Este domingo el presidente Hugo Chávez en su maratónico “Aló, Presidente” dejó caer esta frase: “hay que contraatacar a las páginas de Internet, porque eso corre por todos lados”. No dijo el jefe de Estado de que habrá una censura directa sobre los contenidos en línea, difícilmente en el mundo de hoy alguien lo diría abiertamente. Es un asunto, en todo caso, en el cual habrá que estar atentos por al menos tres motivos.
¿Qué tienen en común China, Cuba e Irán? Además de sostener relaciones estratégicas con Venezuela, en estos tres países sí hay mecanismos oficiales de censura de Internet bajo distintas modalidades. China ha perfeccionado un sistema para bloquear las páginas que hablen, por ejemplo de democracia; Cuba, con su precariedad económica, ha limitado el acceso a Internet a una élite oficial, diplomática y periodística; entretanto en Irán, como lo demostraron los juicios a los opositores que protestaron por las pasadas elecciones, el gobierno interviene los correos personales como antes lo hacía con las llamadas telefónicas. La cercanía del gobierno del presidente Chávez con estos tres países, en los que se aplica la censura en contenidos y en el acceso a Internet, es un primer motivo para estar atentos en Venezuela.
Un segundo motivo para no perder de vista este asunto tiene que ver con el papel del Estado como proveedor madre del acceso a Internet en Venezuela. La empresa CANTV fue estatizada y el gobierno declaró a las telecomunicaciones como un campo estratégico. Si bien en este momento la empresa está dirigida por un técnico, y difícilmente se puede dudar de tal condición en el caso de Franco Silva, es un hecho llamativo que el general Henry Rangel Silva haya pasado a integrar la junta directa de la telefónica estatal el año pasado, después de estar al frente de la DISIP.
Un tercer motivo, que es lo que seguramente llamó la atención del presidente Chávez, y eso es lo que revela su frase, es que el gobierno está perdiendo la batalla de las ideas –como le gusta decir al chavismo- en Internet y en particular en las redes sociales como Twitter y Facebook. No es censura, al menos públicamente, lo que está pidiendo el presidente, sino que ha constatado que una versión diferente a la verdad oficial le está dando la vuelta al mundo, y ello es gracias al activismo ciudadano democrático que se apoya en las nuevas tecnologías.

24.01.2010

Esta vez el gobierno de Hugo Chávez hizo el anuncio y escasas horas después ya estaba cumplida la medida: el canal RCTV quedó fuera de la pantalla a las 12.01 de este domingo 24 de enero de 2010. El 27 de mayo de 2007 salió de la televisión abierta, a pesar de ser el canal más visto en el país y el más antiguo, bajo la acusación de “golpista”, que hasta ahora ningún tribunal del país ha sentenciado. En aquella oportunidad, el anuncio ocurrió cinco meses antes, lo cual permitió que se activaran acciones de diverso tipo por parte de los afectados y de los ciudadanos. Sí algo aprendió el gobierno de Hugo Chávez de aquella medida, de tres años atrás, es que el cierre de un medio de comunicación debe ocurrir de madrugada, preferiblemente un fin de semana y con poco tiempo entre el anuncio y la medida efectiva de blackout. Así se produjo la salida del aire de las 34 estaciones el 31 de julio de 2009 y así ocurrió este domingo 24 de enero.
La reacción ciudadana no se hizo esperar, cacerolas, sirenas, mensajes electrónicos recorrieron la madrugada venezolana. Salvo la cobertura de Globovisión, cuyo radio de acción está limitado a Caracas, alguna que otra ciudad y al cable, para el resto de la televisión venezolana no existió el segundo blackout de RCTV. Se ha cumplido el designio de la hegemonía gubernamental en materia de información y comunicación: la desinformación. Las cadenas de mensajes ciudadanos, indignados e impotentes, a través del facebook y twitter, rápidamente han sido condenadas por el ministro del Interior de Venezuela: estas herramientas son instrumentos del imperio utilizados por tontos útiles.
La vuelta de tuerca de la censura oficial que se expresó este domingo estaba esperando, desde el mismo año 2007, el momento oportuno, según la evaluación oficial. Cuando se revisan las declaraciones de los entonces ministros Jesse Chacón y William Lara en 2007, quedaban dos cosas claras: después del cierre de RCTV en la señal abierta seguía Globovisión y se pondría en cintura a los medios televisivos de la televisión por suscripción, un artilugio, en realidad se seguía apuntado a RCTV, como lo viene a demostrar lo que ha sucedido este mes. El canal de noticias está cercado con los procedimientos administrativos de CONATEL, que es otra forma de restringirle en su derecho a informar libremente, mientras que RCTV vuelve a vivir nuevamente su salida de la pantalla, antes de la televisión abierta, esta vez de la televisión paga.
La medida es arbitraria. Se anunció y se aplicó sin posibilidad alguna de que los afectados pudieran acudir a la justicia para impedirla, pues los tribunales de Venezuela no trabajan un sábado en horario nocturno. De hecho con el nuevo racionamiento eléctrico también está racionada la justicia: los tribunales sólo operarán hasta la 1 de la tarde. El ministro Cabello, colocado al frente de CONATEL con aquella lapidaria frase del presidente Chávez, “tú te encargas Diosdado o debes renunciar”, sostuvo que sólo se estaba haciendo cumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, pues dicho instrumento prevé como primer mecanismo sancionatorio la apertura de un procedimiento administrativo, no el cese de la transmisión.
El gobierno aprende en su práctica autoritaria. Ésta vez delegó en las operadoras de cable la aplicación del blackout, “son ellos los que deberán hacer cumplir la ley”, y sorprende que todas las empresas hayan cronometrado sus relojes: a las 12.01 en todas las empresas de cable dejó de mostrarse la imagen de RCTV, en alguna empresa hasta pusieron un mensaje en el que insinuaban que el canal estaba fuera de la ley… ¿cambio de roles? Es un secreto a voces lo que ha ocurrido con las empresas de cable, o sacaban a RCTV apenas Cabello diera la orden o perdían su licencia para operar. Todas siguen operando.
El presidente Chávez dio una breve cadena este sábado 23, como de costumbre atacó a la oposición, como siempre habló en un acto proselitista usando mecanismos públicos (las cadenas son públicas, no partidistas). Fue muy corta al contrario de lo que ha sido su historia en casi 11 años de gobierno. Sólo quería poner a prueba si RCTV se uniría a este mensaje. El canal no lo hizo, no podía ser de otra forma, pues sigue defendiendo su condición de medio audiovisual internacional, y por tanto no está obligado a tales mensajes. La parcialidad de CONATEL, que debería ser el árbitro imparcial para dirimir una situación como ésta, es otro elemento del engranaje oficial. RCTV ha anunciado que acudirá este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y sin duda debe hacerlo. Tal vez logre rescatar, de algún rincón en el TSJ, los recursos que introdujo en 2007, algunos de los cuales sencillamente reposan sin respuesta tres años después en la instancia que, precisamente, debería administrar justicia.

De acuerdo con el Comité por la Protección de los Periodistas (www.cpj.org), en su censo de prisiones del 2009, existían un total de 136 reporteros, editores y reporteros gráficos tras las rejas al 1 de diciembre, 11 más que en 2008.
Para los periodistas, China junto a Irán, Cuba, Eritrea y Birmania son los peores lugares, pues existen el mayor número de periodistas encarcelados. Un asunto sensible sobre el que llama la atención el CPJ este año, tiene que ver con que casi la mitad de los detenidos son periodistas independientes. “Los periodistas independientes son especialmente vulnerables al encarcelamiento porque no tienen el apoyo financiero y legal de una organización de medios”, señaló un reporte de la organización con sede en Nueva York.
En China, 22 de los 24 periodistas encarcelados son independientes. En Eritrea, el Gobierno se negó a revelar incluso el lugar de detención de los periodistas. En Irán, casi todos los periodistas encarcelados actualmente fueron arrestados en las recientes protestas postelectorales. La mayor parte de los 22 escritores y editores presos en Cuba fueron arrestados en la violenta ofensiva de Fidel Castro en el año 2003.
Los periodistas de Internet y de prensa escrita constituyen el grueso del censo del CPJ. En otros casos, los periodistas son acusados por infracciones a las reglas de censura o de cargos no relacionados con el periodismo. Un caso emblemático, de esto último, lo tenemos en Venezuela, pues Gustavo Azócar está preso en Santa Ana (Estado Táchira), acusado de no transmitir –presuntamente- unas cuñas publicitarias durante el año 2000. Azócar forma parte de esa lista del CPJ.

Se trató de la crónica de una medida anunciada. Como viene siendo una costumbre, en vísperas de navidad, cuando la atención del país estaba volcada en otros asuntos, el ministro Diosdado Cabello, a la par presidente del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), anunció la providencia oficial que regulará la televisión por suscripción hecha en Venezuela. Para quienes tienen en los detalles e implicaciones, pueden buscar esta medida en la Gaceta Oficial 39.333 del 22 de diciembre de 2009.
Existe un franco desconocimiento, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sobre cómo opera la televisión por suscripción. La expansión que ha tenido este servicio se debe a que justamente los suscriptores pagan por tener un menú de opciones en el cual puedan escoger libremente. La propuesta oficial de llevar a los canales por suscripción, hechos en Venezuela, a un modelo en el que deben repetir lo que hace la televisión abierta (y gratuita), es negativa por varias razones. Tal propuesta, junto a otras acciones de carácter administrativo, pueden llevarnos al camino del aislamiento en materia de información y entretenimiento.
En un afán controlador de los diversos ámbitos de la vida pública nacional, CONATEL intenta “meter en cintura” a los canales locales por suscripción. Por principio no está mal que existan normas oficiales que rijan a los medios de la TV paga, pero estamos en presencia de un nuevo modelo de control sobre la producción audiovisual que se expresará en la obligatoriedad de estos canales en la transmisión de las cadenas presidenciales, así como en los mensajes oficiales, tal como ocurre con la televisión abierta. Esta medida terminará afectando el derecho de elegir libremente por parte de los suscriptores. Por otro lado, le coloca un peso muerto a las programaciones de estos canales, que si bien se hacen en Venezuela, justamente gracias a las posibilidades de la televisión por suscripción, pueden ser vistos en diversos países. Venezuela, por otro lado, dejará de ser un lugar atractivo para que se establezcan iniciativas internacionales de televisión, que si bien pueden ser un producto 100 por ciento venezolano, tengan aspiraciones de transmisión continental, por ejemplo. Ni hablar de proyectos que apelen al talento venezolano con fines de exportación.
La política de CONATEL, cuando se le revisa, parece apuntar a consolidar un aislamiento televisivo que puede verse en dos direcciones: control sobre lo que se emite hacia Venezuela, y es lo que se pone en las pantallas locales, y sobre lo que emite Venezuela hacia el exterior, lo que puede verse de nuestro país en las pantallas foráneas. No parece ser un asunto casual, ni producto del azar. Es parte de una estrategia de hegemonía y control sobre las comunicaciones.
A esta política regresiva, pues en general el mundo camina hacia un modelo de comunicación libre y plural –incluso así lo establece nuestra constitución-, se unen retrasos administrativos en la entrega de divisas por ejemplo para que los proveedores estén al día en materia de los contenidos que compran en el exterior y, lo que es más grave, una falta de recursos en moneda dura (por los propios controles oficiales) para hacer inversiones en actualización tecnológica. También debe esperarse un fuerte impacto de la devaluación en este sector. Cuando se suma todo esto, el resultado es el aislamiento.

Cada cierto tiempo, desde el poder, se enfilan las acusaciones contra José Antonio Páez. Nuestro interés no es hacer un panegírico. Sin embargo, al retratar un par de sus actuaciones tal vez ayude a tener una mirada menos maniquea sobre Páez. Por cierto, justamente el poder actual le endosa con mucha facilidad el adjetivo de traidor a quien fue, sin duda alguna, con sus errores y aportes, una figura fundante de nuestra patria.

Si bien era indiscutible el papel de José Antonio Páez como caudillo en el lapso 1830-47, tal vez un ejemplo permita captar cabalmente un retrato de aquellos años, de intenso debate, con proliferación de medios impresos, hechos para el debate político. Como nos recuerda Augusto Mijares, uno de los grandes ensayistas históricos del país, en 1839 el fundador de la Academia de las Matemáticas, Juan Manuel Cajigal, escribió un artículo de prensa que terminó disgustando a Páez. Dada la condición castrense de esta academia (que a su vez formaba parte de la Universidad) y del rango de comandante que poseía Cajigal, el caudillo ordenó que fuese destituido de la cátedra que ocupaba. El afectado apeló ante las autoridades de la Universidad, así como ante la Junta de Inspección y Gobierno, sin retractarse de lo publicado. Finalmente se determinó que el desempeño de Cajigal no comprendía carácter militar sino puramente civil, por lo que el propio Páez debió revocar su decisión.

La constitución de 1830, en su artículo 194, establecía que “todos los venezolanos tienen derecho a publicar sus pensamientos y opiniones de palabra, o por medio de la prensa, sin necesidad de previa censura”.

El 27 de abril de 1839 fue sancionada en el Congreso de Venezuela una nueva Ley de Imprenta, con la cual se derogaba la de 17 de septiembre de 1821. Tuvo muy pocas variaciones, una de las disposiciones refrendadas que mayor polémica levantó tenía que ver con la responsabilidad del impresor –además del autor- sobre aquello publicado. La ley se promulgó pese a la objeción del general Páez, presidente de la república en ese entonces, como nos lo recuerda Lucía Raynero. Le resultaba una restricción indebida el castigo de los impresores: “Siendo absolutamente libre a todo venezolano la facultad de publicar sus pensamientos por medio de la prensa, todo obstáculo que se ponga al impresor, bien amedrentándole, bien haciendo recaer sobre él las multas y prisiones, por el hecho de haber llevado a efecto la impresión, es una evidente coartación del derecho amplio de que gozan los venezolanos para publicar por la prensa sus ideas”.

El debate planteado tiene plena validez incluso en el contexto actual, incluso deberían releerlo los magistrados de nuestro máximo tribunal. Se trata de que cualquier abuso cometido haciendo uso de la libertad de imprenta, no impusiera tales castigos que pusieran fin a las publicaciones, a lo cual podía llevar la ley poniendo parte de la carga en el impresor. Era necesario que se aplicasen penas justas. A fin de cuentas, tal como lo establecen las normas internacionales modernas, Páez planteaba que las responsabilidades fuesen ulteriores a la expresión y que ninguna sanción fuese tan fuerte que implicara el cese de un medio.