En materia de libertad expresión y derecho a la información, Venezuela tiene un desigual desempeño por parte de su aparato institucional y de justicia. Entre quienes ejercen el poder hay un discurso recurrente, que aparenta estar a favor de la libre expresión en el país, pero en la práctica eso no se traduce en mecanismos efectivos para la protección de quienes ejercen este derecho, y en particular para aquellos que abordan temas espinosos como la penetración del narcotráfico en Venezuela.

Durante la última década han sido asesinados cuatro comunicadores en Venezuela, en dos de esos casos el poder del narcotráfico parece haber sido más fuerte que el poder institucional, y de esa forma se acallaron las voces de Mauro Marcano, en Maturín, en septiembre de 2004, y de Orel Sambrano, en enero del año pasado en Valencia. Marcano y Sambrano tenían en común que utilizaban la radio para denunciar la penetración del narcotráfico. El primero enfiló sus baterías contra el llamado cartel del sol que actúa en comanditas con la Guardia Nacional; el segundo cuestionó el poder de la familia Makled, que pese a todas las sospechas por su creciente fortuna, intentó legitimarse políticamente con el lanzamiento de uno de sus miembros en la pasada elección por la alcaldía de Valencia.

La justicia venezolana, pese a los claros pronunciamientos de una influyente figura como José Vicente Rangel, le ha fallado a Marcano. En el caso de Sambrano, posiblemente el viento político que sopla en contra de los Makled, ayude a que finalmente se haga justicia de forma plena. Las primeras señales apuntan en esa dirección. El pasado 19 de mayo, por ejemplo, la justicia venezolana condenó a 25 años de prisión a un ex policía por el asesinato de Sambrano y del veterinario Francisco Larrazábal. Se trata del primer condenado, y cabe acotar que la justicia venezolana ha actuado con bastante celeridad.

El ex policía del estado Carabobo, Rafael Segundo Pérez, quien admitió en audiencia preliminar haber colaborado con el homicidio del periodista así como del veterinario Francisco Larrazábal, quien era uno de los testigos claves en el juicio que se le sigue a la familia Makled por tráfico de drogas. Tanto Sambrano como Larrazábal fueron asesinados a tiros en enero de 2009.

La fiscalía había ratificado la acusación contra el ex funcionario por incurrir en los delitos de sicariato y asociación para delinquir, en calidad de cómplice necesario. Pérez se encargó de vigilar la ruta diaria tanto del periodista como del veterinario. No disparó, pero le dio la información necesaria a los que activaron el gatillo. El ex policía admitió los hechos y de esa forma fue sentenciado rápidamente en el Tribunal 6° de Control del estado Carabobo.

El veterinario Larrazábal fue asesinado la tarde del 5 de enero  de 2009 en una finca de su propiedad, a la cual ingresaron una pareja de motorizados y uno de ellos le disparó. Orel Sambrano murió el 16 de enero, en circunstancias similares: una pareja de motorizados se le acercó y uno de ellos le disparó a la cabeza. El hecho ocurrió en una zona céntrica de Valencia.

El 21 de junio deberán presentarse ante la justicia otros dos de los acusados, en este caso: José Duque Daboín y David Antonio Yánez Inciarte.

El fotógrafo Simón Clemente, del Diario 2001, una publicación del Bloque De Armas, fue retenido este 23 de mayo durante casi 4 horas, cuando ejercía labores profesionales en las afueras de la residencia presidencial “La Casona”, dándole cobertura a una protesta de jóvenes opositores. Cuando Clemente cubría la manifestación, junto a la periodista Mayerling Carrera, fue interceptado por una camioneta blanca. “Se bajaron tres hombres vestidos de civil portando armas largas, y sin mostrar identificación obligaron a Clemente a abordar el vehículo. Esta redactora al exigir una explicación de la detención, sólo alegaron: Está prohibido tomar fotos, retírese. Por favor, retírese”, sostuvo Carrera al informar sobre este hecho.

Clemente fue liberado luego de casi cuatro horas. Obviamente resulta un exabrupto su retención, cuando ejercía labores profesionales para que el resto de la sociedad estuviese informada, en un lugar que por naturaleza es público: la calle.

A esto se suma otra grave anomalía, algo que no debería ocurrir jamás en una democracia: el fotógrafo fue llevado por agentes que no portaban uniforme, no utilizaban un vehículo oficial ni mostraron credenciales oficiales. Posteriormente el fotógrafo confirmó que fue llevado al interior de “La Casona” y luego a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

Clemente declaró al ser liberado que “recibí buen trato, pero me quitaron todas las fotos que había tomado durante la protesta. Les aclaré que la intención no era tomar fotos a la casa del Presidente, sino reseñar la manifestación de los jóvenes. Me tomaron fotografías de frente y de lado y me tomaron huellas dactilares, me dijeron que quedaba reseñado”.

De acuerdo con Clemente, los funcionarios de inteligencia le exigieron los datos específicos de los periodistas que se encontraban cubriendo la manifestación, pero “me negué, no les di información de los demás reporteros”.

Este hecho desencadenó reacciones de protesta de los gremios periodísticos de Venezuela, tanto el Sindicato Nacional de la Prensa, el Colegio de Periodistas y el Círculo de Reporteros Gráficos, manifestaron su rechazo y denunciaron que la existencia de las llamadas zonas de seguridad, en torno a edificios públicos, como es el caso de “La Casona” son utilizadas por los organismos del Estado para justificar atropellos contra los ciudadanos. Aunque las zonas de seguridad están previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, constituyen una exageración. Por ejemplo en el caso de “La Casona”, según la denuncia de los gremios periodísticos, el área de seguridad alcanza más de 80 hectáreas.

Con casos cómo éste difícilmente se puede decir que en Venezuela hay libertad plena para informar.

Cada día en Venezuela se ejecutan acciones, especialmente desde el campo gubernamental, que afectan el derecho ciudadano a estar informado. No es un asunto menor, ni tampoco casual. Existe en Venezuela una tendencia constante que apunta a restringir el derecho a saber. Un ejemplo reciente: todo lo relacionado con la cotización del dólar paralelo y la obsesión oficial en evitar en que se informe sobre una cotización diferente a la tasa oficial, evidencia hasta dónde puede llegar la acción oficial a la hora de coartar el derecho ciudadano a tener información, cuando ésta es distinta a los deseos gubernamentales.

Cuando se aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios, se puso en vigencia una política que impedía a los medios de comunicación informar sobre una tasa de cambio diferente a la oficial. Según el gobierno, con esto se buscaba evitar la especulación. En realidad se apunta a que el ciudadano tenga menos información sobre ciertos asuntos, pues si la intención oficial fuese evitar la especulación con el tipo de cambio, tomaría medidas concretas para que las transacciones de empresas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) no fuesen una fuente que fomente el mercado paralelo de divisas. El Estado recibe dólares a un precio, por sus exportaciones petroleras, y luego coloca otro para las transacciones internas. Básicamente se buscan maquillar las finanzas públicas, y en ese sentido mientras menos información tenga el público, pues resulta mejor.

En materia de transacciones cambiarias, la desaparición de la información en los medios tradicionales sobre el tipo de cambio paralelo, originó el surgimiento y popularización de blogs y páginas en Internet que daban cuenta del movimiento del dólar en Venezuela. Hay un mercado de compra y venta de divisas distinto al oficial, no se puede tapar el sol con un dedo. Desde nuestra perspectiva si el gobierno desea acabar realmente con el dólar paralelo, debería atacar el origen del asunto, es decir debería ir a las distorsiones económicas que ha desencadenado el control cambiario, desde que se implantó en el país en el año 2003.

El presidente Hugo Chávez anunció a fines de la semana pasada una arremetida, que incluía allanamientos y amenazas de aprehensión, contra los blogs y páginas en Internet que estaban informando sobre el dólar paralelo. En breve tiempo estas páginas desaparecieron, obviamente sus responsables ante la amenaza presidencial optaron por desmontarlas. Esto nos habla de otros dos problemas en Venezuela en relación con la libertad de expresión: el miedo a expresarse por temor a las represalias (sólo hay libertad de expresión plena cuando no existe el miedo a las sanciones por lo que digo o informo), y el peso del presidente en materia de decisiones judiciales (la ausencia de un poder judicial autónomo incrementa el miedo ante una acusación que además viene del propio jefe de Estado). Por cierto, en clara demostración de cómo opera la cultura venezolana, este lunes ya estaban en línea nuevos sitios en Internet sobre el cambio de divisas, supongo que con mayor seguridad para evitar ser rastreados por las autoridades.

En Venezuela, informarse sobre una realidad, la transacción del dólar, tampoco está permitido. Como ciudadanos perdemos nuestro derecho a saber.

La imagen de Franklin Brito, delgado al extremo pero con una robustez moral sin par, me ha estado dando vueltas desde hace algún tiempo. Una reciente fotografía permite no sólo ver a Brito sino percatarse de varias cosas: en primer lugar continúa con su protesta silenciosa, con graves efectos en su salud; en segundo término prosigue literalmente detenido contra su voluntad en una institución de salud estatal; y en tercer término, le acompaña un silencio cómplice por parte de diversas autoridades que deberían velar por sus derechos, tal como la Defensoría del Pueblo.

El conjunto de la sociedad que dice defender derechos democráticos, parece haberse olvidado de la protesta de este hombre, que básicamente exige que el Estado rectifique y que él, como pequeño productor agropecuario, pueda volver a las tierras de su fundo Iguaraya, que resultaron invadidas el 28 de mayo de 2003. El año pasado Brito se cansó de las citaciones a tribunales y de acuerdos con entidades como el Instituto Nacional de Tierras, pues no tenían efecto real en el derecho que le asiste de recuperar sus tierras. El último año en la vida de Brito puede dividirse en dos, la primera con una huelga de hambre a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la segunda parte, con huelgas intermitentes dentro de las instalaciones del Hospital Militar de Caracas al cual fue llevado en contra de su voluntad. Brito, con su singular protesta, básicamente está reclamando atención, tanto del Estado para que rectifique, como de la sociedad para que solidarice con su lucha. A fin de cuentas, Brito está haciendo uso del recurso extremo de no ingerir alimentos para expresar su punto de vista.

Estamos en presencia, con la protesta de Brito y el impacto que ésta tiene sobre su salud y en general sobre su vida, de una clara demostración de cómo el ciudadano de a pie en Venezuela tiene negado el espacio para exigir rectificaciones del Estado, cuando éste hace el uso arbitrario del poder. Según el testimonio suyo, se cansó de asistir a tribunales que básicamente se mueven por razones bolivarianas, es decir se mueven cuando hay bolívares de por medio. La ausencia de canales efectivos para que la voz del ciudadano pueda hacerse oír, por las instancias públicas, es una señal de ausencia de mecanismos democráticos, una situación inaudita cuando somos parte de un sistema político que enarbola la idea de una democracia participativa. El caso de Franklin Brito habla muy mal del sistema.

Tampoco el rol de la Defensoría del Pueblo sale bien parado del caso de Franklin Brito. Ha debido ser precisamente la defensoría la que debió actuar para defenderle ante los abusos del Estado y la falta de respuestas para rectificar una vez que se tomaron las decisiones erróneas en torno a sus tierras. Al contrario, la defensoría no ha defendido al pueblo, que en este caso es una persona concreta, Franklin Brito, sino que parece haber actuado en contra de éste y más bien favorecer al Estado. La reclusión de Brito en unas instalaciones hospitalarias en contra de su voluntad es también una forma de acallar su protesta, y de intentar que ésta tenga menos impacto público. Es decir, es otra manera de cercenar el derecho a la expresión y a la protesta de este venezolano.

Esta perdida de libertad ha sido refrendada por entidades que deberían defenderle, que igualmente le endilgaron una supuesta insania mental; a fin de cuentas se trata de desacreditarlo a los ojos del público para que su protesta tenga menos eco.

Lo que está en juego con Franklin Brito, en el fondo, no es sólo un asunto de tierras, sino el derecho a expresarse de un ciudadano. La sociedad democrática no debería olvidar a Brito.

El periódico que fundó y que dirige Teodoro Petkoff cumplió 10 años el pasado 30 de abril. Conviene referirse a este aniversario porque Tal Cual es una muestra de periodismo independiente y crítico en nuestro país, en tiempos en los cuales precisamente no hay mucha tolerancia desde el poder.  Tal Cual, por otro lado, es una muestra de tenacidad pues debemos recordar el cómo nace este periódico. Las presiones que se ejercieron desde el alto gobierno contra la Cadena Capriles, en un momento crucial para la redefinición accionaria de este consorcio, un asunto que había quedado pendiente a raíz de la muerte del patriarca Miguel Ángel Capriles, produjeron la defenestración de Teodoro Petkoff de la dirección del entonces vespertino El Mundo. Seguramente pensarían dentro del gobierno que de esa forma se pondría punto final a las irreverencias editoriales de Petkoff. Personalmente creo que muy por el contrario terminaron haciéndole un tremendo favor, pues le empujaron a crear un nuevo periódico, junto con otros que apostaron por su idea. Tal es el caso del fallecido Hans Neumann.

La tenacidad no sólo tuvo que ver con lanzarse a crear el impreso sino con mantenerlo, vivito y coleando como se dice en criollo, una década después. Y para comprender tal tenacidad no puede obviarse que la publicidad del Estado, el principal anunciante en este país, ha estado ausente en las páginas de Tal Cual. No han sido casos aislados, por otra parte, aquellos en los cuales el gobierno ha presionado a empresas u hombres de negocios para impedir que pongan sus avisos en el periódico de Petkoff. Todo ello ha contribuido a cimentar una idea de compromiso y apuesta colectiva por parte de quienes hacen este impreso. Hacer un periódico en la Venezuela de este tiempo, manteniendo como norte la independencia económica y de criterios, y ejerciendo la crítica de forma plural lo cual ha llevado que en no pocas veces se tilde a Tal Cual de chavista, es una forma de hacer país, y evidencia un compromiso inequívoco con la democracia.

Desde un punto de vista estrictamente periodístico, Tal Cual es también una excepción. Amparado en un equipo más bien pequeño de periodistas de planta, el periódico logra darle seguimiento a los hechos más relevantes de la vida del país, incluyendo los deportivos, en no pocos casos hacerlo con irreverencia, y a lo largo de los años se ha hecho de un staff de firmas externas que han  terminado por darle una personalidad propia. Obviamente el editorial de Petkoff, cubriendo la mayor parte de la primera página, un caso también atípico en el periodismo de América Latina, posiciona editorialmente al medio, pero luego en sus páginas se encuentran muy disímiles puntos de vista. Esta combinación de factores hace que Tal Cual sea, como suele decirse, un buen segundo diario, cuya lectura complementa la de otro matutino que tenga un mayor despliegue informativo. Junto a esto, su paso de vespertino a matutino, hace pocos años, ha ayudado a consolidar su presencia nacional.

Tal Cual es, en la historia del periodismo del país, un caso diríamos que excepcional y su arribo a una década de existencia habla de una tenacidad y de un compromiso. En los tiempos que corren fundar un periódico es en sí misma una decisión heroica.

El paso de los años no sólo puso viejo al gobierno, como era de esperarse tras cumplir 11 años de ejercicio en el poder, sino que también anquilosó las relaciones caudillo-pueblo que era una de las características principales del modelo político bolivariano. Eso también se vio reflejado en el programa ícono de la imagen oficial, “Aló, Presidente”, que en sus inicios se concibió como un espacio con énfasis en las llamadas del público y que luego ha derivado hacia un
“talk show” presidencial, con muy contadas llamadas y una producción que deja poco o ningún espacio para la expresión de insatisfacción que prevalece, también entre los seguidores del chavismo.

El rostro del presidente ha sido muy transparente, en los últimos tiempos, para mostrar su contrariedad cuando en alguna intervención se cuela una denuncia o se reitera una demanda no satisfecha, eso no parece formar parte del show y evidencia, desde mi perspectiva, que tiene poco interés en escuchar lo malo, lo no he hecho o lo prometido e incumplido de su gobierno. En realidad el presidente se quiere escuchar así mismo y desea que el resto del país le escuche, y que además le escuche atentamente.

Y en esta etapa de la gestión oficial es que hemos llegado al uso del Twitter por parte del jefe de Estado. Un uso en el cual rápidamente se pasó al modelo de antaño: los papelitos del pueblo que le llovían al mandatario en sus primeros años. La designación de 200 asistentes para que atiendan las demandas que emanan del Twitter habla, al menos de
tres cosas: el presidente ha recibido un aluvión de quejas e insatisfacciones y eso explica el volumen tan significativo de personas para darle seguimiento a las mismas; la gente que incluso sigue al presidente Chávez no tiene canales para comunicarse con el líder, quien antaño cultivaba la relación directa pueblo-caudillo; y conectado con lo anterior, Chávez no quiere enterarse directamente de lo malo de su gestión y por esa razón rápidamente deriva en asistentes, cuando la comunicación por Twitter no es sólo para elogiarle sino un canal para comunicar demandas insatisfechas.

El mecanismo de la comunicación directa, como lo es el Twitter y otras redes sociales, muy rápidamente también es arropado por el anquilosamiento de la gestión comunicacional del proyecto bolivariano, mientras que la gente ya no quiere más promesas, está exigiendo el cumplimiento de las mismas. Para ello apela a cualquier mecanismo de comunicación que tenga a su alcance.

El mundo ha ido cambiando, con mayores posibilidades para la comunicación, especialmente con la red de Internet, esa podría considerarse la buena noticia la mala y que va unida a la anterior, es que los gobiernos autoritarios también están aprendiendo, y rápido, para controlar el espacio digital. Estamos en tiempos de cibercensura. Desde mi punto de vista, ese parece ser uno de los temas cruciales cuando se debate la libertad de expresión en el marco contemporáneo. Este 3 de mayo se celebró el día mundial de la libertad de prensa y expresión, y cuando se analiza el contexto internacional de este derecho, resulta notorio el avance censurador llevado a Internet por diversos gobiernos a lo largo y ancho del planeta. El signo característico de estos gobiernos es su falta de tolerancia a la crítica, su temor hacia el debate amplio y plural.

Tal como lo ha señalado Reporteros Sin Fronteras, los gobiernos autoritarios alrededor del mundo ya no dejan espacios libres a las voces discordantes en el ciberespacio. Así, en este tiempo de cibercensura se apela a varios mecanismos: Censura de contenidos políticos o sociales gracias a las últimas herramientas tecnológicas, arrestos e intimidaciones de netciudadanos, vigilancia omnipresente y fichaje destinados a poner en peligro el anonimato de los internautas. A fin de cuentas los gobiernos represivos han pasado a los hechos. Internet es la última frontera de la censura.

Durante el año 2009 casi 60 países ejercieron algún tipo de censura de la Web, una cifra que duplicó el registro de 2008. Según Reporteros Sin Fronteras, “la Web 2.0 se enfrenta al Control 2.0”. Una versión de este informe sobre la libertad de expresión en Internet puede revisarse en www.rsf.org

Unos cuantos países, como Corea del Norte, Birmania o Turkmenistán, gracias a condiciones geográficas o culturales pueden permitirse un aislamiento total de la red de Internet. La falta de desarrollo de la infraestructura les sirve de pretexto. Sin embargo, el mercado negro de las telecomunicaciones prospera, por ejemplo en Cuba o en la frontera entre China y Corea del Norte.

En la actualidad, y por primera vez desde la creación de la Internet, cerca de 120 blogueros, internautas y ciberdisidentes se encuentran detrás de las rejas por expresarse libremente en línea. Las mayores cárceles del mundo para los netciudadanos son China, que encabeza la lista con 72 detenidos, seguida de Vietnam e Irán, que en los últimos meses emprendieron brutales oleadas de arrestos.

Cada vez más gobiernos crean legislaciones represivas y empiezan a aplicarlas. Es el caso de Jordania, Kazajstán, Afganistán e Iraq. La lista de los enemigos de la Internet establecida por Reporteros sin Fronteras reúne de nuevo este año a los principales países que violan de la libertad de expresión en la Web: Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Vietnam.

Algunos de estos países buscan impedir a toda costa que sus ciudadanos tengan acceso a Internet; en otros, los obstáculos técnicos y financieros se conjugan con el control de Estado y la existencia de un Intranet muy limitado; algunos optan por un filtrado masivo e incitan a sus internautas a la autocensura; mientras que naciones como China, Egipto, Túnez y Vietnam apuestan por una estrategia de desarrollo de infraestructura con un objetivo económico, pero controlando siempre de cerca el contenido político de lo se difunde en Internet dentro de sus países, con mecanismos cada vez más sofisticados de filtrado de información.

Entre nosotros, debería ser motivo de preocupación que varios de los principales enemigos de Internet son, según palabras del propio jefe de Estado Hugo Chávez, “socios estratégicos” de nuestro país.

A mediados del mes de abril el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, ofreció unas contundentes declaraciones públicas. Cuestionó justamente la inexistencia de un marco para el ejercicio de la libertad de expresión, a propósito del caso de la detención de Oswaldo Álvarez Paz, como sinónimo del clima de intolerancia que se vive dentro de Venezuela. A su juicio, con acciones de ese tipo resultaba difícil sostener que vivamos en Venezuela con un régimen de naturaleza democrática. Las declaraciones tuvieron eco en diversas páginas web. A eso le siguió una más crítica entrevista con la revista “Poder 360” en la que aseveró que el país vive “bajo la bota de un régimen militarizado y dictatorial que sepultó la democracia”. Hay, obviamente, dentro del campo opositor diversas lecturas sobre la naturaleza de este régimen, pero eso es harina de otro costal, fijemos la atención solamente en el hecho de que Arria dio su punto de vista, su opinión, sobre el gobierno.

El precio que ha debido pagar el ex embajador, por ejercer su derecho a expresarse, es que se le haya confiscado una finca, llamada “La Carolina”, ubicada en las cercanías de Nirgua. El Instituto Nacional de Tierras actúo sin que se sepa de un procedimiento previo, que le permita al afectado defenderse, y procedió a declarar como bien del Estado esta finca. Quien haya transitado por la vía que lleva de Barquisimeto a Valencia habrá constatado que esta tierra está trabajada y que además ofrecía servicios al viajero. Desde mi punto de vista, no puede desligarse la acción administrativa del Estado, que no deja recursos para la defensa, con las declaraciones previas de Arria. El precio que debió pagar Diego Arria, por ejercer el derecho a la crítica pública, ha sido perder sus tierras. ¿Cuáles otras figuras públicas que tengan alguna propiedad susceptible de ser confiscada por el gobierno se atreverán a hacerle críticas al ejecutivo?