Ha sido categórica la declaración emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 25 de marzo. Debido a que constituye un amplio y contundente pronunciamiento en materia de libertad de expresión en Venezuela, hemos decidido transcribirlo completamente en este espacio.
La CIDH expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.
Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.
Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública. El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria

Hay que mirar con cuidado las declaraciones oficiales de la última semana en torno al control de Internet en Venezuela. El 13 de marzo el jefe de Estado deja caer, en medio de un discurso político, que está a disgusto con una expresión libre en Internet y llama a las autoridades, al resto de poderes públicos, a que actúen para ponerle coto a lo que presenta como un territorio sin ley. Incluso saca a colación casos de otros países en los cuales hay límites para la expresión en Internet y se refiere concretamente a Alemania. Deja de lado, y no es casualidad, lo que ha significado la regulación de Internet en naciones, con las cuales –por cierto- nuestro país tiene “relaciones estratégicas”, tales como China, Cuba o Irán. En cada una de esas naciones, no hay que olvidarlo, hay personas pagando penas de prisión por el delito de acceder a Internet y enviar información u opiniones independientes al exterior.
A la declaración presidencial del sábado 13 de marzo, le siguió una semana intensa de declaraciones y refutaciones de todo tipo. Por un lado, el coro automático se encendió apenas habló el presidente, así el ministro Diosdado Cabello o la Fiscal General Luisa Ortega Díaz rápidamente expusieron la necesidad de que regulara el uso de Internet en Venezuela, y ambos abogaron por restricciones que se plasmarán en textos legales. La Fiscal fue más allá y emplazó públicamente a los parlamentarios de la Asamblea Nacional a actuar.
La posibilidad de controles por vía legislativa, es decir con la aprobación de una ley, copó buena parte del debate y hacia allí nos llevó la agenda de discusión oficial. Quedó soslayado un asunto que se ha presentado como “técnico”, cuando en realidad en los países autoritarios, léase Cuba sin ir muy lejos, tiene un manejo político, se trata del establecimiento de un punto de acceso único, administrado por el Estado. Como bien lo ha señalado Víctor Suárez, que la telefónica estatal CANTV maneje tal punto único, hacia donde ya se han dado pasos, no requiere de ninguna ley o decreto, pues justamente se trata de una decisión presuntamente administrativa, que tendría –en nuestro contexto- notables repercusiones políticas. La reciente visita del ministro cubano Ramiro Valdés, quien justamente maneja los mecanismos de censura de la Internet en Cuba, que se han facilitado justamente gracias a ese punto único de acceso controlado por el Estado, no debe soslayarse, como tampoco debe obviarse que en 2009 después de su salida de la policía política, la DISIP, el general Henry Rangel Silva estuvo de candidato a dirigir la CANTV, a cuya junta directiva finalmente se integró.
La puesta en escena se completa el domingo 21 en “Aló, Presidente”, cuando Chávez desmiente categóricamente que haya dicho lo que todos escuchamos y vimos. Pero ya no importa, al tiempo que desmentía la posibilidad de controlar Internet, lo cual seguramente estará seguido de un enfriamiento del tema, el presidente ya ponía otro tema en agenda. Sin embargo, es difícil pensar que a mediano y largo plazo el gobierno acepte convivir con una expresión libre y crítica en el ciberespacio, cuando justamente ha ido estableciendo un modelo hegemónico sobre el mundo de las comunicaciones y la información.

La lista de los enemigos de la Internet establecida por Reporteros sin Fronteras reúne de nuevo este año a los principales países que violan de la libertad de expresión en la Web: Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Vietnam.
Algunos de estos países buscan impedir a toda costa que sus ciudadanos tengan acceso a Internet: Birmania, Corea del Norte, Cuba y Turkmenistán. En otros, los obstáculos técnicos y financieros se conjugan con el control de Estado y la existencia de un Intranet muy limitado. Cortes de la Red o disminución de la velocidad son moneda corriente en épocas de disturbios. Arabia Saudí y Uzbekistán optan por un filtrado masivo e incitan a sus internautas a la autocensura. China, Egipto, Túnez y Vietnam apuestan por una estrategia de desarrollo de infraestructura con un objetivo económico, pero controlando siempre de cerca el contenido político y social (los sistemas de filtrado chinos y tunecinos son cada vez más sofisticados), mostrando así una gran intolerancia de las voces críticas. La grave crisis interna vivida por Irán desde hace meses hace caer en su trampa a los netciudadanos y a los nuevos medios de comunicación, convertidos a su vez en enemigos del régimen.

En los países autoritarios, donde los medios de comunicación tradicionales son controlados por el régimen, la red de Internet ofrece un espacio único de discusión y de intercambio de información, al tiempo que funciona como motor de la protesta ciudadana y la movilización.
Los nuevos medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, han puesto a disposición de la población herramientas de colaboración que permiten cuestionar el orden social. La juventud se ha apropiado de ellos, así Facebook se ha convertido en el lugar de rencuentro de los militantes que no pueden salir a la calle. Un simple vídeo en YouTube –de Neda en Irán o de la marcha de color azafrán de los monjes birmanos– puede bastar para mostrar al mundo entero los abusos de los gobiernos. Una simple llave USB puede permitir la difusión de información prohibida, como sucede en Cuba.
La época en la que la Internet y los nuevos medios de comunicación constituían un campo reservado a los disidentes y opositores ha terminado. La emergencia de las nuevas tecnologías y la aparición de un nuevo escenario de debate público tomaron desprevenidos a los dirigentes de algunos países. La toma de consciencia fue brutal cuando las “Revoluciones de colores” se convirtieron en “Revoluciones Twitter”. Ya no es cuestión de ceder el control del ciberespacio a las voces discordantes. Censura de contenidos políticos o sociales gracias a las últimas herramientas tecnológicas, arrestos e intimidaciones de netciudadanos, vigilancia omnipresente y fichaje destinados a poner en peligro el anonimato de los internautas: los gobiernos represivos han pasado a los hechos.
Durante el año 2009 casi 60 países ejercieron algún tipo de censura de la Web, una cifra que duplicó el registro de 2008. La Web 2.0 se enfrenta al Control 2.0.
Unos cuantos países, como Corea del Norte, Birmania o Turkmenistán, pueden permitirse un aislamiento total de la World Wide Web. La falta de desarrollo de la infraestructura les sirve de pretexto. Sin embargo, el mercado negro de las telecomunicaciones prospera, por ejemplo en Cuba o en la frontera entre China y Corea del Norte.
Los netciudadanos pagan las consecuencias de esta creciente represión. Por primera vez desde la creación de la Internet, cerca de 120 blogueros, internautas y ciberdisidentes se encuentran detrás de las rejas por expresarse libremente en línea. Las mayores cárceles del mundo para los netciudadanos son China, que encabeza la lista con 72 detenidos, seguida de Vietnam e Irán, que en los últimos meses emprendieron brutales oleadas de arrestos.
Cada vez más gobiernos crean legislaciones represivas y empiezan a aplicarlas. Es el caso de Jordania, Kazajstán, Afganistán e Iraq. Las democracias occidentales no escapan de esta lógica de regulación de la red. En nombre de la lucha contra la pornografía infantil o por el respeto del derecho de la propiedad intelectual, leyes y decretos fueron adoptados o están revisándose en Australia, Francia, Italia y Gran Bretaña.
Los países escandinavos toman un camino distinto. En Finlandia, el decreto nº732/2009, que entrará en vigor el 1 de julio de 2010, convierte el acceso a Internet en un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Conforme a dicho texto, cada ciudadano deberá beneficiarse de una conexión de por lo menos 1 megabit. En 2010, deberá ser como mínimo de 100 megabits. Por su parte, el Parlamento islandés examina actualmente una propuesta de ley ambiciosa, “Icelandic Modern Media Initiative” (IMMI), destinada a proteger las libertades en Internet, garantizando así la transparencia y la independencia de la información. En caso de adoptarla, Islandia se convertiría en un paraíso cibernético para blogueros y los periodistas que trabajan en la red.
La totalidad de párrafos anteriores son extracto de una declaración pública que puso en circulación Reporteros Sin Fronteras el pasado 12 de marzo, una fecha que anualmente la organización está enarbolando como día para lucha contra la cibercensura. En Venezuela, un día después, el presidente Chávez pide sanciones contra Noticiero Digital y asume la línea política de que debe controlarse la red de Internet. ¿Habrá alguna coincidencia o es mera casualidad?

Los gobiernos no juegan limpio, es decir no actúan de forma transparente y equilibrada, cuando se trata de regular a los medios de comunicación. Esta conclusión resalta, entre un conjunto de 10 desafíos para la libre expresión que hace poco dieron a conocer el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Los relatores destacaron los avances registrados en el campo de la libertad de expresión durante la última década pero también expresaron su preocupación por los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio de este derecho. En particular enfatizaron los problemas que surgen por la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, las presiones políticas, comerciales y sociales sobre los medios de comunicación, la falta de tolerancia al pensamiento crítico por parte de los gobiernos y la necesidad de implementar más y mejores mecanismos para lograr la inclusión al proceso comunicativo de los sectores excluidos.

Los retos más importantes mencionados en esta declaración se refieren a los siguientes asuntos: 1) la existencia de mecanismos ilegítimos de los gobiernos para controlar los medios de comunicación; 2) la existencia de leyes penales que criminalizan la crítica; 3) la creciente violencia contra periodistas y comunicadores; 4) la necesidad de reforzar la vigencia e implementación del derecho de acceso a la información; 5) la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; 6) las presiones económicas que limitan la libertad de expresión; 7) la falta de un marco regulatorio que garantice la existencia, independencia y el adecuado sostenimiento de las emisoras públicas y comunitarias; 8 ) las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional, 9) los riesgos que existen sobre las nuevas tecnologías y, en particular, sobre Internet; y 10) la urgencia de garantizar el acceso de todos a Internet.
Ocupa el primer lugar en el ranking de preocupaciones, y ello no es casual, el hecho de que los gobiernos no juegan limpio en su afán de controlar a los medios de comunicación. Venezuela puede considerarse una suerte de laboratorio en dicha materia. En 2007 como en este 2010, el gobierno de Hugo Chávez usó subterfugios legalistas (es difícil decir que es legal cuando se hace un uso arbitrario del poder) para en primera instancia dejar sin permiso de televisión abierta a RCTV, y ahora también sacar de la televisión paga al canal de Quinta Crespo. Ambos procesos pusieron en evidencia dos aspectos que preocupan a la comunidad internacional que defiende la libre expresión: no hay en nuestro país organismos autónomos que apliquen la ley en materia de comunicación social, pues obviamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es absolutamente dependiente de los deseos del ejecutivo y que a la cabeza de ésta se encuentre Diosdado Cabello confirma el rol político de dicha instancia; igualmente preocupa que las decisiones que toma el ejecutivo no dejan espacio para la legítima defensa que tienen todos en nuestro país, incluyendo a los medios de comunicación. Cuando ordenó el cierre de las 34 estaciones, en julio pasado, se anunció la medida un viernes en la noche, se aplicó a la medianoche y los afectados sólo podían apelar la medida el día lunes, cuando ya había sido ejecutada. Un juego nada limpio.

La semana pasada debe ser recordada en Venezuela. Dos noticias que más bien quedaron en la sección de breves, deben ser resaltadas. Por un lado, fue detenido un ex policía implicado en el asesinato del periodista y profesor universitario Orel Sambrano, ocurrido en Valencia el 16 de enero de 2009. Con apenas dos días de diferencia, se conoció de otra detención, en Tucupita fue apresado José Ceferino García, el autor intelectual del asesinato del periodista y concejal Mauro Marcano, hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2004. Resulta llamativo que en una misma semana hayan tenido lugar, en lugares distantes de la geografía nacional, ambas detenciones, que además tienen otra cosa en común: tanto Marcano, como Sambrano estaban denunciando –al momento de de ser asesinados- las redes del narcotráfico que habían penetrado diversos poderes públicos en Monagas y Carabobo, respectivamente.

Los dos asesinatos colocaron en evidencia muchas cosas. Marcano denunciaba cómo las redes del llamado Cartel del Sol, dirigido por José Ceferino García, habían llegado a penetrar a las fuerzas de la Guardia Nacional, que entre sus misiones tiene justamente luchar contra el tráfico en el país. Resultaba una cruda paradoja que aquellos que debían combatir el tráfico de drogas habían sido comprados por los narcotraficantes. Marcano apelaba a la radio y a la prensa local para sus denuncias. El 1 de septiembre de 2004 fue esperado en la entrada del edificio donde habitaba por dos hombres en una motocicleta. Sin mediar palabra le quitaron la vida.

Sambrano también fue abordado por dos motorizados a primera hora de la tarde del 16 de enero de 2009. Acababa de culminar su programa radial. Sambrano denunciaba firmemente a la familia Makled, con diversos negocios que crecieron con la gestión Acosta Carlés en Carabobo. En la hacienda propiedad de esta familia fue incautada un alijo importante de droga. Al igual que Sambrano, se presume que los Makled ordenaron asesinar al vecino de la hacienda, el veterinario Francisco Larrazabal, quien era testigo clave en el juicio que se le sigue.

Marcano en Maturín, Sambrano en Valencia, cada uno pagó con su vida por la labor pública de denuncia que realizaban, especialmente desde el espectro radial.

En ambos casos la justicia venezolana tiene una deuda clara, que a su vez es una suerte de mensaje al resto de la sociedad. Si no hay castigo ejemplar para los responsables, como ha venido ocurriendo en el ya largo proceso que va desde la muerte de Marcano en 2004, entonces los traficantes de drogas pueden entender que su poder es inmune, que están por encima de las leyes y la justicia.

Un mensaje de impunidad, en los casos de asesinatos de periodistas, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un retroceso en el derecho del conjunto de la sociedad a estar informada. Si en casos como los de Marcano y Sambrano no hay sanción para los responsables, otros periodistas podrán asumir que si hacen denuncias contra el tráfico de drogas, pueden correr la misma suerte de estos dos periodistas. La semana pasada tuvimos una buena señal para combatir la impunidad. Ojalá que no se quede solamente en una primera señal y se siga adelante en ambos casos.