual el gobierno de Hugo Chávez descartó oír las recomendaciones internacionales. Se trata del trabajo de los defensores de derechos humanos y en general de las organizaciones de la sociedad civil. Los representantes checos en el seno del consejo de Derechos Humanos le recomendaron al Estado venezolano “apoyar el trabajo independiente de las organizaciones no gubernamentales y crear una estrategia para defender a los activistas de derechos humanos”.
Francia amplió el punto al plantear que las autoridades de Venezuela deberían “reiterar públicamente su apoyo a defensores de derechos humanos y generar el ambiente en el que puedan trabajar libremente”. En esa misma dirección apuntó Eslovaquia, mientras que Canadá enfáticamente pidió que se permita el acceso a financiamiento internacional para los defensores de derechos humanos.
Resulta llamativo que la postura de rechazo a las recomendaciones, sea precisamente en estos puntos. Es una señal que habla de la falta de compromiso genuino del gobierno venezolano con los derechos humanos.

Desde la iniciativa Monitoreo Ciudadano hemos realizado otra investigación sobre la programación del canal de la Asamblea Nacional, ANTV. En esta oportunidad, tras analizar los spots publicitarios y los micros que transmite la señal legislativa, puede concluirse que en realidad es un canal al servicio de la propaganda gubernamental.
Monitoreo Ciudadano es una iniciativa que nace con la finalidad de realizar el seguimiento de medios de comunicación del Estado en Venezuela, sus abusos y violaciones a las leyes. Su sitio web es http://www.monitoreociudadano.org
Con esta iniciativa, se pretende demostrar y ejemplificar el uso político de recursos públicos a través de los medios de comunicación del Estado. Actualmente enfocado en las transmisiones de ANTV, la televisora de la Asamblea Nacional, como parte del proyecto Monitor Legislativo. El sitio web de este proyecto de la sociedad civil venezolana es http://www.monitorlegislativo.net
Para analizar lo que transmite ANTV entre cada programa, es decir estos spots y micros, se tomó como muestra la semana del 13 al 16 de septiembre de 2011 dividido en tres bloques horarios, comprendidos en 7-9 a.m., 12-3 p.m. y 7-9 p.m.
Ahora, tomando en cuenta los datos obtenidos, existe un punto muy interesante, de 17 piezas “publicitarias” registrada, 9 de ellas están dirigidas específicamente a enaltecer las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional en materia de políticas públicas, es decir el 53% de las transmisiones sirven de mercadeo de gobierno. Esto resulta llamativo, puesto que ANTV se concibió como señal parlamentaria y no tenía por finalidad, en su origen, ser pantalla para el ejecutivo.
Asimismo, de acuerdo con el teórico Gustavo Martínez Pandiani (2006) quien considera que “el epicentro de la estrategia comunicacional de la política contemporánea posee su eje medular en la imagen del candidato”. Esto se refleja en una de las propagandas, Aprobado y en marcha…por el buen vivir, exalta la figura presidencial y el personalismo se destaca en la frase “el presidente Chávez aprobó…”. Este fenómeno por lo tanto, tiende a desnaturalizar la esencia y función de las instituciones y se basa únicamente en la acción ejercida por el Presidente. De nuevo, este tipo de transmisiones aleja a ANTV de su esencia, que debería estar al servicio del poder legislativo.
Entretanto, el tratamiento ideológico no se escapa de este conglomerado de materiales. Algunos micros y propagandas transmitidas sirven de plataforma para reforzar la implementación del denominado Socialismo del siglo XXI.
Varios ejemplos se encontraron sobre micros y propagandas que afianzan la ideología y el sistema que desea implantar el Ejecutivo Nacional, entre otros: Tres hombres, una idea; Socialismo es ambiente y vida y, Militancia PSUV. El primero hace referencia a personajes como el ex presidente de Chile Salvador Allende, quien apoyaba abiertamente la Revolución Cubana emprendida por Fidel Castro, así como también compartía los ideales del Ché Guevara. Este material puntualiza el contenido en el respaldo al socialismo. A su vez, Militancia PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) es un micro que convoca a los ciudadanos a ser militantes del partido de Gobierno y culmina con la frase “Construyendo el Socialismo”. En particular este tipo de material audiovisual contrasta seriamente con el deber ser de un medio administrado por el Estado, puesto que se coloca la señal pública al servicio de una parcialidad política.
Siendo este un canal del Estado y a su vez, el de la Asamblea Nacional, hace suponer que debe ser el promotor de las actividades parlamentarias, así como también debe buscar visibilizar y darle a conocer a la sociedad el trabajo que vienen realizando los diputados venezolanos. Sin embargo, sólo un 25% de los micros transmitidos poseen alguna relación con el Parlamento, además de ser micros muy extensos, su contenido también es tendencioso, porque se muestra como una especie de logro del Gobierno Nacional. Es decir, que aunque la transmisión de micros con este tipo de contenidos no posee la misma frecuencia que el resto de los mensajes, la intención propagandística se mantiene presente y se desnaturaliza la gestión parlamentaria. Les invitamos a leer el informe completo en: http://goo.gl/2e15l
Asimismo puede seguir a esta iniciativa en el Twitter: @yomonitoreo