El gobierno del general Juan Velasco Alvarado, un militar de vocación socialista, tomó decisiones, bastante polémicas, para orientar el papel de la prensa en el proceso de transformaciones sociopolíticas en Perú. Velasco Alvarado, como lo ha confesado el propio Hugo Chávez, ejerció una importante influencia en militares latinoamericanos que como nuestro presidente se formaron en los primeros años de los años 70. El general gobernó Perú entre 1968 y 1975, producto de un golpe de Estado contra el gobierno electo de Fernando Belaúnde, quien volvería al poder a través de las urnas en 1980. La compleja relación del general con los medios de comunicación privados peruanos si bien comenzó apenas tomó el poder, tuvo su clímax en 1974, con las expropiaciones de los más simbólicos medios impresos del país andino.

Con una clara vocación estatista y nacionalista, que se expresa en una serie de nacionalizaciones y la expulsión del capital foráneo, Velasco Alvarado tuvo una piel muy sensible a las críticas que provenían del mundo periodístico y así a menos de un mes de haber asumido el poder ordena la clausura de diarios como Expreso, Extra, La Tribuna, y el semanario Caretas. Además, se dicta un estatuto de la libertad de expresión, que en lugar de garantizarla, colocaba una serie de “parámetros” que terminarían siendo cortapisas para el libre flujo de opiniones e informaciones. En 1970, usando recursos fiscales y tributarios, es cerrado el diario La Tribuna, ligado al APRA y enemigo del régimen militar. Ya ese año los diarios Expreso y Extra son intervenidos por cooperativas de trabajadores de esos medios, de reciente data, y con evidente respaldo gubernamental. Ese año concluye con una nueva ley que convierte al Estado en accionista mayoritario, con 51 por ciento, de los medios radioeléctricos del país. Los tres años siguientes fueron igualmente de escaramuzas, cierres temporales, autocensura y evidente control estatal a través de una oficina de información que era dirigida por militares.

El 27 de julio de 1974, sin embargo, es la fecha más lamentable. A través de un decreto el Estado decide la expropiación de los principales medios impresos de Lima. Velasco Alvarado justifica tal determinación dada la necesidad de que los medios reflejen y acompañen el proceso de cambios políticos que se venían produciendo, del cual –a su juicio- estaban distanciados por su condición oligarca. Efectivamente el país había cambiado, se había producido una revolución en el aparato productivo y en el mundo agrícola, especialmente fuera de la capital peruana, aunque con resultados dispares. Bajo el argumento de que finalmente los desposeídos atenderían el derecho a la información de las mayorías, cooperativas ad hoc se hacen cargo de los medios expropiados y de esa forma los campesinos toman las riendas de El Comercio, los maestros de Expreso, los obreros de La Prensa y los intelectuales de Correo. En realidad delegados gubernamentales llevaron la dirección de estos medios. El control absoluto de la información devino en desinterés del público y descrédito del propio gobierno militar, que ya sin Velasco Alvarado a la cabeza debió abrir paso, necesariamente, al retorno de la democracia. La primera decisión de Beláunde cuando regresa al poder, en 1980, fue revertir la medida que afectó a los medios.

Los años de Velasco Alvarado, en relación con la prensa, terminaron siendo reveladores de serias contradicciones sociales y políticas en el seno de la sociedad peruana. La primera tiene que ver con el papel de los periodistas en todo este proceso. Las decisiones que emanaban desde el poder, para un sector del gremio periodístico, eran claramente violatorias de la libertad de expresión y del derecho a la información, empero para otro sector estaban en la línea correcta dada la vocación socialista del gobierno con la cual comulgaban. Eran años de mucho debate ideológico y si bien Velasco Alvarado antes de llegar al poder no tenía trayectoria política de izquierda, se rodeó de colaboradores que apuntaban en dicha dirección, con lo cual ganó una base de apoyo importante. Como otros sectores sociales de Perú, los periodistas también se dividieron ante las decisiones gubernamentales.

Finalmente, y para ello recurro a palabras que le escuchado en más de una ocasión al respetado periodista peruano Ricardo Uceda, “cuando los medios de comunicación fueron expropiados, el pueblo no los lloró”. A su juicio, esto sucedió por tres factores: los grandes medios no reflejaban la diversidad social e ignoraban informativamente a las mayorías, una parte de la población no sentía que los medios ayudaran en el ejercicio ciudadano para reivindicar derechos y, sin duda la más simbólica, para muchos peruanos todo el debate sobre la libertad de expresión era visto como un asunto que no les pertenecía, y por tanto nada perdían con las restricciones.

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Con bastante frecuencia, en los últimos meses, hemos sido asaltados por la pregunta ¿hacia dónde va Venezuela? Es interrogante bastante común en encuentros con analistas políticos, diplomáticos o académicos del extranjero. Valga insistir en la condición foránea de quien interroga, pues entre equivalentes locales la respuesta está dicha aún antes de ser formulada la pregunta. En muy contados casos, entre nosotros, existe una lectura analítica, la percepción epidérmica ha sustituido una necesaria reflexión intelectual del tiempo que vivimos, y más lejano está el contraste con otras experiencias que vayan más allá del maniqueísmo rampante.

Con harta facilidad se asegura que en Venezuela vamos camino de una dictadura, y también con muchísima ligereza se establece que se está levantando en nuestro país el modelo más participativo y democrático. Como suele suceder con los extremos, éstos no comprenden necesariamente la verdad, aún cuando puedan encontrarse señales en uno u otro sentido. Lo que si es evidente es que Venezuela está dentro de una transformación político-institucional significativa que nos lleva hacia un modelo diferente de lo que teníamos en las décadas anteriores. Tal proceso es posible no sólo por la voluntad de quienes ejercen el poder. En nuestro caso huelga recordar la cadena de errores políticos, muy costosos, en los que incurrió la dirigencia opositora, especialmente en el período 2002-2005.

Tales errores políticos, por ejemplo la no participación en las elecciones legislativas de 2005, apuntalaron aún más al chavismo en el poder, sin que ello fuese necesariamente un logro, por una gestión satisfactoria para la mayoría de la población venezolana. De aquel a este momento, sin duda, se produjeron algunas vueltas de tuerca en Venezuela, que nos han colocado ante la conformación de un modelo de “presidencialismo de partido hegemónico”. Tal categorización está bastante usada entre los estudios mexicanos de ciencia política, cuando se refieren al sistema implantado por el PRI durante largos años, y de cara a nuestras reflexiones apelamos al artículo de Francisco Valdés Ugalde, “Razones para un compromiso con la consolidación democrática”, publicado por la muy respetada revista Nexos (www.nexos.com.mx).

En el caso de México, la hegemonía partidista se institucionalizó sin el uso del mecanismo de la reelección y, al contrario, el liderazgo del PRI se oxigenó gracias al recambio en el ejercicio del poder. Esa es tal vez la única diferencia sustancial entre el México del PRI y la Venezuela actual, en las cuatro características que el autor le otorga al “presidencialismo de partido hegemónico”. Pasemos a las otras tres. La primera es la ausencia de federalismo. En Venezuela, cabe acotar, existe en cada uno de los estados un órgano legislativo, que sumados todos debemos estar ante una de las cargas más pesadas de la administración pública, a la par que son ineficientes y verdaderamente inocuos. La idea que desean expresar tales órganos es la existencia de un federalismo, que tuvo algunas tímidas señales en el pasado y que hoy han sido completamente engullidas por las decisiones del poder central.

La segunda característica va en la misma dirección de lo anterior. Para Valdés Ugalde, el presidencialismo de partido hegemónico termina atrofiando las instancias municipales, porque finalmente las decisiones –todas- terminan tomándose desde “el punto más alto (y lejano) de la cúspide política”. Tal vez tales orientaciones de un sistema político no implican necesariamente un riesgo autoritario, aunque en el fondo en México se desembocó en ello. Lo que si resulta más preocupante, y en ello coinciden los diferentes abordajes en torno al sistema democrático, es la ausencia de independencia del poder judicial. Un poder judicial maleable a la manipulación desde el poder político es, sin duda, la peor señal y a la vez la más clara de que se está en el camino hacia la constitución de una hegemonía partidista.

Valdés Ugalde enfatiza la condición de presidencialista, no presidencial, del sistema mexicano. Ello termina otorgándole un poder inmenso a quien ocupa la presidencia. En el caso venezolano tal situación se agrava: estamos ante el presidente que mayor poder ha tenido en nuestra historia democrática, además de ampliamente relegitimado, a la par que ha sido el jefe de Estado que menores contrapesos (partidistas, institucionales) ha tenido. Su propia figura ha sido el portaviones para que su partido (antes MVR, ahora PSUV) pueda triunfar, y muchos de quienes ocupan hoy altos cargos en instancias como la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, exhiben con orgullo la camiseta de la lealtad al líder como su carta de presentación.

El 28 de febrero de 2011 pasará a ser recordado como otro día terrible para los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela. En esa fecha fue condenado el dirigente sindical Rubén González a una sentencia de siete años y seis meses por el Tribunal Sexto de Juicio en función penal del estado Bolívar, a cargo de la Jueza Magda Hidalgo. Esta sentencia ratifica, grosso modo, lo que han venido denunciando diversas organizaciones defensoras de derechos humanos del país: Se está criminalizando la protesta social en Venezuela. Rubén González pasa a ser un símbolo claro no sólo de cómo se castiga a un líder social, por exigir derechos laborales, sino que evidencia la enorme perversión que impera en la administración de justicia en Venezuela. Tal como lo ha sostenido el Foro por la Vida, que reúne a diversas organizaciones que defienden los derechos humanos, González ha sido castigado sin que se cumpliera el debido proceso y totalmente en contravía con lo que dice nuestra carta magna. La posterior decisión, de una libertad condicional con un régimen de presentaciones, no viene sino a confirmar cómo opera la justicia: está estrechamente asociada a las decisiones políticas.
González al protestar, dirigiendo una huelga (un derecho laboral que está garantizado por la Constitución Nacional vigente), estaba ejerciendo la potestad de ejercer libertades civiles como el derecho a la manifestación pacífica y, en el fondo de todo, estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. No es un mero discurso academicista aquel que refrenda a la libertad de expresión como un derecho humano básico, indispensable para poder ejercer otros derechos. Este caso resulta emblemático en ese sentido. La huelga, como una forma de manifestación pública pacífica, es en sí misma una forma de expresarse para llamar la atención de las autoridades (gubernamentales y/o patronales, aunque en Venezuela una y otra cosa se confunde) y sobre todo para incidir en la opinión pública.
Rubén González, quien estuvo más de año y medio en prisión, al momento de ser detenido ejercía como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar. González al dirigir tal protesta no sólo quería hacerla del conocimiento de sus empleadores (que ya conocían tales demandas) sino que justamente propugnaba por llevar al espacio público sus demandas laborales. La acción judicial envía un mensaje claro, el que proteste en público por demandas laborales puede correr la misma suerte de Rubén González. Ya un juez, nombrado a la medida, encontrará la causa que justifique su sentencia. En el caso de González se le sentencia por, presuntamente, haber violado una zona de seguridad. Tal como ha recordado Rocío San Miguel, la creación de estas zonas y su vinculación con la doctrina de la seguridad nacional es en sí, otra bofetada a un Estado de Derecho que garantice de forma amplia los derechos humanos, incluyendo el derecho al libre tránsito o a la manifestación pacífica.
No conozco personalmente a Rubén González. Su caso lo ha mantenido como bandera en los últimos meses, y con mucha razón, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Sin embargo admiro su entereza. Al escuchar la sentencia respondió “Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”. Aunque está en libertad condicional no puede olvidarse que fue sentenciado por reivindicar el derecho a exigir derechos. Ha sido sancionado por expresarse.
Según el Foro por la Vida, los datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos reflejan un amplio descontento en el sector laboral del país. De las 3315 protestas que se produjeron en 2010 más de 30% fueron protestas laborales. Además, existen más de 2500 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica. El gobierno conoce que el estado Bolívar, y particularmente Guayana, viven una situación de alta conflictividad social producto de irregulares condiciones laborales, estancamiento e incumplimiento de las contrataciones colectivas e ineficiencia en la gerencia de las empresas.
Al mirar este panorama, compartimos lo señalado por el director de Tal Cual, Teodoro Petkoff, en el sentido de que esta sentencia no sólo es contra Rubén González. Se trata de una medida ejemplarizante para intimidar la exigencia de derechos laborales, en un año en el que se multiplicarán las protestas por demandas insatisfechas. El gran líder quiere al pueblo en la calle, pero sólo para aplaudirle. Quien salga a protestar puede correr la misma suerte que el dirigente sindical de Guayana.
Finalmente, hacemos nuestra la interpretación que le ha dado el Foro por la Vida a esta nefasta sentencia: es una clara demostración que el gobierno le teme al protagonismo popular que interpela a los poderes públicos. Le teme al surgimiento de un movimiento sindical clasista que imponga una agenda social de lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. Por esa razón, netamente políticas, es que González ha sido sentenciado.