La posibilidad de una guerra entre Colombia y Venezuela no parece pasar de un enfrentamiento de micrófonos. No puede soslayarse que la conflictividad verbal Uribe-Chávez, pese a algunos abrazos de reconciliación, ha tenido un impacto real en la vida de millones de personas, de aquí y de allá, pero no de ahora con la ruptura de relaciones diplomáticas, sino que viene produciéndose en los últimos años. El cierre de embajadas y consulados le añade un problema más, pero a la vida cotidiana de millones de personas con lazos genuinamente binacionales. En la caída progresiva que viene registrando la relación entre los dos países la posibilidad de una guerra se disipa cuando se ven las acciones y reacciones de los últimos días. Hay sí una guerra, pero es netamente comunicacional.
En primer lugar cabe preguntarse cuál es la finalidad de la puesta en escena de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA, a escasos días de que el presidente Álvaro Uribe culmine su mandato. Las pruebas presentadas por Bogotá, que no deben minimizarse, por cierto, parecen apuntar no sólo a denunciar esa connivencia del gobierno venezolano y la guerrilla de las FARC, sino que dicha acción parece ir más dirigida contra el presidente electo Juan Manuel Santos. La gravedad de lo denunciado por el gobierno de Colombia no puede hacernos pasar por el alto este detalle: tales pruebas ya estaban en manos del presidente Uribe por algún tiempo. No parece ser casualidad que las mismas se usen públicamente en momentos en que Santos, sin haber asumido la presidencia, ya estaba colocando como prioridad recomponer los lazos con Chávez.
El show que tuvo lugar en la OEA dinamitó lo que se estaba negociando, la presencia de Chávez en la toma de posesión de Santos. Y aquí cabe acotar que el nuevo presidente colombiano viene de ejercer como ministro de defensa, y por tanto puede deducirse que él también conocía al detalle el conjunto de pruebas sobre esa relación FARC-Chávez, sólo que colocado en los zapatos de jefe de Estado electo su política parece orientarse hacia un mayor pragmatismo al menos en lo que tiene que ver con el eje Caracas-Bogotá. Simbólicamente Uribe le deja una herencia a su sucesor y delfín, que le recuerda que debe diferenciarse pero no olvidar su corresponsabilidad en lo ocurrido en los últimos ocho años.
La reacción venezolana ante el show colombiano en la OEA fue montar un show mediático que tuviese mayor resonancia. La ruptura de relaciones diplomáticas pasó a copar, rápidamente, la agenda informativa y si se revisan los titulares de la prensa latinoamericanos de los últimos días, ese es el tema que prosiguió copando interés, mientras que la denuncia sobre un problema de fondo quedó francamente soslayada. Lo que hemos tenido es principalmente un enfrentamiento comunicacional, para dominar la agenda, cuestión en la cual el presidente Chávez ha demostrado una enorme habilidad. Cuenta, además, el jefe de Estado con una dosis de suerte personal, tal como lo develaron Alberto Barrera y Cristina Marcano en su biografía del líder. En esta ocasión el escándalo de la denuncia en la OEA y la siguiente ruptura de relaciones le han venido como anillo al dedo para desviar la atención informativa de problemas centrales que le impactan negativamente porque desnudan la ineficiencia y corrupción oficiales. Es una ganancia para el gobierno la perdida de relevancia informativa de problemas tales como la comida podrida que se cuenta por miles de toneladas y el racionamiento eléctrico que literalmente prosigue. Inflamar el nacionalismo y victimizar al líder (por potenciales planes de magnicidio) será parte de la receta discursiva oficial. Estamos en guerra, pero es netamente comunicacional.

Poder ejercer la crítica, como parte central del debate público, es un derecho consustancial de la democracia moderna, llámese ésta representativa o participativa.
Dos hechos recientes evidencian la tendencia de golpear al mensajero, en el contexto de la Venezuela actual, donde se va achicando el espacio para ejercer la libertad de expresión, en la medida en que la palabra pública, cuando es crítica, desencadena consecuencias. El gobierno, pero en particular el presidente Hugo Chávez, sólo espera el halago de la expresión pública de los ciudadanos. La serena pero firme aseveración del cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, de que el país se enrumba hacia el comunismo, ha tenido como respuesta una clara operación gubernamental de desacreditar al mensajero. En una sociedad democrática plena, el punto de vista del prelado, habría sido respondido con otra idea, con otra opinión. Aquí, el presidente Chávez apeló con rapidez al insulto y la descalificación personal, esto con el fin de que pierda fuerza el mensaje del cardenal.
El punto de vista del obispo es tan válido como el de cualquier venezolano que piense eso mismo o lo contrario. La acción oficial de descalificar a quien crítica, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, es tal vez una de las mermas más significativas que tiene la sociedad en materia del derecho pleno a expresarse, durante los años que ha gobernado Chávez. Con tales arremetidas públicas, que suelen suceder en cadena nacional de radio y televisión, es decir tienen lugar contando con todo el aparato mediático del país, se busca el amedrentamiento y el silenciamiento de la crítica. La recuperación democrática del país, desde mi punto de vista, implicará un ejercicio pedagógico por parte de quien ejerza el poder para recuperar un debate político que siendo vigoroso sea respetuoso del otro. Todo un desafío.
El otro caso que evidencia la estrategia oficial de descalificar el mensaje atacando al mensajero tiene que ver con las acciones contra las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público. El Movimiento por el Periodismo Necesario, una organización muy gubernamental (OMG) tal como lo fue en su momento Periodistas por la Verdad, ha solicitado que la Fiscalía General actúe contra las dos entidades, bajo la acusación de que han recibido dinero de Estados Unidos. Tal vez ha sido un paso adelantado de este grupo de periodistas que se identifican con el chavismo, pues hasta ahora no es un delito la recepción de dinero desde el exterior, como parte de los programas de cooperación que existen con muchas naciones del mundo. Sobre esto debe acotarse que sí hay un proyecto de ley de cooperación internacional, aprobado en primera instancia hace algunos años, cuya interpretación sí puede convertir en delito la recepción de dinero internacional por parte de la sociedad civil venezolana.
Estamos en presencia de una acción que básicamente busca descalificar a estas organizaciones, las cuales –por cierto- vienen destacándose en la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, con acciones dentro y fuera del país. Al atacar al mensajero, como hemos sostenido, en este caso el gobierno no sólo busca castigar judicialmente al IPYS y Espacio Público, sino descalificar lo que estas organizaciones puedan denunciar en materia de abusos y restricciones en un derecho tan sensible para la imagen pública internacional del régimen. No es difícil imaginar el guión que seguirá el gobierno cuando estas entidades presenten sus informes o hagan señalamientos ante hechos restrictivos: se les descalificará rápidamente por su financiamiento foráneo.
Es un libreto repetido, una y otra vez, sólo cambian los acusados y las acusaciones, pero el esquema se mantiene inalterable. No estoy seguro de que le rinda frutos con el conjunto de la sociedad venezolana, pero sin duda es un mensaje que se dirige a los seguidores más radicales del régimen. Es un mensaje que les habla a los ”chavistas patria o muerte” de una batalla contra enemigos por ser golpistas, tal como se ha dicho contra el cardenal –sin p rueba alguna, por cierto contra los aliados del imperio, la coletilla que ahora se les endosará a IPYS y Espacio Público.
El guión, por cierto, también busca desviar la atención pública sobre el enorme fracaso que representa para esta gestión “socialista” la corrupción e ineficiencia que se esconde detrás de la comida podrida de PDVAL.

América Latina, salvo contadas excepciones, viene presenciando una ola de transparencia en la gestión pública durante la última década. A lo largo y ancho de la región se multiplicaron en los últimos años leyes, decretos y decisiones judiciales que le han dado piso jurídico al desarrollo del derecho ciudadano de acceder a la información pública. Asimismo, se han producido decisiones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que sostienen la necesidad de que el Estado sea más transparente, poniendo a disposición de la sociedad mecanismos explícitos para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información que reposa en las dependencias estatales. Se ha establecido en América Latina una clara relación entre el acceso ciudadano a la información, la responsabilidad del Estado en brindar dicha información y la posibilidad de que la ciudadanía haga veeduría de la gestión pública. La contraloría social sólo es posible cuando hay información.

Venezuela es uno de los países que se encuentra entre las excepciones de esa corriente que viene desarrollándose en América Latina. Y en realidad, Venezuela parecen avanzar pero en sentido contrario, y para ello se han conjugado varios elementos: por un lado se le niega información a los ciudadanos que está en poder del Estado, quienes ejercen funciones públicas no se sienten obligados a rendir cuentas y la contraloría social no es más que una ficción. Los venezolanos estamos imposibilitados de hacer veeduría sobre la gestión oficial en la medida en que carecemos del acceso a la información.
Un caso emblemático, que ayuda a entender esta idea de que Venezuela avanza pero en sentido contrario, la tenemos con la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En un pronunciamiento con carácter vinculante del máximo tribunal del país no sólo se negó el recurso de amparo que introdujo la organización no gubernamental Espacio Público, en torno a la solicitud de información sobre la remuneración del contralor Clodosbaldo Russián, y del resto de los funcionarios que laboran en el despacho encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.
El TSJ, con fallo de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, pasó a establecer algunos criterios de fondo tal como que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto. En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes “forman parte de su intimidad”, y por tanto no hay razón para hacerlos del conocimiento de la sociedad. A juicio de la magistrada, los accionantes no demostraron cómo el saber cuánto ganan las autoridades y los empleados del Estado y cuáles son sus bienes “sería de utilidad para la participación ciudadana en pro de la transparencia de la gestión pública”. Se trata precisamente de lo contrario, saber cuánto gana un funcionario le permitiría a la ciudadanía detectar, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública.

Con esta decisión del TSJ se ha impuesto la cultura del secreto, que no es nueva en Venezuela, pero que en este tiempo está desfasada en relación a lo que ocurre en América Latina.

La Constitución Nacional, que a fin de cuentas está por encima de cualquier otra ley, deja claramente establecido que todos los ciudadanos venezolanos tienen derecho a ejercer la libertad de expresión. Los artículos 57 y 58 del texto constitucional son enfáticos en resaltar tanto el derecho individual que tiene cada persona en poder manifestar sus ideas y puntos de vista, como el derecho del conjunto de la sociedad a recibirlos. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que tiene dos caras, una individual y la otra colectiva, y eso ha sido recogido por los instrumentos internacionales que defienden o promueven los derechos humanos. Tales documentos internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, dejan en claro que cualquier persona, por su condición de ser humano, tiene derecho a expresarse.
Este repaso de algunos principios básicos viene a colación a propósito de la polémica pública entre el cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, y el presidente Hugo Chávez. El arzobispo de Cumaná, Diego Padrón, lo ha dicho de forma muy llana, pero al mismo tiempo con una frase que se conecta con lo que mencionamos: “los obispos tenemos derecho a expresarnos como lo tiene cualquier venezolano”. Ese es el meollo del asunto.
No hay ninguna excepción en la Constitución que diga que quienes llevan sotana, por ejemplo, no tienen derecho a expresarse sobre asuntos que son de interés de la sociedad. En una declaración reciente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostiene que el acuerdo entre El Vaticano y Venezuela, que data de 1964, prohíbe la expresión los sacerdotes y obispos. En realidad, tal acuerdo deja en claro que quienes forman parte del clero no podrán involucrarse activamente en la política como militantes de un partido; pero eso es una cosa, y otra, muy diferente, ejercer el derecho humano a la libre expresión sobre temas de interés nacional.
El cardenal le expuso a la sociedad sus temores de que Venezuela vaya camino de ser otra Cuba. Alertó sobre la amenaza del comunismo en nuestro país. Ese temor, por cierto, es compartido por muchos venezolanos. Se puede compartir o no ese punto de vista, a fin de cuentas se trata de una opinión, respetable obviamente, pero es una opinión. En una sociedad democrática el punto de vista de un alto jerarca de la Iglesia, habría sido respondido con otro punto de vista, con una posición diferente en la arena de discusión pública que son los medios de comunicación en la sociedad actual.
Una demostración de que cómo ha ido restringiendo la libertad de expresión, en Venezuela, la dio el presidente Chávez al responder al cardenal. Como es costumbre, el jefe de Estado primero se paseó por el insulto personal, por la descalificación del otro; paso seguido –con el coro de sus colaboradores- pidió investigaciones a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General, y hasta alguno de sus allegados se le ocurrió que deben revisarse las relaciones con El Vaticano. Todo parece formar parte de un guión, que en el fondo busca atemorizar y amedrentar a quien ejerce la crítica pública.
Este el costo que hay que pagar por ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Los obispos católicos lo viven en carne propia en estos días.

El propietario de Globovisión acudió la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar justicia. No es una situación extraña que en los últimos años haya sido este organismo el primer paso internacional que muchos venezolanos dieron en búsqueda de justicia. En el caso de Guillermo Zuloaga, sí sólo nos guiamos por las declaraciones del propio presidente y de sus colaboradores en el poder ejecutivo, es claro cómo la fiscalía y tribunales han actuado en sincronía con el poder político. Justamente la CIDH en su reciente informe sobre Venezuela, sobre el que necesariamente habrá que volver una y otra vez, colocó la ausencia de independencia del poder judicial como uno de los problemas más graves que enfrentan la democracia y los derechos humanos en nuestro país. A juicio de la Comisión, otro derecho que está en estado grave es la libertad de expresión, que es en el fondo el asunto –justamente- por el cual se intenta castigar a Guillermo Zuloaga.
En este caso, en particular, no puede soslayarse lo que ya el sistema regional de derechos humanos ha desarrollado, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de DH, en relación con los mecanismos indirectos para restringir la libertad de expresión. Zuloaga ha sido enjuiciado no por tener un lote de vehículos en una propiedad suya, sino por su condición de presidente del canal crítico Globovisión. Si el verdadero objetivo del gobierno hubiese sido acabar con la usura y el sobreprecio en la venta de vehículos, las acciones de incautación de carros debieron haber sido generalizadas, y en realidad dichas acciones resultaron particulares en extremo. Estamos en presencia de un caso especial, en el cual parece que Zuloaga es el único que presuntamente ha cometido tal delito en Venezuela; junto a claras indicaciones del máximo representante del poder político sobre la fiscalía para que actuara; a lo cual debe sumarse la conclusión rápida que ha hecho el presidente Chávez: el gobierno puede cooptar acciones del canal Globovisión debido a que dos de sus accionistas principales están siendo procesados y decidieron salir del país.
La conclusión es clara, se ha buscado sancionar al presidente de Globovisión, por otro hecho que permita simbólicamente desconectarlo de la libertad de expresión, pero en el fondo es sobre ésta que se quiere actuar. La rápida conclusión que ha hecho el presidente Chávez, de que ahora su gobierno podría hacerse con acciones de este medio crítico, hacen aflorar las verdaderas intenciones gubernamentales, en cuya realización el brazo judicial termina siendo crucial.
Por casos como éste, es que justamente organismos como la CIDH plantean la necesidad de que la justicia pueda operar de forma independiente de cualquier otro poder. Una justicia dependiente del presidente, tal como se ha constituido en Venezuela en los últimos años, socava cualquier posibilidad de que un ciudadano venezolano obtenga una decisión favorable cuando ya ha sido condenado por el jefe de Estado en alguna de sus alocuciones.
En libertad de expresión, el sistema regional de DH ha sido enfático en visibilizar, como una restricción el uso de mecanismos indirectos. Un caso emblemático resultó el proceso de Baruch Ivcher en el Perú fujimorista. Procesado por haber obtenido presuntamente su nacionalidad peruana de forma fraudulenta, se usó este hecho para que el empresario perdiera su condición de propietario del canal Frecuencia Latina, que mantenía una línea editorial cuestionadora del régimen. Una decisión de la Corte Interamericana no sólo restituyó a Ivcher, sino que también desarrolló de forma clara la ilegitimidad de usar mecanismos indirectos por parte del Estado para acallar las voces críticas.