Una efectista campaña publicitaria del gobierno venezolano coloca distintos testimonios de ciudadanos que en nuestro país han encontrado solución a problemas de diversa índole. Luego de contar su historia, la campaña lanza este slogan: los venezolanos nos estamos acostumbrando a ver lo extraordinario en algo cotidiano. Es loable que el gobierno dedique esfuerzos importantes en dar respuesta a la agenda social de Venezuela. Efectivamente se requieren más casas, más servicios de salud, más escuelas, en fin la lista es interminable. Lo que puede ser discutible es asumir la idea de que “extraordinario” es que la gente en nuestro país tenga acceso a la vivienda, cuando sencillamente estamos hablando de un derecho humano básico. Poco de extraordinario tiene que el gobierno, que ya tiene una década en el poder, construya las viviendas que necesita la población. No se trata solamente de que el común de los venezolanos pueda tener acceso a una vivienda, sino que éstas viviendas sean dignas. Pero eso es harina de otro costal.
Volvamos a lo extraordinario y lo cotidiano. Hasta hace algunos años era cotidiano en Venezuela contar con servicios de energía eléctrica y agua potable. Es decir, lo normal, lo cotidiano, era tener dichos servicios con regularidad, incluso en muchas barriadas populares del país. Tales servicios, en los últimos tiempos, han pasado a ser algo extraordinario. Paséese por diversas conversaciones de su familia o compañeros de trabajo y/o estudio y se encontrará que hoy es motivo de anuncios extraordinarios algo que debería ser cotidiano como contar con estos servicios básicos: ¡llegó el agua!, ¡hoy no se fue la luz¡.
Hace algunos años en una visita a Cuba un amigo escritor, que tenía al mismo tiempo una lectura corrosiva de la isla, pero tampoco tenía entre sus planes irse al exilio, me comentaba una cruda paradoja que el socialismo no logró superar, ni en suelo cubano, ni en la propia Unión Soviética. Me decía éste amigo: en Cuba te pueden hacer de forma gratuita una operación muy especializada en corazón abierto, y ese sin duda alguna es un logro de la revolución; pero si se te ocurre ir a la farmacia a comprar una aspirina, no la encontrarás de ningún modo. Esa cruda paradoja atravesaba a muchos campos de la vida en Cuba: una alta tecnología para resolver algunos problemas, pero al mismo tiempo carencias básicas. A fin de cuentas, y no es un juego de palabras, lo extraordinario se hacía cotidiano en Cuba (con las operaciones especializadas), pero al mismo tiempo lo que debería ser común pasaba a ser especial (conseguir una aspirina).
En Venezuela, el proceso bolivariano que insiste en llevar al país a un socialismo que ni la propia dirigencia puede definir con exactitud, parece haber copiado algunos defectos del régimen cubano. De esa forma, y es lamentable para quienes vivimos aquí, cosas cotidianas, que deberían funcionar como servicios básicos indispensables tales como el agua, la luz, la recolección de la basura, etcétera, pasan a ser cuestiones extraordinarias. La revolución que demanda el país es aquella en la cual la gente tenga calidad de vida, y para ello es necesario que lo cotidiano no sea un asunto extraordinario.

Pasan los días en Venezuela, y el país parece acostumbrarse a ciertas prácticas, se hace cotidiano lo que debería ser excepción. Es un hecho, y hay que repetirlo, las prácticas comunicacionales del gobierno de Hugo Chávez, desde que asumió el poder, en febrero de 1999, distan mucho de ser democráticas. Tal práctica oficial, en sí misma debería alarmar, porque además ha estado acompañada -como telón de fondo- de una política de acaparar medios de comunicación. El hecho palpable de que haya más medios gubernamentales, especialmente en la pantalla chica, ni ha democratizado la palabra, y menos aún ha significado una democratización del debate político. Y es francamente una utopía pensar que esta administración se aboque a criterios de servicio público. Tal práctica no sólo no dejaría de ser cónsona con la lógica imperante, sino que sería una franca contradicción.

¿Qué cosas no se hacen en nuestros medios estatales? ¿Por qué si hay más medios manejados por el Estado eso, en sí mismo, no ha representado una democratización genuina de la comunicación en Venezuela? Me atrevo a fijar dos carencias fundamentales. La primera, y tal vez la más visible, tiene que ver con la ausencia de debate dentro de los medios gubernamentales. Ese es un problema bastante serio. Mucha tela hay para la descalificación, o para cuestionar a los que no están presentes en ese momento, pero debate con D mayúscula, pues no lo hay, y no se ven señales para ello. Debe decirse que esa ausencia de discusión democrática ha sido una larga falencia de los medios estatales en Venezuela, sólo que en los últimos años ha llegado a extremos burdos. La generación de un debate en los medios gubernamentales en nuestro país implicaría, en primer lugar, la existencia de una política comunicacional que le otorgue validez al punto de vista del otro, y éste, en tanto es válido, está presente no sólo de forma causal, accidental o intencional, según las circunstancias. Obviamente creemos que para que se produzca tal debate debería existir respeto, por igual, para todos los actores políticos y/o sociales que tienen vida en la nación, y ello implica el establecimiento de normas estrictas en materia de asignación de espacios, preguntas, tiempos para respuestas, equilibrio en quien conduce, etcétera. Nada de eso está hoy.

Las prácticas comunicacionales democráticas, por otro lado, representan un serio reto, especialmente para los medios estatales, pues se entiende que han sido creados para dar un servicio a toda la ciudadanía, a todos los habitantes del país, y no sólo para aquellos que militan o se identifican con el proyecto político que ejerce el poder. En nuestro aquí y ahora, suena a palabra hueca. Todos quienes han ocupado altos cargos en la administración gubernamental de la comunicación sostienen exactamente lo contrario: los medios oficiales son para defender a capa y espada el proyecto bolivariano, y cualquier estrategia es válida, incluso aniquilar simbólicamente al otro. Esto se produce con estas puestas en escena: programas o artículos para despotricar de las voces opositoras o independientes, los señalados en tales espacios no tienen derecho a réplica o a defenderse; entretanto, se hace omisión rampante de los defectos o irregularidades del gobierno y cuando se habla de ellas son para responsabilizar a la malévola oposición por generar matrices mediáticas o de opinión, que sólo buscan confundir al pueblo. A fin de cuentas, una práctica nada democrática, pues un principio básico de cualquier debate es que puedan estar los puntos de vista en igualdad de condiciones.

El debate sobre el rol de los medios en el conflicto político copó unas cuantas páginas, pero el ojo de la crítica parecía estar enfocado en las empresas periodísticas privadas; en eso ha sido exitosa la gestión comunicacional del gobierno. Mientras que, a decir verdad, ha sido escaso el cuestionamiento, incluso en el ámbito académico, sobre el manejo de los medios estatales de comunicación en Venezuela. Para ex presidentes de Venezolana de Televisión, con aguda formación periodística como Vladimir Villegas o Mary Pili Hernández, el asunto parecía saldado con la justificación de que al estar los medios privados inmersos en una creciente ola de oposición, ello era razón válida para que desde la pantalla estatal se abrazara abiertamente una causa partidista.

Se perdía de vista, y sigue siendo esa la tónica, que al ser justamente una institución estatal le correspondía hacer una apuesta mayor, para que allí encontraran eco todas las voces de la sociedad, incluso aquellas claramente opositoras. Como ha sucedido en gestiones anteriores, incluso la de una furibunda antichavista, como lo es Marta Colomina, quien estuvo al frente de “el canal de todos los venezolanos” en el gobierno de Jaime Lusinchi, se confunde con absoluto desparpajo gobierno y estado, se traspapelan roles y el resultado es una pantalla abiertamente parcializada, una suerte de trinchera ideológica.

En la actualidad, el discurso monolítico termina asfixiando incluso al propio debate “intrachavista”. La práctica instaurada en la pantalla estatal es invitar a funcionarios de alta o mediana jerarquía, algunos académicos claramente progubernamentales y militantes alineados acríticamente con el régimen. De tal forma, que el discurso termina siendo unidireccional, uniforme, en el que tampoco tienen cabida aquellas voces críticas del chavismo, que sin renunciar a su militancia mantienen posiciones de cuestionamiento.

Un tema preferido en muchos de estos espacios es el “análisis crítico” de los “medios golpistas”, y entonces se pasean por diversos conceptos como objetividad, veracidad y responsabilidad social, sin detenerse por un minuto a evaluar si éstos también deberían ser parte del deber ser de un canal estatal. Es notable la desaparición de otras voces, incluso está ausente la diversidad que cohabita dentro de la amalgama política que podemos denominar chavismo. Y peor aún, la pantalla estatal parece desoír a los ciudadanos de a pie que protestan por promesas no cumplidas, por obras entregadas por fallas o sencillamente que demandan canales de genuina participación ciudadana.

No existen herramientas metodológicas para establecer una pauta adecuada de pluralismo o el nivel correcto de participación ciudadana. Sin embargo, la reciente experiencia chilena de televisión pública ha colocado el debate sobre estas cuestiones con acento latinoamericano. Esto último es importante destacarlo, pues en el pasado la discusión parecía encerrada en que el modelo a seguir era algo parecido a la BBC, y cualquier otra cosa no servía. Valerio Fuenzalida, del Instituto de Estudios Mediales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha venido haciendo significativos aportes al nuevo debate sobre los medios estatales en América Latina.

En palabras de Fuenzalida, la sociedad exige más información social con puntos de vistas representativamente divergentes, de tal manera que la ciudadanía pueda escoger más informadamente en las decisiones político-sociales. Ello, y no es exclusivamente su punto de vista, ha implicado un cambio consiguiente como es el deterioro del concepto de “objetividad” y su progresivo reemplazo por el concepto de información plural y balanceada, la cual incluye que la diversidad de puntos de vista e intereses es esencialmente constitutiva de la discusión político-social.

Este pluralismo es lo que debería garantizar una televisión estatal con vocación de servicio público. Pero tal planteamiento, lo sabemos por la experiencia reciente de Venezuela, seguramente tendrá el rechazo de quienes conciben la comunicación como propaganda militante, y peor aún descalificadora de los oponentes. La construcción del pluralismo comunicativo en Venezuela, un reto urgente para fortalecer la democracia en nuestro país, tiene una asignatura pendiente en materia de medios oficiales durante estos años con Chávez en el poder.