La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar ha puesto a circular en estos días una foto reveladora. En la imagen puede verse como al menos tres señales de televisión, sin que hubiese formalmente una cadena nacional, estaban literalmente encadenadas para transmitir el inicio de la campaña del PSUV. Ese es el papel de la hegemonía comunicacional en tiempos de elecciones.
Un cambio significativo en materia de medios, con implicaciones directas en materia de libertad de expresión e información, ha estado en la conformación de un aparato mediático estatal en Venezuela. En la medida en que este conjunto de medios están distantes de cumplir una función pública, su programación en el contexto electoral termina teniendo un impacto notable.
La conformación de dicho aparato comenzó a hacerse clara a partir del año 2004. A escasos días del referendo revocatorio que tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, el entonces ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció la aplicación de una “política agresiva” destinada a reforzar todos los sistemas de producción y recopilación de noticias en canales y emisoras de radio con carácter gubernamental.
Un año después, en 2005, puede verse con claridad la consolidación del aparato mediático gubernamental. El investigador Marcelino Bisbal ha señalado que el modelo no es otro que “el Estado comunicador”. En enero de 2005 se anunció la creación del canal internacional Telesur, por parte del ministro Izarra, quien de forma simultánea pasó a ser su presidente. Ese mismo mes, al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, anunció la creación de un canal del parlamento. Finalmente, en diciembre de 2005 el Alcalde Mayor de Caracas, Juan Barreto, entonces una figura muy cercana al presidente Chávez, anunciaba la creación de un canal de televisión para esa dependencia, que finalmente recibió el nombre de Ávila TV. Durante ese año se creó el canal Vive TV, también adscrito al Estado.
La compra gubernamental del canal privado CMT, para destinarlo a la señal local de Telesur, en 2006, y la creación de TVES en 2007, que pasó a utilizar la señal que había utilizado RCTV durante más de medio siglo, son elementos claves en este aparato gubernamental de medios, pues en ambos casos la aparición de nuevas pantallas oficiales significó la desaparición de señales privadas independientes, el caso de CMT, o bien con línea editorial crítica, el caso de RCTV. La reducción de espacios mediáticos e independientes, una acción recurrente a lo largo de los años del gobierno del presidente Chávez, tiene obvio impacto en el contexto electoral, pues reduce los espacios para que las voces disidentes u opositoras puedan exponerle a la sociedad sus puntos de vista. El proyecto oficial de una hegemonía mediática ha creado un cerco paulatino a la crítica pública por parte de periodistas, dirigentes políticos y activistas de la sociedad civil.
De acuerdo con diversos monitoreos de medios, estos canales gubernamentales han tenido un evidente sesgo político, que incluso podría catalogarse de discriminación política, siendo que pese a ser bienes del Estado, y por tanto públicos, invisibilizan a una parte de la sociedad venezolana por no comulgar ésta con el proyecto político que encabeza Hugo Chávez. Un estudio realizado por el investigador Bernardino Herrera del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV) comprobó que más del 70 por ciento de un día de programación regular de VTV, la principal señal estatal, estaba formada por información-opinión sesgada, propaganda partidista-gubernamental y la repetición de las alocuciones presidenciales. Entretanto, al estudiar la programación de TVES, el canal oficial que sustituyó a RCTV con la promesa de que se establecería una televisora de servicio público, el director del ININCO-UCV Gustavo Hernández demostró que esta señal pasó a ser utilizada por el gobierno “con la finalidad de propagar su doctrina política a través de los informativos, promociones y propaganda de instituciones públicas. Estas propagandas, que se repiten incesantemente durante toda la programación, persiguen fomentar el adoctrinamiento político de la población, además de exacerbar el culto a la personalidad de Chávez”.
Este culto a la personalidad de Hugo Chávez como líder de la “Revolución Bolivariana” cuenta a partir del período 2005-2007 con un abultado número de medios, especialmente radioeléctricos que de forma sistemática en tiempos de elecciones promueven la figura del presidente de forma incesante, hacen propaganda electoral de forma abierta a partir de la obra de gobierno, e invisibilizan o caricaturizan a los actores de oposición. Junto al conjunto de canales de televisión y radio que directamente administra el gobierno, se cuentan innumerables medios comunitarios que se han adherido a esta línea editorial. La tesis de Andrés Izarra, en el sentido de constituir una hegemonía mediática oficial, parece haberse hecho realidad en Venezuela y cumple tareas políticas específicas en los contextos electorales.

En el contexto venezolano actual, a escasas semanas de las elecciones parlamentarias, el gobierno haciendo uso de la influencia enorme sobre los otros poderes públicos dictó una sentencia y luego una revocación parcial de la misma, que en el fondo tiene por finalidad silenciar o aminorar el impacto que tiene la cobertura de los temas de inseguridad en nuestra sociedad. La rapidez de la decisión del tribunal, y la “cayapa” institucional que se puso en evidencia después de que El Nacional publicase la dura fotografía de la morgue el 13 de agosto pasado, evidencian lo que ya hemos sostenido en otro momento, se trata de castigar al mensajero, cuando el mensaje es molesto para los intereses oficiales. A este gobierno no parecen preocuparle los mismos problemas que a la mayoría de los venezolanos, y en concreto la inseguridad es la principal preocupación en todos los sectores sociales. Durante más de una década las autoridades han presenciado, al igual que todos nosotros, cómo se desangra –literalmente- nuestra sociedad en recurrentes hechos de violencia, y ante tales hechos no ha habido una contundente acción institucional. El problema para el gobierno es que se hable de la inseguridad, que los ciudadanos compartan su angustia cotidiana y que al ser tematizado el asunto pueda convertirse en un asunto con implicaciones políticas.
La fotografía puso de forma contundente el dedo en la llaga, y aquí se ha demostrado que una imagen vale más que mil palabras. La imagen de los cadáveres en la morgue de Bello Monte, en Caracas, literalmente a la buena de Dios, no debe ser la excepción y al contrario, si nos guiamos por las estadísticas de los muertos cada fin de semana, y la escasez presupuestaria que padece la morgue, tal vez haya imágenes peores. Cómo actúa el gobierno ante tal realidad, pues básicamente con la lógica de tapar el problema. La reacción inmediata de las autoridades fue reforzar la presencia de funcionarios policiales en las inmediaciones de la morgue, para vigilar a los periodistas de la fuente de sucesos, para impedir el paso de fotógrafos o camarógrafos, para evitar que los trabajadores de la morgue le dieran información a los comunicadores. Todas estas acciones, en respuesta a la foto del 13 de agosto, se inscriben en la lógica con la cual el gobierno ha actuado ante el problema de la inseguridad: tratando de tapar la información, y al mismo tiempo sin actuar de forma sistemática ante el problema de fondo.
De esa forma, el gobierno ha sido consecuente en su lógica. Durante los últimos años lo que se ha registrado en el país son restricciones para cubrir la fuente policial, llegando al extremo de desmantelar las salas de prensa, los boletines con estadísticas se retrasan o sencillamente se omite información, los funcionarios policiales y forenses tienen prohibiciones explícitas para declarar a los medios, e incluso como debe recordarse hasta el inefable Ramón Rodríguez Chacín, cuando ejerció como ministro del Interior y Justicia, intentó manipular al usar una interpretación muy particular sobre los hechos de violencia, todo con el fin de reducir el número de asesinatos. Ahora los funcionarios de la morgue ofrecen a los familiares agilizar los trámites a cambio de que éstos no tengan contacto con los medios.
Al gobierno de Hugo Chávez no le interesan las vidas humanas que constantemente se pierden en Venezuela, le preocupa que se de una cifra muy alta en los medios y eso se convierta en un problema político. Tal como lo señaló Teodoro Petkoff, en su editorial del lunes 16 de agosto en las páginas de Tal Cual, obviamente la inseguridad es un problema político en la Venezuela actual. Tan político es que se apela a la censura justamente durante un período que coincide con una campaña electoral.

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El fin de semana se efectuaron marchas de periodistas en Ciudad de México y otras tantas ciudades aztecas. La bandera fue muy clara, exigían mayores medidas de seguridad por parte del Estado y el castigo de los crímenes cometidos contra los trabajadores de la prensa. La contabilidad fúnebre de la profesión de informar arrojaba que once periodistas habían sido asesinados en México desde que comenzó el año 2010, convirtiendo tempranamente a este año en el más mortífero desde que comenzó el siglo XXI.
Desde el año 2000, México –y especialmente las ciudades medianas y pequeñas- ha visto desaparecer a 67 periodistas. Una cifra nada envidiable que coloca a éste país como el más peligroso del continente para ejercer la comunicación social, sólo comparable con naciones que viven un conflicto armado, tal es el caso de Irak o Afganistán.
Algunos de los últimos hechos ayuden, tal vez, a imaginar el clima de impunidad en el que operan los narcos, una suerte de poder fáctico en algunos estados norteños. Tal como lo recoge Reporteros Sin Fronteras, el 10 de julio, de forma casi simultánea, resultaron asesinados los periodistas Marco Aurelio Martínez Tijerina, de 45 años de edad, y Guillermo Alcaraz Trejo, de 24 años, quienes residían en los estados de Nuevo León y Chihuahua, en el norte de México.
Martínez Tijerina, periodista de la sección local de la radiodifusora XEDD Radio La Tremenda, fue encontrado muerto la tarde del sábado en Montemorelos, en el estado de Nuevo León. La noche del viernes 9 de julio un grupo de hombres armados a bordo de tres camionetas “levantó” al periodista en plena calle. Horas después de que su familia denunciara su secuestro, una llamada anónima informó a las autoridades que habían encontrado el cuerpo del periodista, asesinado de un balazo en la cabeza. Según los primeros avances de la investigación, el periodista también fue torturado.
Guillermo Alcaraz Trejo, ex camarógrafo de diversos medios de comunicación locales, dirigía el área de video del sitio web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Cuando el periodista salía de las oficinas de un periódico, a donde había ido a saludar a sus antiguos colegas, hombres enmascarados dispararon contra él. Los expertos encontraron más de 40 impactos de bala de fusil AK-47.
Una misión internacional de Reporteros Sin Fronteras que estuvo en México el año pasado, y sostuvo numerosas entrevistas, incluso al más alto nivel oficial, constató que la situación del asesinato de periodistas sobrepasa la capacidad de respuesta institucional del país. Se combinan, de forma lamentable, elementos como la pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones y funcionarios a nivel local y nacional. Todo lo cual contribuye a que el ejercicio del periodismo sea una suerte de calvario, una apuesta personal con alto riesgo de ser asesinado, torturado o secuestrado.
El drama se amplía notablemente por la infiltración del crimen organizado en algunos engranajes del poder político, militar o policial. La respuesta oficial de abrir una ofensiva militar contra los narcos, de facto, ha generado una situación bélica generalizada en algunos estados mexicanos. Puede seguirnos en Twitter: @infocracia.

Hace poco el gobierno decidió colocar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) bajo la tutela de la Vicepresidencia de la República. Se trata de una decisión que no debe perderse de vista porque puede tener un impacto negativo en la labor de los medios audiovisuales en el país. Lo primero que salta a la vista, rápidamente, es que, sin duda, el ente ahora tendrá un rol claramente político. Durante largos años, a la hora de tomar decisiones restrictivas para la libertad de expresión, como la sanción de medios, CONATEL se escudó en su carácter de organismo técnico. Aquello no siempre fue cierto, o tal vez lo fue solamente en su primera etapa al inicio del siglo XXI. A partir de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en el período 2003-2004, esta comisión pasó a tener un rol claramente punitivo, pues no debe olvidarse que este instrumento legal fue concebido como un mecanismo para castigar y amedrentar a los medios críticos, y esta aseveración no es aventurada.
Para que no queden dudas del carácter punitivo de la decisión, el vicepresidente Elías Jaua anunció que CONATEL entrará en un proceso de aplicación “severa” de la Ley de Telecomunicaciones y la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Según el vicepresidente, no se permitirá “la desestabilización del gobierno” haciendo uso de los medios de comunicación. Frases de ese tipo esconden en realidad la intención oficial de cercar y restringir los diversos espacios para la crítica pública. En materia de medios ha sido notable la reducción, en radio y televisión, de espacios dedicados al debate político, con perspectiva crítica. Se ha consolidado la hegemonía mediática oficial que delineó Andrés Izarra.
Es claro el poder que ha devenido en manos de CONATEL, debido al carácter prioritario que tiene el control sobre los medios. Cuando en mayo del año pasado, el presidente Chávez colocaba a CONATEL bajo la tutela de Cabello, le dijo crípticamente, “Diosdado, ya sabes lo que hay que hacer”. Y Cabello supo que hacer, cuando se hace un rápido balance de su gestión debe recordarse que es el responsable del mayor blackout simultáneo de medios del que se tenga memoria en América Latina. El cierre de las 34 estaciones al comenzar agosto de 2009 tuvo un impacto de autocensura en el sector, pues se anunciaba sanciones para otras 200. También es responsabilidad de Cabello el cese definitivo de la señal de RCTV, que se había transformado en RCTV Internacional para el sistema de televisión por suscripción. En enero de este año dejó de verse en el país.
Mirando hacia adelante, sin embargo, el panorama no luce prometedor. La decisión de designar a Pedro Maldonado al frente de CONATEL ha estado acompañada de una clara declaración: el ente aplicará “los principios de la nueva Ética Socialista”. Maldonado, por otra parte, carece de formación en materia de medios y telecomunicaciones. En el lapso 2007-2008 estuvo como director general de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Según se ha recordado en estos días, en tal posición Maldonado jugó un papel importante en la expulsión del país del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en septiembre de 2008.
En el 2009, Maldonado fue nombrado como director general encargado del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). Y como colofón, no puede dejarse de lado el hecho de que el sistema de digitalización de dicho servicio está en manos de Cuba.
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