Los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Venezuela este 26 de septiembre abren un nuevo camino político para nuestra sociedad. La primera ganancia está en que contaremos con una Asamblea Nacional plural, multicolor, un modelo más conectado con la democracia que el cuerpo legislativo “rojo, rojito” con el que hemos contado en los últimos cinco años. No puede obviarse, como hemos comentado en este mismo espacio, que la oposición cometió un tremendo error político en 2005 cuando decidió autoexcluirse de las elecciones legislativas celebradas aquel año. Creo que la dirigencia aprendió de aquel error, y gracias a ello -y obviamente al respaldo popular- tendremos nuevamente una significativa representación opositora en el parlamento venezolano. La pluralidad de puntos de vista es saludable para la democracia.

Como era de esperarse, el presidente Chávez no ha querido admitir la derrota que está reflejada gracias a sus propias palabras. El jefe de Estado había dicho que demolerían a los candidatos opositores y puso como meta un mínimo de 110 diputados. El resultado estuvo lejos de una demolición oficialista, mientras que la cifra de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que llega a ser de 98, obligará a los diputados identificados con Chávez a legislar los asuntos neurálgicos en compañía de otras agrupaciones políticas. No habrá más aplanadoras del partido oficial al menos en asuntos como las leyes de carácter orgánico, la adjudicación de poderes especiales al presidente, así como en la designación de los representantes de otros poderes públicos (Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, entre otros). Tendremos una Asamblea Nacional que gracias a su condición diversa podrá recuperar su papel de poder fiscalizador del poder ejecutivo, como sucede en todas las democracias.
La jornada del 26 de septiembre, por otro lado, ha ratificado la polarización que existe en el país, aunque con algunos cambios que merece la pena comentar. En primer lugar, se reafirmó –por el número de votos- que el eje opositor es fuerte en estados como Nueva Esparta, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Zulia y Táchira. La sorpresa ha sido sumar a ese eje opositor al estado Anzoátegui y en menor medida a Sucre. La influencia de Chávez sigue siendo claramente la primera fuerza en los estados menos poblados del país y en los que no hay grandes ciudades. Las siete ciudades más grandes del país son principalmente opositoras, si nos guiamos por el número de votos. Esto es conveniente reiterarlo porque con estos comicios ha quedado al desnudo el desequilibrio del sistema electoral venezolano. Un mayor número de votos, no ha significado en todos los casos un mayor número de diputados.

La votación del Parlamento Latinoamericano, la única que resultó con carácter nacional, evidencia un país partido en dos partes bastante iguales. El chavismo ha dejado de ser la mayoría aplastante del pasado, tiene un enorme chance de ser una fuerza política significativa en Venezuela, pero parece que debe prepararse para dejar de ser la aplanadora de otros tiempos. La oposición, por su parte, ha logrado tener una presencia importante gracias a su unidad, y eso debe ser una suerte de enseñanza para el futuro próximo, especialmente cuando se tiene en horizonte los comicios presidenciales de 2012. El único chance ganador que tendrán las fuerzas democráticas es actuar con un candidato único de cara a la elección de un nuevo presidente.

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Una acción recurrente en Venezuela, que termina siendo restrictiva de la libertad de expresión, es el discurso amenazante que altas figuras de los poderes públicos, y en particular el presidente Hugo Chávez, lanzan contra los medios de comunicación en el contexto de las campañas electorales. La campaña para las elecciones parlamentarias de 2010 no ha sido la excepción. En esta oportunidad, tanto el presidente Chávez como sus colaboradores más cercanos denuncian una presunta campaña mediática. Como “canalla mediática” la ha bautizado el inefable Andrés Izarra.
Tal tipo de acción busca generar un cambio en las líneas editoriales de los medios, y al ser anuncios que nos se enmarcan dentro de ningún proceso administrativo regular, pueden ser interpretados como amenazas ilegítimas que buscan coartar el derecho a la libre expresión e información.
Hagamos un poco de historia. En medio de la campaña de 2006, en la que el jefe de Estado buscaba su reelección, el presidente Chávez advirtió a las empresas televisivas, sin especificar nombres, que su gobierno no les renovaría las concesiones de transmisión por promover su derrocamiento del gobierno, en abril de 2002. La advertencia fue hecha el 15 de octubre de 2006 en medio de un acto público en la ciudad de Los Teques, como parte de la campaña electoral. Casi un mes después el jefe de Estado venezolano ratificaba su amenaza y la vinculaba directamente al contexto electoral. Según el presidente Chávez su gobierno estaba en disposición de cerrar los canales de televisión “que se presten para difundir mensajes de odio y promuevan el desconocimiento de las autoridades durante las elecciones de diciembre”. Tales tipos de amenazas han sido constantes en los diferentes procesos electorales de Venezuela, en los últimos años, y buscan amedrentar a medios y periodistas en medio de un contexto electoral, en el cual justamente la información tiene un papel clave para la ciudadanía.
La reelección que logró el presidente Chávez, con amplio margen de votos en diciembre de 2006, le llevó a escasas semanas de las elecciones a convertir la amenaza en realidad. El 28 de diciembre anunció el cese del permiso para RCTV, y la sanción por la línea editorial de este canal se cumplió exactamente seis meses después.
Entre las acciones intimidatorias por parte de los altos representantes de los poderes públicos también se incluyen llamados concretos dirigidos contra medios de comunicación específicos. Así, a sólo dos semanas de la realización de referendo sobre la reforma constitucional, en noviembre de 2007, la diputada Iris Varela llamó públicamente a los seguidores de Chávez “a tomar el canal de televisión Globovisión”. Un llamado de esa naturaleza, sin ningún asidero legal, no tiene otro fin que restringir el libre flujo de opiniones e informaciones en medio de la campaña electoral.
Dentro de este mecanismo de intimidación, que busca impactar negativamente la cobertura periodística de las elecciones en Venezuela, el presidente Chávez en diversas oportunidades ha dejado en evidencia que no existe derecho a la defensa ante una medida que pueda ordenar él contra un medio de comunicación.
De esa forma, en noviembre de 2008, cuando tenía lugar la campaña electoral para escoger a gobernadores y alcaldes, el presidente Chávez no sólo pasó a formar parte importante de la campaña –pese a que su cargo no estaba en juego-, sino que utilizó este escenario para intimidar a las empresas de comunicación. En concreto amenazó a los medios con quitarles la concesión si adelantaban resultados electorales antes que fuesen emitidos por el Consejo Nacional Electoral. “Si un medio adelanta resultados será cerrado”, dijo el mandatario quien aclaró que en tal caso no mediaría “un proceso administrativo, sino que saldrá del aire de inmediato y se le retirará la concesión”. Lo dicho por el presidente Chávez, en medio de un acto proselitista en el estado Anzoátegui, viola completamente lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, pues ambos instrumentos contemplan la existencia de procedimientos administrativos, en los cuales los afectados pueden ejercer su derecho a la defensa.
Un discurso como éste, hecho por quien ejerce la más alta magistratura del país, busca sin duda intimidar a medios y periodistas. Una acción discursiva que se hace reiterada en el contexto electoral de Venezuela, a lo largo del tiempo, busca impactar el resultado electoral, a través de estas amenazas al sector periodístico.

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Durante las dos primeras semanas de campaña para la Asamblea Nacional la persona más mediática ha sido una que no es candidato. Se trata del presidente Hugo Chávez. De acuerdo con un monitoreo de la organización Súmate, sólo durante los primeros 15 días de campaña ha salido 24 veces en televisión, con un promedio de 4 horas por día. De acuerdo con el monitoreo, el Presidente realizó 4 cadenas, de 2 horas en promedio cada una; participó en 13 transmisiones y programas especiales de 3 horas cada uno y en 8 caravanas de 2 horas cada una en varios estados del país, con los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional. En total, Chávez ha aparecido 63 horas en televisión en lo que va de campaña.
El 2 de febrero de 2010, cuando justamente se cumplían 11 años de su arribo al poder, el presidente Chávez emitió su cadena nacional de radio y televisión número 2.000. En promedio, durante su largo gobierno, el jefe de Estado venezolano ha hablado haciendo uso de este mecanismo un día sí y otro no. Debe recordarse que una cadena impide cualquier otro mensaje por la red nacional –pública y privada- de radio y televisión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre febrero de 1999 y julio de 2009 los medios de comunicación venezolanos transmitieron “un total de 1.923 cadenas presidenciales, equivalentes a 1252 horas y 41 minutos, o lo que es igual, a 52 días no interrumpidos de emisión de mensajes del mandatario”. Se trata de un largo monólogo , que por su propia naturaleza impide un diálogo o debate político, y ello tiene repercusión notable en momentos electorales, en los cuales debe propiciarse un clima general de libre deliberación en una sociedad democrática.
Las cadenas tienen un claro impacto en el contexto electoral de Venezuela por varias razones. El presidente Chávez hace un uso propagandístico de un espacio, que dada su naturaleza estatal y pública, debería estar ajeno a la pugna política; hace un uso excesivo de dicho mecanismo, lo cual genera una distorsión en el volumen de mensajes oficiales y opositores en el marco de una campaña; y por último, cuando el presidente Chávez habla en cadena anula cualquier otro mensaje, es decir coarta la posibilidad de que los venezolanos escojan libremente que puntos de vista, informaciones u opiniones seguir.
Tal como lo ha sostenido la CIDH en el país se registran “una gran cantidad de cadenas nacionales oficiales en los medios de comunicación”, las mismas “obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación habitual para transmitir información impuesta por el gobierno”, y “muchas de ellas tuvieron una duración y frecuencia que podrían considerarse abusivas a la luz de la información allí vertida que no siempre podría estar sirviendo al interés público” .
Las cadenas, con frecuencia, se utilizan para que el presidente participe del debate político-electoral, pese a la naturaleza pública del instrumento. Como ha sostenido la organización Reporteros Sin Fronteras, el Presidente Chávez especialmente en el contexto electoral “monopoliza la palabra pública mediante las cadenas, cuyo interés y utilidad no están demostrados”. Un juicio emitido por esta organización, que es bastante aceptado en el mundo democrático, es que justamente una campaña electoral “es un momento privilegiado para el pluralismo de opiniones”, lo cual debería lograrse de acuerdo con “el principio de un reparto justo del tiempo de la palabra, que el Estado tiene obligación de garantizar”.

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En estos días voceros del gobierno catalogan a la crítica pública, necesaria en toda democracia, de “canalla mediática”. Si se revisa un poco de historia, en realidad, los regímenes que persiguen o castigan la crítica son a los que puede llamársele de tal forma. Hace algún tiempo, en estas mismas páginas, citábamos el caso de la persecución del macartismo en los Estados Unidos de los años 50. La película de George Clooney, Good luck and Good night, es un vivo retrato de cómo se atacaba la libertad de expresión con el pretexto de perseguir la amenaza del comunismo. Tal estrategia fue posible no sólo porque desde el poder político se desatara aquella cacería de brujas, sino que logró dividendos gracias a los cómplices que operaban desde dentro del propio mundo artístico, periodístico e intelectual. Y esto no es un aspecto menor, como puede verse en un Tiempo de Canallas, como le bautizó Lillian Hellman, en su libro, a aquella época realmente detestable.
El libro de Lillian Hellman, resulta de necesaria lectura en estos tiempos, y en especial es recomendable el prólogo que le antecede, escrito por Garry Wills, el cual es imprescindible contexto para entender el testimonio que luego brinda la dramaturga estadounidense. Si Wills da una mirada panorámica sobre las implicaciones político-institucionales de la cacería de brujas, que desató en su obsesión anticomunista el senador McCarthy; Hellman, por su parte, brinda el crudo testimonio de una de las víctimas de aquella persecución contra intelectuales, periodistas y gente de la farándula de Hollywood. La escritora fue llamada a declarar, y aunque se enfrentó valientemente a los legisladores, igual terminó estigmatizada en aquellas sesiones que tuvieron lugar en el Congreso de Estados Unidos en 1952, cuando el macartismo vivía su apogeo.
El punto de partida de la persecución fue una lista de señalados por tener lazos políticos o culturales con la entonces Unión Soviética. En el caso de Hellman, ella había estado de visita en varias ciudades invitada por el gobierno comunista, en un momento en que Washington mantenía una alianza con éste, en el marco de la II Guerra Mundial. Vino la paz y los órganos de seguridad estadounidenses marcaron la pauta de la amenaza latente que significaban los comunistas, y en especial la idea de un enemigo interno: los propios ciudadanos de ese país. La dramaturga había estado de visita en suelo comunista, y aunque luego escribió artículos críticos sobre ese sistema y mantuvo una clara independencia de criterios, terminó siendo llevada ante el Comité que encabezaba McCarthy.
Su citación se basó en el testimonio de un hombre que ella ni siquiera conocía, pero que la acusó de asistir y compartir en reuniones de una célula comunista. La suerte estaba echada en esos casos, la cacería de enemigos internos tomaba cualquier pretexto para llevar al banquillo de los acusados a directores de películas, actrices o actores, dramaturgos o novelistas. El miedo se reproducía a niveles abominables como para que floreciera el falso testimonio. Cada quien intentaba salvar su pellejo.
La dramaturga, sin erigirse en heroína, se pasea en las páginas del libro sobre los dilemas que acompañaban a quien era señalado entonces: colaboraba para zafarse y terminaba hundiendo a otros, no hablaba y aparecía como culpable ante la opinión pública, o se negaba a asistir a las sesiones y lo esperaba la prisión. En aquel tiempo, además, la citación representaba una suerte de cuarentena, pues la mayoría de gente conocida –fue el caso de Hellman- terminaba dándole la espalda al señalado, y finalmente estigmatizado.
La estigmatización del otro, junto a la existencia del enemigo interno, estrategias muy usuales en la Venezuela gobernada por Hugo Chávez, son la verdadera canalla.

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Los hechos políticos y sociales en Venezuela ocurren con tal velocidad, que a veces es difícil seguirles. Pero al mismo tiempo, en nuestro país persisten situaciones sobre las cuales conviene volver. Un caso emblemático del último año fue la porfiada huelga de hambre del productor agropecuario Franklin Brito. Hay varias cosas sobre este caso: en primer lugar continuó con su protesta silenciosa hasta las últimas consecuencias, hasta morir; en segundo término estuvo literalmente detenido contra su voluntad en una institución de salud estatal; y en tercer término, le acompañó un silencio cómplice por parte de diversas autoridades que debieron velar por sus derechos, tal como la Defensoría del Pueblo.
El conjunto de la sociedad que dice defender derechos democráticos, se olvidó de la protesta de este hombre, que básicamente le exigía al Estado que rectificara y que él, como pequeño productor agropecuario, pudiese volver a las tierras de su fundo Iguaraya, que resultaron invadidas el 28 de mayo de 2003. El año pasado Brito se cansó de las citaciones a tribunales y de acuerdos con entidades como el Instituto Nacional de Tierras, pues no tenían efecto real en el derecho que le asistía de recuperar sus tierras. El último año en la vida de Brito se dividió en dos partes, la primera con una huelga de hambre a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA); la segunda, con huelgas intermitentes dentro de las instalaciones del Hospital Militar de Caracas al cual fue llevado en contra de su voluntad. Brito, con su singular protesta, básicamente reclamó atención, tanto del Estado para la rectificación que nunca llegó, como de la sociedad para que solidarizara con su lucha. A fin de cuentas, Brito hizo uso del recurso extremo de no ingerir alimentos para expresar su punto de vista. Su fallecimiento lo ratificó como un hombre de palabra. Murió en silencio.
Con la protesta de Brito estamos en presencia de una clara demostración de cómo el ciudadano de a pie en Venezuela tiene negado el espacio para exigir rectificaciones del Estado, cuando éste hace el uso arbitrario del poder. Según el testimonio suyo, se cansó de asistir a tribunales que básicamente se mueven por razones bolivarianas, es decir se mueven cuando hay bolívares de por medio. Brito se enfrentó a la ausencia de canales efectivos para que la voz del ciudadano pueda hacerse oír.
Tampoco el rol de la Defensoría del Pueblo sale bien parado. Ha debido ser precisamente la defensoría la que debió actuar para defenderle ante los abusos del Estado y la falta de respuestas para rectificar una vez que se tomaron las decisiones erróneas en torno a sus tierras. Al contrario, la defensoría no ha defendido al pueblo, que en este caso era una persona concreta, Franklin Brito, sino que actuó en contra de éste, optando por favorecer al Estado. La reclusión de Brito en unas instalaciones hospitalarias en contra de su voluntad fue también una forma de acallar su protesta, y de intentar que ésta tuviese menos impacto público. Es decir, fue otra manera de cercenar el derecho a la expresión. Esta perdida de libertad fue refrendada por entidades que debieron defenderle, pero que le endilgaron una supuesta insania mental; a fin de cuentas se trató de desacreditarlo a los ojos del público. Su muerte, por el contrario, lo reivindica.
Con Franklin Brito, en el fondo, no estuvo en juego sólo un asunto de tierras, sino el derecho a expresarse de un ciudadano. La sociedad democrática no debería olvidarlo.

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