El libro del cubano Leonardo Padura “El hombre que amaba a los perros” viene a ser una suerte de cachetada. Logra el escritor que el lector voltee la mirada hacia el terror que engendró el régimen de Stalin en la hoy desaparecida Unión Soviética. Se trata de una deuda histórica. Me cuento entre los muchos que hemos denunciado insistentemente el holocausto que provocó el nazismo en Alemania, pero que prácticamente hemos omitido la crítica hacia el régimen comunista que con mano de hierro condujo el camarada Stalin. No se trata de comparaciones, pero no puede obviarse que en cada una de estas naciones se vivió la persecución, el asesinato masivo implementado desde el poder del Estado, el confinamiento de miles de personas en campos de concentración y el exilio para otros tantos. Pero mientras hoy podemos asomarnos, con cierto grado de precisión, y por tanto poder condenar aquello que fue el horror del nazismo en el alma alemana, persiste un manto de silencio en torno al terror que logró edificar Stalin como política de Estado y de partido, incluso con ramificaciones internacionales, mientras ejerció el poder en la entonces URSS desde mediados de los años 20, del siglo pasado, hasta su muerte en 1953.
Padura logra retratar el clima político, cultural e ideológico de la nación que se autoerigió en la vanguardia socialista mundial, a partir de un par de semblanzas magistralmente enlazadas del disidente soviético León Troski y de su asesino, el comunista catalán Ramón Mercader. En una suerte de gran panorámica, “El Hombre que amaba a los perros” muestra el enorme fracaso de un sistema que se decía a favor de la humanidad, y que en realidad tuvo como base una aniquilación física, moral e intelectual de miles de soviéticos que o bien se atrevieron a disentir o bien sencillamente se negaron a cumplir los más descabellados planes que emanaban de la cabeza de Stalin. No sólo se mataba a quienes contradecían al “gran timonel”, sino que aquellos que le ayudaron a organizar el asesinato de los primeros también terminaron corriendo la misma suerte. Stalin no quería dejar huella. Troski, como puede verse en el libro de Padura, tomó distancia de Stalin, pero no de la idea de una URSS socialista. Denunció las ejecuciones masivas y el envío de inocentes a los campos siberianos. Ello le valió el exilio y luego la muerte, pero antes debió conocer del asesinato de sus hijos por diversos métodos. Stalin quería hacerlo sufrir antes de acabar con su vida, como finalmente sucedió en México. Se trataba de un régimen de terror.
Si Troski simboliza en el libro de Padura la posibilidad de un pensamiento propio, junto a las consecuencias vitales que ello le conlleva, en el otro lado de la moneda aparece Mercader como el brazo ejecutor de la decisión de Stalin de acabar con la vida de Troski. Padura no olvida, sin embargo, que el propio Troski –cuando ejerció cargos de poder en la naciente URSS, junto a Lenin- también cometió excesos de diverso tipo. Básicamente se buscaba acallar la disidencia (y acallarla incluso significaba literalmente aniquilarla) en aras de consolidar la naciente Revolución Rusa. Mercader, por otro lado, no sólo es el asesino, sino víctima de un sistema de mentiras y chantajes que sólo pasadas varias décadas podrá conocer a plenitud. Ya será demasiado tarde, su nombre habrá pasado entonces a la historia del terror del stalinismo. Ambos, a fin de cuentas, han sido tanto víctimas como verdugos. Les une, además, la pasión que cada uno siente por lo perros, y de allí el título de esta obra narrativa (difícilmente quepa en la categoría de ficción), que fue editada por Tusquets en España hace dos años.
Se termina la lectura de esta obra –magistralmente escrita- con un amargo sabor en la boca. No se trata sólo del desencanto que viven Troski y Mercader, cada uno a su manera. Se trata de la pesadumbre al constatar la capacidad humana de ejercer el terror, incluso de forma masiva, junto al silencio cómplice de otros ante aquello.

Víctor Iván es el nombre del editor del periódico Ravaya, en Sri Lanka. Él saltó a la fama diríamos que sin proponérselo y su historia está asociada a la lucha por lograr que la expresión, o mejor dicho el ejercicio de este derecho, no sea considerado un crimen que implique penas de prisión. Dado que tenía, hace poco más de una década, varios casos de difamación en su contra, el periodista compartía su labor editorial con la defensa ante la justicia. No está demás recordar que la coyuntura no era propicia para el ejercicio periodístico: en los años 90, Sri Lanka se vio atravesada por conflictos étnicos, religiosos y políticos de diversa índole, heredados de su condición de colonia primero holandesa y luego inglesa en el océano Indico, además de tener una vecindad con la India que también le ha acarreado discrepancias.

Pese al prontuario judicial que ya tenía sobre sus hombros Víctor Iván, es con sus denuncias de corrupción en el sistema ferrocarrilero que se convierte diríamos que un emblemático caso, de cómo las figuras penales de difamación e injuria pueden ser utilizadas para coartar el debate público, y no para defender el honor de respetados políticos y personajes públicos, tal como se asegura. Iván, quien había denunciado en su medio periodístico una red de corrupción en el sistema de ferrocarriles, fue demandado por difamación por el gerente de esta entidad pública. Éste personaje, según determinó posteriormente una Comisión Presidencial de Lucha Anticorrupción, tenía responsabilidades e incluso fue separado de su cargo. Empero, el juicio por difamación siguió su curso, no valieron los alegatos de defensa de la verdad (que estaba a la vista de todos), ni el interés público que había tomado el caso.

Tras varios años, y luego de que la Corte Suprema de su país rehusó invalidar las acusaciones contra el periodista, éste en 1998 acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cabe precisar que al contrario de lo que sucede en América, Europa o África, en donde existen instancias regionales de derechos humanos, las naciones asiáticas carecen de un sistema regional y deben acudir al sistema de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. El Comité de Derechos Humanos es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo suscribieron.

En sus alegatos ante el Comité, el periodista precisó que el sistema judicial y político de su país, con la persistencia de la demanda, no había defendido el honor de una persona –por demás metido hasta el cuello en un caso de corrupción-, sino que la figura penal de la difamación había derivado en un mecanismo para intimidarlo, limitar su ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y había terminado siendo una obstrucción para su periódico. El caso de Iván, al llegar a instancias internacionales, terminó impactando positivamente a la sociedad política de Sri Lanka, y así el Parlamento en 2002 revocó la validez de las leyes de difamación criminal. Sin embargo, el caso ante el Comité de Naciones Unidas siguió su curso y en 2004 se condenó al país por violar el artículo 19 del Pacto ya mencionado, y en la sentencia se critica el “efecto desalentador” que había tenido tanto en Iván como en el resto de periodistas, este proceso penal.

El caso de este periodista, como de muchos otros alrededor del mundo, ha sido puesto en la palestra pública por diversas organizaciones, incluyendo la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que ha mantenido en los últimos años una campaña que tiene cobertura mundial en pro de la erradicación de las figuras como la difamación e injuria del ámbito penal, para evitar que los que se consideran “delitos de opinión”, impliquen la cárcel. La Federación considera que la responsabilidad del comunicador debe estar en el propio terreno de la expresión, con una rectificación rápida y abierta, así como en la dimensión civil de la justicia. Igualmente llama la atención de que castigos económicos muy elevados, en este tipo de casos, pueden terminar siendo nefastos tanto para los reporteros como para los mismos medios.

En Venezuela las figuras de difamación e injuria no sólo fueron ratificadas en la reforma del Código Penal, aprobada en diciembre de 2004, sino que las penas de prisión se hicieron mayores, así como la carga pecuniaria, que puede ser hasta de 2.000 unidades tributarias en casos difamatorios. Como bien ha expresado la FIP este tipo de norma, esencialmente, busca silenciar la crítica pública a los gobiernos y a los actores políticos. Venezuela no es la excepción al respecto.