En un lapso de pocos días he leído tres artículos de opinión, de personas muy disímiles, pero que coinciden en interpelar a la dirigencia opositora. Un editorial de Teodoro Petkoff, en Tal Cual, y dos textos de Marta Colomina y Carlos Blanco en El Universal, son enfáticos en la necesidad de que por un lado, se ponga en marcha una campaña electoral sin ambages con un mensaje nacional unificador pero recogiendo la diversidad político-regional que forma parte del acuerdo unitario; por otro lado, y no menos importante, es imprescindible que dicha campaña esté conectada con los problemas de la gente. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cumplió un rol importante para conformar la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, pero ya es hora de pasar la página para ir a pelear los votos con un mensaje en el que puedan verse incluidos la mayoría de venezolanos. La dirigencia opositora tiene que hacer su trabajo y los periodistas también.

Algunos años atrás se tejió en Venezuela un manto de crítica cero a los factores opositores en muchos medios de comunicación y entre periodistas del país. Ello obedeció al criterio de que no podía dársele ventaja a un gobierno autoritario, desnudando los errores opositores. Durante el año 2002 tuvimos ejemplos simbólicos de tal comportamiento. He estudiado detenidamente la cobertura periodística de la crisis de abril de aquel año, y hay notables coincidencias en el discurso de los periodistas entonces: una fuerte crítica al autoritarismo del presidente Chávez, el cual por cierto fue aumentando en el clímax de la crisis, seguido de una ausencia de cuestionamientos al carácter dictatorial que tuvo Pedro Carmona en las escasas horas que ocupó el poder, gracias a un golpe de Estado. Tampoco tuvo un rol vigilante la prensa venezolana durante el “paro nacional” de diciembre 2002 y enero de 2003, y al contrario se limitó a reproducir de forma bastante complaciente el parte diario que daba, fundamentalmente, el entonces presidente de la CTV, Carlos Ortega. Sólo recuerdo una pregunta que rompió el guión, una joven periodista se atrevió a interrogar a Ortega sobre el efecto del paro en el mundo laboral pero especialmente en el campo periodístico. Una mirada interesada, sin duda alguna. Hay muchas otras indulgencias periodísticas con la dirigencia opositora, de ayer y de hoy, aunque vale acotar que muchas caras se repiten en el llamado “dream team”.

Sostengo la tesis de que esa falta de preguntas críticas, esa ausencia de un periodismo que interpele con herramientas propias de la profesión al dirigente opositor le hace un flaco favor a la democracia. Desde mi punto de vista, el rol cuestionador del periodista debe ser permanente tanto con quienes ejercen el poder, como con aquellos que aspiran a tenerlo, y obviamente con poderes fácticos como el empresariado.

El careo permanente del dirigente, sobre sus posiciones y aspiraciones forma parte del decálogo básico de quienes cubren la fuente política. Colocar el grabador como parte de una manada y sencillamente limitarse a grabar o desgrabar lo que dice el dirigente político no sólo perjudica al propio dirigente, cuyo crecimiento político está estrechamente relacionado con la interpelación que pese sobre el cotidianamente, sino que muestra a la ciudadanía una pobre cara del periodista. Ese aire de complicidad, al no hacerle preguntas difíciles, no sólo está reñido con el deber ser del periodista, sino que ha producido un dirigente opositor acomodado, apoltronado en los medios de comunicación, cuando debería ser lo contrario, el político debería estar siempre alerta, para dar respuestas y aclaratorias certeras, cuando se encuentra ante el entrevistador o cuando ofrece una rueda de prensa.

Un periodismo que interpele, cuestione, tanto a gobernantes y especialmente, en el contexto venezolano, a opositores estará cumpliendo cabalmente su rol, y con ello también hará que los otros actores de la esfera pública lo hagan. Sin ir muy lejos, y tomando los asunto que plantean al unísono Petkoff, Colomina y Blanco, ya pasó el tiempo en donde el titular era el proceso para escoger los candidatos de la MUD, ahora ésta instancia y los candidatos a diputados deben estar dándole respuesta a los temas cruciales de este momento: la comida podrida de PDVAL, el racionamiento eléctrico encubierto que continua fuera de Caracas, las redes de corrupción en el eje Caracas-Buenos Aires, por sólo nombrar tres asuntos cruciales, hay muchos otros. ¿Qué están diciendo los candidatos a diputados ante tales problemas? Y, lo más importante, ¿qué le están proponiendo a la ciudadanía?

La noticia hoy no es que la oposición logró armar una lista con casi un 100 por ciento de acuerdos, eso fue importante en su momento, sin duda alguna, ahora hay que indagar, interpelar, cuáles son esos candidatos opositores, dónde están, qué están diciendo de forma unitaria y por separado, cuáles son sus planes en áreas específicas, qué rol le darán a la Asamblea Nacional. Son muchas preguntas. Pero deben ser hechas a la dirigencia opositora, que aún parece seguir regodeándose en un éxito que ya es pasado, y ahora el desafío es otro, se trata de lograr lo votos para recordarnos que la política es sinónimo de cambio.

Este 27 de junio se celebrará en Venezuela el día del periodista. En esta ocasión la celebración tendrá un tinte especial. En las elecciones celebradas recientemente, la colega Silvia Alegrett ha sido electa como presidenta de la directiva nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Más allá de una anécdota no menor, como lo es el hecho de que es la primera mujer al frente del gremio a nivel nacional, la gestión de Silvia Alegrett enfrenta singulares desafíos que emanan, en primer lugar, de la propia coyuntura que vive Venezuela y su impacto sobre el ejercicio del periodismo y muy particularmente sobre la imposibilidad de una libertad de expresión plena. Tras 11 años en el poder del presidente Chávez no deben quedar dudas sobre el objetivo oficial en materia de comunicación, que no es otro que la implantación de una voz única, sin debate ni crítica.

Hace dos semanas el país vivió una de esos períodos nefastos para el ejercicio pleno de la libre expresión. Se vivieron hechos como el ataque con artefactos explosivos contra la sede del diario Últimas Noticias, el inicio del proceso contra los editores del portal Noticiero Digital, la decisión judicial que inhabilitó profesional y políticamente al columnista carabobeño Francisco “Pancho” Pérez, y la semana concluyó con la orden de detención del propietario de Globovisión Guillermo Zuloaga. En períodos como ese, es difícil no pensar que hay una suerte de mano que dirige la orquesta para que las cosas sucedan diríamos que de forma sincronizada.

Es este el escenario al que deberá hacerte frente la gestión que encabeza Silvia Alegrett, junto a otros muchos periodistas a lo largo y ancho del país que han aceptado el desafío de fortalecer el gremio, defender el ejercicio libre del periodismo y el derecho de cada ciudadano a la información. No es, obviamente un reto pequeño. La actitud del gobierno hacia el gremio de periodistas ha sido optar por la descalificación y el desconocimiento, en la medida en que el CNP ha fortalecido su independencia. Voceros de un sector claramente chavista recurrentemente han pretendido incluso desconocer la legitimidad de las elecciones del CNP, pero desde que se retomaron los comicios en 2008, tras una largo período de abstinencia, no hay duda de que el Colegio de Periodistas ha recuperado su espacio natural dentro del contexto nacional, caracterizado por la crisis política y sus implicaciones para la prensa.

Mirando más allá del contexto nacional, el CNP comandado por Silvia Alegrett debe meterse de lleno en la discusión que está teniendo lugar alrededor del mundo en torno a la metamorfosis de la práctica periodística, producto de la expansión de los entornos digitales en los medios tradicionales y al surgimiento de nuevos medios gracias al avance tecnológico. No es un desafío menor, en Estados Unidos y Europa los medios impresos tradicionales están seriamente amenazados por la perdida de lectores, que han ido emigrando paulatinamente a Internet, sin que exista claridad alguna sobre cuál será el modelo exitoso de periodismo en la red.

Más temprano que tarde tal transformación de la profesión llegará a Venezuela y el CNP tendrá un rol protagónico discutirla y en orientarla.

No conozco personalmente a Francisco “Pancho” Pérez pero desde el pasado viernes, he pensado mucho en este veterano articulista del estado Carabobo. Periodista y columnista de prensa por 40 años, activo con una columna semanal en el diario “El Carabobeño”, Pancho Pérez ha sido víctima de una singular sentencia judicial dictada por el juez quinto de Juicio, Alfredo Toredit Rojas. A este columnista político se le ha impuesto como sentencia que esté inhabilitado política y profesionalmente por un lapso de tres años y nueve meses, por presuntamente ofender el honor del alcalde de Valencia, Edgardo Parra. La sociedad democrática de Venezuela debe rechazar tajantemente esta decisión, veamos algunas razones que, desde mi perspectiva, deben llevar a condenar la sentencia de Toredit Rojas.

En primer término, la aplicación del Código Penal, en cuyo articulado se establece la defensa especial de los funcionarios públicos ante la crítica pública, va en contravía de las recientes sentencias, decisiones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana, que cumple el rol de fiscalía en los casos de derechos humanos, han dejado en claro que los Estados Americanos deben derogar las penas de prisión por una opinión, información o punto de vista, incluso si es falsa. No se trata de promover la mentira, sino que no resulta proporcional que por expresarse alguien vaya a la cárcel. Las responsabilidades deben tener lugar en el ámbito civil. Por otra parte, justamente los funcionarios públicos, tal es el caso del alcalde de Valencia, deben ser objeto de mayor escrutinio público en el cumplimiento de sus funciones, pues voluntariamente pasaron a ocupar tales cargos y en sus funciones administran bienes de todos los ciudadanos.

Pancho Pérez, gracias a que su sentencia fue menor de cinco años podrá gozar de un  beneficio procesal y estará en libertad. La sentencia del juez dictaminaba que fuese a prisión. Por otro lado, debido a su edad, era improbable que el columnista terminara en una cárcel. Sin embargo, en este caso el asunto de fondo no parece ser la prisión, y en ese sentido el juez se sacó literalmente debajo de la manga un castigo que no aparece en el Código Penal cuando se habla de la injuria y la difamación. Esos son los dos delitos, que presuntamente cometió Pancho al aseverar que la esposa y el hijo de Edgardo Parra cobran y se dan el vuelto en la Alcaldía de Valencia, en una columna publicada el 30 de marzo de 2009.

La sentencia establece que Pancho Pérez no podrá ejercer profesionalmente durante los próximos tres años y nueve meses. Se le prohíbe publicar sus columnas. Pero el juez va más allá al inhabilitarlo políticamente, seguramente para cortar cualquier posibilidad de que el periodista, castigado con un singular mecanismo de censura, pueda acceder a la arena electoral. La decisión de Toredit Rojas es un exabrupto jurídico porque en ningún caso la difamación y la injuria se castigan con la inhabilitación, y basta leer los artículos 442 y 444 del Código Penal para constatarlo.

Sí contempla esta norma la posibilidad de sanciones pecuniarias, y ello tampoco lo obvió el juez al imponer el pago de 1.250 unidades tributarias contra Pancho Pérez. Una iniciativa que debe tomar, por ejemplo el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), además de condenar rápidamente la sentencia –tal como lo hizo-, es encabezar una acción para que la sociedad carabobeña contribuya monetariamente a pagar la multa, y convertir el caso de Pancho en una causa colectiva a favor de la democracia y, especialmente, de la libertad de expresión. La decisión busca acallar la crítica y el escrutinio público sobre la gestión oficial.

Hablamos de una semana nefasta cuando evaluamos, por ejemplo, todo lo ocurrido entre el domingo 6 y el viernes 11 de junio en materia de libertad de expresión, medios y periodismo: El presidente Chávez fustiga al portal Noticiero Digital, pide una investigación, y la misma se activa 48 horas después; el lunes unos motorizados lanzaron unas bombas molotov contra la sede de Últimas Noticias en Caracas; periodistas de Falcón y Barinas reciben amenazas después de que difunde fotografías e informaciones sobre el desastre existente con la comida almacenada y no vendida por el gobierno; un juez le impone al columnista Francisco “Pancho” Pérez en Valencia una pena que lo inhabilita profesional y políticamente por tres años y nueve meses, en represalia del alcalde porque el periodista denunció que en la alcaldía la esposa y el hijo del burgomaestre “cobran y se dan el vuelto”; y la semana concluyó con la orden de detención contra el propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por un caso de usura, pero que a todas luces es una manera de chantajearlo judicialmente por la línea editorial crítica que tiene la televisora. En el caso de Zuloaga, el presidente Chávez había emplazado una semana antes al poder judicial para que actuara contra el empresario. Difícil pensar que todo esto ha ocurrido de forma espontánea durante la misma semana. En al menos dos de los casos hay una presión directa del jefe de Estado. En Falcón y Barinas, las amenazas provienen de sectores regionales del chavismo, y este caso posiblemente ayude a explicar una hipótesis que estamos manejando. Es probable que con esta andanada de casos que afectan la libre expresión y el ejercicio periodístico, el gobierno (contando con el sistema judicial como acólito) en realidad está buscando desviar la mirada pública sobre el escándalo, difícil de tapar por cierto, de las miles de toneladas de alimentos descompuestos. Las acciones cumplen sin duda la doble función, efectivamente achican el espacio para la libertad de expresión crítica, porque las medidas no sólo castigan a personas específicas sino que envían un mensaje al resto de la sociedad: el que cuestione la puede pasar mal. Al mismo tiempo, muchos medios enfatizan la defensa de la libertad de expresión, una causa justa, pero soslayan la denuncia de un problema de fondo, tal como lo es –en este momento- la corrupción e ineficiencia que se esconden detrás de las toneladas de comida en estado de descomposición. El desafío es superior para el periodismo venezolano, porque además de defender a los colegas y/o medios afectados por las acciones gubernamentales, no debe perder el foco sobre el escándalo que esté salpicando al gobierno en cada uno de estas semanas nefastas. Me cuento entre los que defienden por principios la libertad de expresión y el periodismo independiente en Venezuela, y en esa dirección compartimos el cuestionamiento a tales acciones que censuran, castigan o amenazan a periodistas, editores y medios en nuestro país. Sin embargo, tampoco puede pecarse de ingenuo y creer que si en una semana se activan, ¿coincidentemente?, cuatro o cinco hechos que afectan la libre expresión o el trabajo periodístico, todo ello no tenga algún objetivo oculto.

Justamente en esta coyuntura, en la cual la sociedad venezolana que aspira a un reencuentro democrático del país, retoma el valor del voto de cara a los comicios parlamentarios del 26 de septiembre, tendrán lugar este 10 de junio las elecciones para escoger las diferentes directivas, a lo largo y ancho del país, del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Hace dos años, cuando se realizaron las primeras elecciones después de una larga década de abstinencia electoral en el gremio, escribimos una carta dirigida a los jóvenes periodistas, porque para muchos de los recién incorporados al CNP, esta entidad sólo servía para obtener un carnet que, dependiendo de la empresa periodística, te lo exigían o no para trabajar. Diez años sin consultar a las bases periodísticas era motivo más que suficiente para temer que las elecciones de 2008 fuesen un fracaso.

Sin embargo, el CNP, cual ave fénix, parece haber revivido de sus cenizas, no sólo salieron legitimadas con una significativa votación las nuevas autoridades, sino que además comenzó a reflorecer un sentido del Colegio como espacio de encuentro, y especialmente un ente para defender el derecho a la libre expresión, que ha sido históricamente uno de sus estandartes. La labor de estos dos años ha sido un enorme esfuerzo de muchas personas, pero a todas ellas cabe felicitarles a través de una persona, la cara visible y bregadora de este tiempo ha sido la de William Echeverría.

Llegamos a unas nuevas elecciones en el CNP. En clara demostración de que hay diversidad de puntos de vista, en la mayoría de los estados, y para la propia directiva nacional, se han inscrito al menos dos planchas, lo cual revela el interés por lo que está en juego. Para el conjunto de periodistas que forman parte del gremio es importante ir a votar.

El gobierno de Hugo Chávez creó a partir del 1 de junio un nuevo ente que tendrá funciones para recopilar información “de interés para el Estado”, pero al mismo tiempo tendrá la potestad de determinar el carácter confidencial o no de las mismas. Un decreto presidencial ordenó la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), el cual tendrá entre sus finalidades “recopilar, procesar y analizar permanentemente todas las informaciones que provengan de las instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés del país”.

Este nuevo organismo no tendrá vinculación con el Ministerio de Comunicación e Información, sino que estará ligado al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que no hay que olvidar coordina los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. El CESNA gozará de autonomía administrativa y financiera, según el decreto. Entre las funciones de la nueva institución se encuentra la coordinación de labores de recopilación y procesamiento de informaciones, la realización de informes valorativos y la potestad de declarar el carácter de reservado, clasificado o de divulgación limitada de cualquier información.

En materia de libertad de expresión nuestro país no parece pasar la prueba, si nos guiamos por un reciente indicador con diez aspectos esenciales para el desarrollo de este derecho humano fundamental. Los ítems emanaron de una reunión de relatores de la libertad de expresión, entre los cuales estaban representantes tanto de la OEA como de ONU. Repasemos estos aspectos y su relación con Venezuela.

En primer lugar aparece el uso de “mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación”, y es justamente una materia en la cual nuestro gobierno podría dar lecciones de cómo ir achicando la libertad de acción de los medios a través de diversos esquemas de restricción, por ejemplo con el manejo discrecional de la publicidad oficial y la entrega y revocatoria de concesiones de radio y televisión. La existencia de la “difamación penal” es el segundo aspecto de la lista, y no puede obviarse que este recurso no sólo fue ratificado por la actual Asamblea Nacional sino que también se ampliaron las penas de cárcel. Una tercera categoría de evaluación está en la “violencia contra periodistas”, aspecto que ha tenido en el país, a lo largo de una década, incontables expresiones de lo que podríamos denominar como violencia de baja intensidad, pues no tiene como objetivo asesinar a los comunicadores, tal como ocurre en México, sino que son hechos –igualmente violentos- pero que persiguen amedrentar a sus víctimas. Lina Ron y el colectivo La Piedrita cuentan con sobrada experticia en dicho campo.

Un cuarto punto en el cual Venezuela sale reprobada es en relación a los “límites al derecho de acceso a la información”. Se trata de que los ciudadanos cuenten con la posibilidad de acceder a la información en manos de los poderes públicos, sin ningún tipo de restricción. En este campo se han registrado notables retrocesos, incluso en el acceso de periodistas a las ruedas de prensa oficiales. Un quinto ítem tiene que ver con la “discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, y acá cabe acotar que pese a un discurso que en teoría busca la inclusión social, en materia de expresión y acceso a los medios no hay cambios sustantivos: mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales, siguen sin ejercer plenamente sus derechos comunicativos, incluso en los medios del Estado. El punto seis dela prueba se refiere a las “presiones económicas” contra los medios, para variar sus líneas editoriales. Es un punto que tradicionalmente se ha identificado con los consorcios privados, pero en Venezuela tales presiones provienen hoy fundamentalmente del Estado que literalmente chantajea a los medios con la asignación de su propia publicidad y presiona a entes privados para que varíen su pauta publicitaria de acuerdo con criterios políticos.

En séptimo lugar aparece el “apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, que en Venezuela sí se produce, pero condicionado por la agenda política, con lo cual la mayoría de estos medios, que debería servir a comunidades están al servicio del gobierno.  En el documento seguidamente aparece la relación entre “seguridad y libertad de expresión”, pues históricamente se ha colocado como excusa la seguridad nacional para restringir la expresión, cuestión que ha cobrado fuerza en Venezuela en los últimos meses, con algunos procesos judiciales.

En los dos puntos finales de la prueba, “libertad de expresión en Internet” y “acceso a tecnologías de información y comunicación” la valoración del país puede tener visos positivos, aunque con riesgos especialmente en materia de libertades. Al evaluar los diez aspectos, en su conjunto, caben pocas dudas, Venezuela está reprobada en la materia: Libertad de Expresión.

El 27 de mayo se cumplieron tres años del cese de la señal abierta de RCTV. Para que no quedaran dudas sobre la política oficial que busca restringir la libertad de expresión e información, en enero de 2010 el canal de Quinta Crespo vivió un segundo blackout. Cuando se revisan las declaraciones del año 2007 se comprueba una política de mentiras. El canal que sustituyó a RCTV, la señal de TVES ha sido uno de los grandes engaños del presente gobierno. Se aseveró, hace tres años, que sería una señal de servicio público, independiente y con programación de calidad, con una política inclusiva de los productores nacionales independientes, y que todas estas razones justifican dejar sin señal a RCTV para dársela al nuevo canal estatal. Nada de lo que prometió el gobierno se ha cumplido, sino todo lo contrario, TVES ha resultado aún peor que muchas señales del Estado. En materia informativa, por ejemplo, el sesgo del nuevo canal es aún más pronunciado que Venezolana de Televisión (VTV), que ya es mucho decir.

El tercer aniversario del cese de la señal abierta del canal RCTV pone sobre el tapete un asunto tan preocupante, como la propia decisión del gobierno del presidente Chávez de castigar a este canal por su línea editorial crítica. Como es conocido de todos, el mismo presidente Chávez anunció el día de los inocentes de 2006 su decisión, que sería irrevocable, de dejar sin permiso al canal de Quinta Crespo. En aquellos días, entretanto, el jefe de Estado envió un mensaje al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que resultaba tan autoritario como la propia decisión: no debía prestarse atención a los recursos legales de RCTV porque ya había una decisión del ejecutivo y ésta era la correcta. Los magistrados del máximo tribunal del país parecen haber tomado nota, al pie de la letra, de la directriz presidencial, dejando en evidencia un problema de fondo en la Venezuela dominada por la era Chávez. No se trata solamente de que el gobierno tome decisiones no democráticas o autoritarias, sino que eso termina siendo refrendado por las instancias judiciales del país.

El cese de la señal de RCTV Internacional por los sistemas de televisión por suscripción, desde enero pasado, confirma cabalmente lo anterior. De nada valieron los diferentes recursos judiciales y administrativos de la empresa ante diversas instancias.

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una enorme responsabilidad en la desaparición de RCTV de la pantalla chica, después de medio siglo. En primer lugar fue notable el retraso que le imprimió el TSJ a los diferentes recursos que llevaron los representantes de RCTV. Las solicitudes de amparo, que son una medida para evitar que se produzca un daño irreparable, sencillamente fueron dejadas de lado, no fueron respondidas a tiempo y en un caso más dramático: se utilizaron elementos de una solicitud de amparo, presentada por ciudadanos inconformes con el cierre, para justificar la creación de TVES.

La deuda de la justicia con el canal es tal que aún sigue el TSJ sin pronunciarse sobre los equipos de transmisión de RCTV que arbitrariamente pasaron a TVES hace tres años. El préstamo forzoso que se ha aplicado, en la práctica significa que ni se los devuelven ni les cancelan una indemnización.