En el lapso de pocos días, pero con una velocidad desconocida hasta entonces, la Asamblea Nacional aprobó lo que puede catalogarse sin duda alguna de “paquetazo legislativo”. En la mayoría de los casos, los diputados progobierno levantaron la mano de forma automática para aprobar proyectos de leyes que habían sido preparados y enviados desde el propio poder ejecutivo. Tal situación es de por sí demostrativa de cómo se vive en Venezuela una mengua democrática. Sin embargo, no se trató sólo de un asunto de forma, en el fondo este conjunto de leyes aprobadas, incluso en horas de la madrugada, dejando en claro que se estaba actuando a espaldas de la sociedad, dejan al descubierto un nuevo escenario nacional para 2011. Con este paquetazo legislativo el gobierno de Hugo Chávez se coloca claramente al margen de lo que dicta la Constitución vigente y más grave aún, intenta desconocer la voluntad popular. El escenario, entonces, es muy diferente al que tuvimos durante 2010. Sin duda varió sustantivamente en pocos días.
Si se revisa lo que dicta la constitución nacional, la máxima ley de la república deja claramente establecido asuntos como la autonomía universitaria, el papel vigilante de la sociedad civil, la necesidad de contar con una información libre y plural, el rol de intermediación que cumplen alcaldías y gobernaciones y hasta el papel guardián que debe tener el parlamento. Igualmente la carta magna venezolana es diáfana en relación a concebir a la nación venezolana como plural políticamente, en la defensa de la propiedad privada y la promoción de los derechos políticos, sin ningún tipo de cortapisas. El gobierno y el parlamento saliente, al aprobar las leyes que se votaron en este tiempo navideño, se han puesto al margen de todos estos derechos y normas constitucionales. El gobierno de Hugo Chávez está al margen de la constitución.
No se trata de un asunto meramente legal o jurídico En realidad estamos ante un replanteamiento político, que tendrá consecuencias directas en el ejercicio de derechos ciudadanos. En su conjunto estas leyes apuntan a concentrar mayor poder en torno al gobierno, mientras que menoscaban el papel de los ciudadanos. El Estado, y en particular la presidencia, se han engordado con nuevas atribuciones, mientras que el ciudadano de a pie se ha enflaquecido en materia de derechos y libertades.
Del mismo modo, este gobierno se ha colocado al margen de la voluntad popular puesto que ha desconocido resultados electorales que han hablado con bastante claridad. En primer término, el gobierno de Hugo Chávez desconoció el voto popular que rechazó su propuesta de reforma constitucional del año 2007. Resumidamente, el gobierno introdujo una serie de aspectos, y los dispersó en diversas leyes en este diciembre, que eran el núcleo de su plan para reformar la constitución. El pueblo venezolano votó en contra de dicha propuesta y cuando el gobierno mete gato por liebre, con las nuevas leyes, sencillamente se distancia de la voluntad del pueblo.
También el gobierno se coloca al margen del voto popular que se expresó el 26 de septiembre a favor de una Asamblea Nacional que no sea monocromática. Resulta inaceptable que sea una Asamblea Nacional moribunda la que termine dictando pautas legales en asuntos tan importantes como Internet, Universidades, ONG´s y atribuciones de alcaldías y gobernaciones, entre otros aspectos. Mayor desconocimiento de la voluntad del pueblo está en que sea un parlamento saliente el que le conceda poderes especiales al presidente Chávez por un lapso tan prolongado de año y medio, y con atribuciones tan amplias que prácticamente anula el carácter legislativo de la Asamblea Nacional que asumirá este 5 de enero.
Ante este escenario, la opción no es otra que la resistencia democrática. Ese debe ser el signo del año 2011.

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El año 2010 está concluyendo de una forma totalmente inusual. La Asamblea Nacional saliente, a escasas semanas de concluir su mandato, recibe la orden presidencial y mete el acelerador a fondo para aprobar leyes que no son indispensables para la vida nacional. Así, mientras hay serios problemas –que no son nuevos en el país- en materias como inseguridad, alto costo de la vida, falta de viviendas y desempleo, ninguno de esos temas son abordados en el seno del cuerpo legislativo. Básicamente la Asamblea Nacional se dedica a legislar para controlar los contenidos de Internet, sobre las concesiones de los medios de radio y televisión, sobre el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, y sobre las universidades. Ninguna de esas leyes es prioritaria en el momento actual del país. Evidencian, en realidad, la necesidad controladora de un gobierno que cada vez más se aleja de las formas democráticas para transitar hacia el control de los ciudadanos por parte del Estado.
A esta acción desmedida de la Asamblea Nacional, que luego de estar cinco años con un resultado negativo en materia de leyes, ahora hasta pretende aprobar leyes en los días navideños, se une la concesión de poderes especiales al presidente Hugo Chávez por un lapso de año y medio. Más simbólico del tiempo que vivimos está en esta situación: el presidente solicita una Ley Habilitante, que le de poderes extraordinarios por un lapso de un año, pero la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, dice que 12 meses son poco tiempo y pasa a proponer que los poderes especiales sean por 18 meses. Esto constituye todo un claro ejemplo de cómo estamos en Venezuela.
El gobierno ha dicho que es necesario contar con poderes extraordinarios para poder enfrentar la emergencia provocada por las lluvias. El país tiene un problema serio, que debería ser prioridad por cierto, para poder garantizar a más de 100 mil damnificados una vivienda digna. Pero para ello, seamos francos, no hace falta que el presidente tenga poderes especiales. El presidente maneja con bastante libertad el presupuesto nacional, como lo demuestran sus regalos y donaciones a otros países. Es decir, llevar soluciones al grave problema de los damnificados podría perfectamente llevarse adelante sin más leyes. En realidad, el problema de los damnificados por las lluvias más que leyes requiere de acciones por parte del Estado pero que tengan capacidad de convocar a empresarios privados y a la propia sociedad.
El drama de los damnificados por las lluvias, por otra parte, evidencia el drama venezolano de estos años. El país durante más de una década ha contado con recursos económicos inimaginables (con el barril por encima de los 100 dólares), pero el desempeño en la construcción de viviendas en estos años ha sido prácticamente nulo. Le regalamos casas a Nicaragua, cuando hay un severo problema dentro de nuestro país. También es difícil de entender cómo con tanto dinero no se hicieron en estos años refugios acondicionados para enfrentar emergencias nacionales y que entonces ahora los venezolanos sin vivienda tengan que ser ubicados, por ejemplo, en escuelas.
Todos estos asuntos, por cierto, son verdaderas prioridades: construcción de viviendas, reprogramación del escolar en los estados en los cuales se suspendieron actividades, etcétera. La agenda de la Asamblea Nacional, en tanto, apunta en otra dirección. Tiene como dirección el establecimiento de un mayor control sobre la vida de los ciudadanos.

La sociedad democrática de Venezuela debe rechazar la anunciada reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llamada Ley RESORTE, porque pretende ampliar el carácter sancionatorio contra medios de radio y televisión, se quiere incluir a los servicios de Internet y redes sociales, y aumenta el papel discrecional del Estado para aplicar las sanciones. Este conjunto de elementos, constituyen una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos de este país.

La existencia en sí de una legislación, evidentemente, no es contraria a los principios del derecho a la libertad de expresión e información, pues la promulgación de un instrumento legal puede resultar un asunto beneficioso para los diferentes sectores involucrados al dejar claramente delimitados deberes y derechos. Sin embargo, en el contexto en que se produce este anuncio, la reforma de la Ley RESORTE se inscribe dentro de una lógica que busca cercenar la pluralidad informativa y de opiniones, como parte de la política por consolidar una hegemonía comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. La idea de una hegemonía comunicacional tiene como responsable a Andrés Izarra, cuyo regreso a la cabeza del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), resulta significativo en este contexto. La libertad para expresarse e informarse, según ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la piedra angular de todo sistema democrático. Por esa razón, expresamos un tajante rechazo a esta reforma.

La ley RESORTE en su momento ya fue concebida como una retaliación política contra los medios privados. Este carácter punitivo de la Ley se incrementa, con multas desproporcionadas que de aplicarse significarían el cierre de muchos medios radioeléctricos y digitales. Se trata de una ley en la cual los prestadores de servicios carecen de derechos, y todos en una sociedad democrática –incluso las empresas de medios- tienen derecho a la defensa y al debido proceso.

Otro problema que está en el propio origen de la Ley RESORTE se enfatiza con esta reforma. La aplicación de la ley está en manos de órganos dependientes del poder ejecutivo. La jurisprudencia que ha emanado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dejado en claro que la regulación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que es el meollo de esta reforma legislativa, debe estar en manos de órganos independientes, que puedan actuar con autonomía frente a las presiones políticas del gobierno. En el caso de Venezuela, durante los últimos años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha dejado constancia de su condición absolutamente dependiente de las órdenes presidenciales, como lo evidenció en agosto del año pasado el cierre masivo de emisoras de radio en Venezuela.

Con la reforma de la Ley RESORTE estamos ante la aplicación de las sanciones por parte de un ente plegado a los designios del poder ejecutivo, con multas que se han incrementado así como las causales para el cierre, y a todo esto se añaden nuevas razones para el castigo por la emisión de contenidos con una franja de mayor discrecionalidad. La reforma de la Ley RESORTE introduce como faltas aquellas emisiones en las cuales se “conlleve al irrespeto de las instituciones y zozobra” o la “inducción al magnicidio”. Este tipo de expresiones, cargadas de ambigüedad y que por tanto dejan un margen de discrecionalidad a quien aplica las sanciones, justamente han sido rechazadas por órganos como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA. Las normas que regulen a los medios deben evitar la imprecisión y recortar el margen de interpretación de los funcionarios, para justamente garantizar un vigoroso flujo de opiniones e informaciones, que son la base de toda sociedad democrática, más allá de las interpretaciones particulares que pueda hacer un funcionario en un momento determinado.

Tal como hace cinco años, cuando también fue aprobada sin consenso la Ley RESORTE, en esta oportunidad el gobierno y los parlamentarios oficialistas esgrimen como falso argumento la protección de la infancia y adolescencia. Sobre esta materia, sin embargo, existe jurisprudencia en Venezuela pues la vigente Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA), entre sus artículos 67 y 79, establece una serie de parámetros. La falta de aplicación de la LOPNNA para proteger efectivamente a la infancia y adolescencia de Venezuela nos debe prevenir de las verdaderas intenciones del gobierno. Cabe preguntarse por qué si el ejecutivo está tan interesado en salvaguardar a la población infantil y juvenil no aplica la LOPNNA.

La contradicción entre ese discurso que dice defender a los niños, niñas y adolescentes y la verdadera intención de la reforma de la Ley RESORTE, se evidencia en el artículo 29, pues las sanciones más severas que son el cierre de 72 horas (incluso cierre definitivo por reincidencia) o multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos brutos del medio se aplican para este tipo de mensajes (según el numeral original del proyecto): f) Aquellos que pudieran ser contrarios a la seguridad de la Nación; g) Sean anónimos; h) Aquellos que pudieran constituir propaganda de Guerra; i) Aquellos que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público; j) Aquellos que estén destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos; k) Aquellos que pudieran inducir al magnicidio.

De esa forma, las causales para el cierre de un medio pueden tener una interpretación política debido a su ambigüedad, por parte de un ente que no ha demostrado autonomía como lo es CONATEL.

Por todas estas razones, la sociedad democrática de Venezuela debe expresar su rechazo a este proyecto de reformar la Ley RESORTE.

Figura habitual en la pantalla de los canales estatales, el 23 de noviembre Eva Golinger tuvo su debut en una cadena nacional de radio y televisión. En otro hecho bastante inusual, ese mismo día el presidente Hugo Chávez le cedió un espacio que considera suyo (el de las cadenas) a otros oradores. Pero no nos llamemos a engaños, pues aunque no hable directamente el jefe de Estado es una suerte de ser omnipresente en la vida bolivariana actual, al menos así lo reflejó la abogada, quien –por cierto- pese a vivir más de una década en el país se cuida de hablar como gringa, para validar su discurso.
Golinger inició su intervención con estas palabras: “A nuestro amado, imprescindible, incansable y único Comandante Presidente Hugo Chávez”. Cuando tomó el micrófono, el jefe de Estado no se excusó ni llamó la atención de Golinger por tan evidente demostración del culto a su personalidad. Desde mi punto de vista este tipo de frases, que tienen un tiempo haciéndose habituales en las alocuciones de las focas oficialistas, evidencian el verdadero sentido de este régimen. Se trata de la construcción del “personalismo del siglo XXI”, que finalmente usa la coartada social e incluso socialista para su proceso de validación y legitimación dentro y fuera del país.
Partiendo de lo anterior, no nos llamemos a engaños. La reciente decisión del propio mandatario en el sentido de prohibir el uso de su imagen en vallas y obras públicas, entre otros espacios simbólicos, no tiene por fin -como han querido presentar algunos- una suerte de reacomodo reflexivo que busca evitar el culto a la personalidad.
En realidad, desde nuestro punto de vista, tal decisión admite al menos dos hechos contundentes Por un lado, el más evidente, es que ha comenzado la campaña presidencial para 2012 y que Hugo Chávez –no nos llamemos a engaños- es aún un excelente candidato, que tiene bajo su mando a las diferentes entidades públicas, y que de lejos es la figura omnipresente de la vida política nacional, lo cual le da un peso simbólico a su figura que sin duda debe administrar. Chávez no sólo gobierna (o malgobierna, como quiera vérsele), en realidad su gran poder reside en que marca la pauta de la discusión pública en el país. Simbólicamente la oposición no sólo es un variopinto conjunto de partidos y voceros, sino que es un aparato reactivo. Básicamente la oposición venezolana va detrás de lo que dice o hace el presidente para reaccionar. Éste, sin embargo, es harina de otro costal, como suele decir el amigo Ignacio Ávalos.
El otro hecho que admite sin ambages esta decisión oficial es el profundo y extendido fracaso en la gestión pública de los últimos años. La operación de quitar la imagen del presidente Chávez de los anuncios de obras, por ejemplo, busca proteger al candidato del 2012 del mal gobernante que tenemos. La imagen del presidente asociada a obras inconclusas o sencillamente abandonadas es una muy mala propaganda electoral, especialmente cuando el asunto de la gestión gubernamental está pasando a ser el asunto central de la discusión nacional, a pesar del propio Chávez. También quiere el presidente deslindarse del fracaso que pueda envolver a gobernadores y alcaldes. Soy un viajero frecuente de las carreteras nacionales, y ellas son repetida muestra de cómo el rostro presidencial es moneda corriente, incluso recurriendo al fotomontaje, para que gobernantes regionales y municipales no sólo muestren sus anuncios u obras, sino para que sencillamente se les conozca en público. Estamos llegando al final del efecto portaaviones, o a otra etapa en la cual quien tiene el poder simbólico administrará mejor su imagen.

Tal como viene ocurriendo desde el cierre de RCTV en 2007, el presidente y las instituciones a su servicio colocan al canal Globovisión en la mira. Hemos sostenido en este mismo espacio que el gobierno de Hugo Chávez no ejecutará el cierre del canal de noticias, como ocurrió con la planta de Quinta Crespo.

Estamos ante un nuevo modelo para cercar la crítica que se caracteriza por una guerra de baja intensidad, una suerte de desgaste en donde hasta ahora el poder ejecutivo ha logrado algunos triunfos. Alberto Federico Ravell ya no está en la dirección, los principales accionistas salieron del país, mientras que usa el chantaje (con presiones a los anunciantes) para limitar los ingresos publicitarios de este medio.

Mentes maquiavélicas están en escena, y con ellas Globovisión seguirá al aire pero pagando un alto costo por ello.