El lanzamiento de la Televisión Digital Abierta, en Venezuela, terminó siendo una acción que va en contravía de los estándares internacionales en materia de medios y libertad de expresión. Según el anuncio oficial, la nueva plataforma busca democratizar la emisión y recepción televisiva, pero en realidad aplicó una medida discriminatoria al no incluir a la totalidad de canales de televisión que desde Caracas están emitiendo sus señales. El punto más llamativo lo constituye Globovisión, el medio que ha figurado como objetivo gubernamental dentro de una estrategia que busca su asfixia.

La TDA, siglas que comenzarán a ser de uso corriente a partir de ahora, pasa a ser entonces un nuevo espacio que se presenta con el discurso de la democratización, cuando en realidad representa una faceta que se suma a la política de la hegemonía comunicacional. La TDA le está dando prioridad a los medios oficiales y, según los primeros anuncios, eso parece ser una tendencia que se remarcará en el tiempo. Es decir, que la nueva plataforma digital fomentará la aparición de nuevos canales, pero ello no necesariamente implicará una democratización en la medida en que está demostrado que los medios oficiales dominados por el chavismo cumplen una clara función ideológica.

Una genuina democratización implica no discriminar a medios de comunicación en razón de sus líneas editoriales críticas, es éste un claro estándar internacional.

La TDA implicará la aparición, diríamos que la multiplicación, de los canales bajo el formato digital. La actual plataforma analógica tiene serias limitaciones ya que hay un número limitado de señales que se pueden asignar. La TDA, según lo que he le oído a expertos en otros países, representa una multiplicación por tres de la capacidad de asignar medios televisivos dentro del espectro radioeléctrico. Lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, en tanto, es una acción política genuinamente democratizadora con estrategias para que medios comunitarios accedan a la TDA, así como universidades, fundaciones, etc. Democratizar significa diversificar las voces. Constreñir, dejar por fuera las voces críticas, no es –desde ningún punto de vista- una acción democratizadora.

En relación con las fechas hay dos asuntos que conviene tener presente. Por un lado figura 2009. Se anunciaba la inminente implantación de la TDA en el país. Pasaron cuatro años para que efectivamente se inicie la implementación. Eso representa un severo atraso, ya que el país terminó a la cola ya que el resto de naciones latinoamericanas tomó acciones en los años recientes. Como en otros ámbitos de la vida nacional, la TDA debe haber representado un gran negocio para algunos, ya que los decodificadores se comprarán a Argentina y en el acto de lanzamiento incluso habló Julio de Vido, el polémico ministro que estuvo involucrado en el caso del maletín con los 800 mil dólares que viajaron en efectivo desde Caracas a Buenos Aires.

La segunda fecha termina dándole la razón a la denuncia planteada por Globovisión. Se trata del año 2020. Hasta ese momento se harán transmisiones simultáneas a través de la plataforma actual (analógica) y la TSA. Ese año tendrá lugar el llamado apagón analógico, que no es otra cosa que poner en off las señales bajo la vieja plataforma y sólo estarán al aire los canales de televisión bajo el formato TDA. A los canales que han quedado por fuera de la TDA les queda un largo camino para protestar y buscar revertir esta medida. La discriminación no puede guiar la política del Estado.

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Fue asesinado el hijo del dirigente político Claudio Fermín. La notoriedad pública del padre, quien fue candidato presidencial y figura primordial de la política venezolana hace un par de décadas, convirtieron este hecho en una noticia de gran impacto. Sin embargo, colocado en el rol de padre de una víctima de la violencia desatada en Venezuela, Claudio dio una muy escueta declaración. Le tocó al dirigente el peregrinar de ir a la morgue para reconocer que uno de los cadáveres depositados allí efectivamente era el de su hijo. Se llamada Alejandro, era arquitecto, tenía 33 años y fue asesinado con un arma de fuego.

El impacto de la noticia ha sido notorio, al punto de que el ministro del Interior y Justicia designó al director del CICPC al frente de las investigaciones para determinar las responsabilidades en este caso. Sin embargo, no podemos perder de vista el problema estructural que vive en el país en relación con la violencia. No se trata de un caso aislado, y al contrario, un hecho como este pone al descubierto lo extendido que está el problema de la violencia. Se trata de una violencia desproporcionada, sin sentido y en la gran mayoría de los casos sin sanciones para los responsables.

En todos los estudios de opinión pública realizados en el país, a partir del año 1989, la inseguridad personal ha ocupado el primer lugar –lamentablemente- entre los principales problemas que aquejan al venezolano. Eso sin duda debería ser una señal de alarma para cualquier autoridad. Hemos tenido en Venezuela, sin embargo, altos funcionarios que hasta señalado a la inseguridad como “una sensación”, con lo cual pretendieron restarle importancia al asunto y con ello ocultar lo que es u propia incompetencia. El asesinato del hijo de Claudio Fermín, una figura conocida de la vida nacional, pone nuevamente sobre el tapete la gravedad de este problema. No se trata de una resanción.

De acuerdo con las cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirige el sociólogo Roberto Briceño León, el año pasado nuevamente se estableció un récord nefasto en el país, ya que se registraron más de 21 mil homicidios, la gran mayoría por armas de fuego. Y el asunto no es un número meramente.

La gran mayoría de personas asesinadas en nuestro país, al igual que en el caso del hijo de Claudio Fermín, son hombres y menores de 40 años. Las personas que están muriendo en Venezuela, principalmente, están en edad productiva con lo cual no sólo sus familias les lloran, sino que el país paulatinamente también va perdiendo un capital humano irrecuperable.

Se trata de un problema complejo, sin duda, y de difícil solución. Lo lamentable de los últimos años es la ausencia de acciones globales y coordinadas, involucrando a todos los que tienen algo que aportar. Algunos funcionarios muestran con orgullo que los mayores índices de homicidios ocurren en alcaldías o gobernaciones controladas por la oposición, cuando su respuesta debería ser el trabajo conjunto con esas dependencias, sin importar el color político, en aras de efectivamente garantizar la seguridad a los venezolanos.

La sociedad parece acostumbrarse a esta problemática. Los asesinados durante un fin de semana pasan a ser una suerte de parte de guerra cada lunes, sin que estalle una queja social por un fenómeno que sencillamente desangra al país. Hasta que ocurre un hecho lamentable como éste, la víctima es familiar de una figura pública y una cierta conmoción se apodera del ambiente. Pero nada ocurre, la violencia se expande y no hay ningún plan real para hacerle frente.

La proximidad de las elecciones para escoger gobernadores y diputados de Consejos Legislativos regionales, para las cuales restan escasos días, nos coloca a los venezolanos de nuevo ante la necesidad de reflexionar sobre la defensa de los espacios democráticos, cuando estamos bajo un régimen que entiende el ejercicio del poder en términos hegemónicos. Algunos analistas plantean que el 16 de diciembre no sólo están juego los cargos de elección en los estados de Venezuela, sino que en el fondo lo que estará en juego será la velocidad de las transformaciones institucionales que quiere llevar adelante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Si el mapa del país amanece rojo rojito el día 17 es plausible pensar en una aceleración de lo que viene llamándose “Estado comunal”, que no es otra cosa que la desaparición de entes como gobernaciones y alcaldías. En ese sentido, ceo que contar con gobernadores que no sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ayudará a mantener un relativo equilibrio en el reparto del poder, que hoy es desigual sin duda alguna, pero que podría empeorar si los venezolanos que adversan a Chávez optan por la abstención. En el cuadro político y electoral actual es necesario votar. No hacerlo, para los sectores de la oposición democrática, significaría dejarle la cancha sin adversarios a un régimen que tiene ya intenciones hegemónicas.

Por una mala estrategia opositora, en el año 2005, hubo un importante retroceso democrático en Venezuela. No está de más recordar esa mala hora en el momento actual, a pocas semanas de concurrir nuevamente a las urnas. Desde sus inicios el gobierno del presidente Chávez tuvo pretensiones de controlar al resto de poderes. Según el diseño institucional que emanó de la Constitución de 1999, las autoridades de los poderes públicos tales como Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral o Fiscalía General, son escogidos en el seno de la Asamblea Nacional. Desde ese punto de vista el espacio legislativo es un espacio políticamente estratégico para mantener un cierto equilibro de poder en Venezuela. La tesis abstencionista de 2005, que según los líderes opositores de entonces generaría el descrédito del gobierno, en realidad alimentó con creces la lógica de imposición hegemónica. La oposición no tuvo ni voz ni voto en el Parlamento entre 2005 y 2010 lo cual le permitió al gobierno no sólo controlar a la Asamblea Nacional, sino que desde allí se designó también a las cabezas de los otros poderes.

En este año 2012, debe decirse con claridad, la tesis abstencionista no proviene de la dirigencia política ahora reunida en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Hay desaliento en el venezolano común, que además se refuerza con ciertas matrices de opinión que alimenta el gobierno y opositores que cumplen la función de tontos útiles. El pasado 7 de octubre efectivamente Henrique Capriles Radonski no se impuso en las urnas, más que Chávez triunfó el ventajismo de usar los recursos del Estado para garantizar la reelección presidencial. El escenario es diferente para el 16 de diciembre, ya que se ha evidenciado que no hay un traslado automático de votos chavistas a favor de los gobernadores y alcaldes. Pero tal diferencia no significa que las cosas estén fáciles para los actores democráticos. La diferencia en muchos estados estará sencillamente en la movilización de la gente para ir a votar. No tenemos dilema en Venezuela, no creo que haya otra opción que ir a votar el 16 de diciembre si realmente deseamos construir un cambio.

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Una sociedad democrática se caracteriza por la diversidad de fuentes de información transmitidas a través de los medios de comunicación. En período electoral es fundamental el buen desempeño periodístico en la cobertura de una campaña. De manera que la ciudadanía tenga acceso a información veraz, no parcializada ni proselitista. Así encabezamos un reciente informe realizado por Monitoreo Ciudadano, el cual puede leerse en su totalidad en el sitio web http://www.monitoreociudadano.org

La demanda de pluralidad en los medios, en el contexto de una campaña electoral, cobra especial relevancia para los medios de comunicación públicos, tal como es el caso del canal de televisión ANTV, la planta televisiva de la Asamblea Nacional (ANTV). Justamente se hizo un seguimiento y análisis para determinar si cumple su función como canal de servicio público, específicamente en materia de equilibrio entre los actores políticos y las fuentes. Se revisaron las adjetivaciones y valoraciones empleadas por los periodistas de este espacio noticioso con respecto a cada uno de los candidatos presidenciales. Se tomó como muestra el programa ANTV Noticias en su emisión estelar (nocturna), durante la semana del 1 al 7 de agosto de 2012.

Los medios de comunicación públicos o privados no deben difundir ningún tipo de propaganda tendenciosa en apoyo de algún candidato. Siendo esta una afirmación sustentada de igual forma, con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es importante ejemplificar de qué manera se expresan los periodistas del noticiero de ANTV con respecto al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles Radonski. El 1 de agosto durante la visita de Capriles al estado Anzoátegui, el candidato expresó en su discurso “nuestro pueblo no quiere que se salve el planeta, primero hay que ocuparse de la casa, de resolver los problemas de nuestro pueblo”. Esta frase específica fue tomada como punta de lanza por la reportera quien mantuvo su enunciado diciendo “el candidato de la oposición mostró su lado más individualista”.

Del mismo modo se desvirtúa todo dato o cifra que el candidato de la “oposición venezolana” emita como crítica a la gestión  gubernamental del actual Presidente. En consecuencia, los periodistas de esta planta televisiva  potencian los “logros de la revolución bolivariana” al aseverar lo siguiente “Capriles reiteró que con los recursos del petróleo es necesario implementar el plan Hambre Cero para saciar los 700.000 hogares que según él, se van a dormir sin comer. No obstante, esta cifra de fuente desconocida  puede contrastarse con el índice de desnutrición infantil  en Venezuela, cuyo dato arrojado por el Instituto Nacional de Nutrición, revela que en 13 años de revolución se redujo en 62%”.

En la cobertura de ANTV la violación de la normativa electoral del CNE sólo es achacable  a la imagen y actuación del candidato de la oposición. A diferencia del candidato Hugo Chávez, que ante la cobertura de un acto de campaña, los periodistas exaltan su gestión gubernamental: “eufórico el Comandante arribó a la tarima entonando la canción de pueblo, más allá de un caluroso saludo, dio las buenas nuevas la inauguración de la carretera Mamera -  El Junquito”.

De la misma manera, se hace alusión a gobiernos del pasado para desprestigiar la propuesta de Henrique Capriles Radonski, aseverando que “el candidato de la oposición y su propuesta está acompañada por quienes asesoraron  y formularon planes de gobierno durante  la Cuarta República, no obstante, insistió en decir que él representa una nueva  forma de gobierno”. Pese a tratarse de un espacio informativo, en el cual debería prevalecer la pluralidad de fuentes y el contraste, en ningún momento se presenta un punto de vista que haga contrapeso a lo dicho por los voceros del Comando Carabobo o del propio PSUV.

Siendo este un canal del Estado y a su vez adscrito a la Asamblea Nacional que es un órgano políticamente plural, se supone que debe ser el promotor de las actividades parlamentarias, así como también debe buscar visibilizar y darle a conocer a la sociedad el trabajo que vienen realizando los diputados en el Hemiciclo. En el canal se evidencia el gran espacio otorgado para transmitir las declaraciones del presidente Chávez. La cobertura de los actos de campaña electoral del candidato presidencial Hugo Chávez, no son transmitidos desde una postura equilibrada, debido a que se enaltece la imagen del candidato-presidente.

En conclusión, el informativo estelar de ANTV no es una plataforma que permite darle a conocer a los ciudadanos una cobertura equilibrada de la campaña electoral. Los espacios destinados para el candidato de oposición son reducidos a la crítica. No se cubren actos de campaña de Capriles, y por el contrario se muestra como un canal parcializado, tendencioso y propagandista del gobierno y su candidato Hugo Chávez. No se cumple con la función de ser un canal público participativo del Estado, sino como el canal que potencia la gestión de Gobierno. Este informe de Monitoreo Ciudadano se inscribe dentro de las actividades de la coalición Monitor Legislativo http://www.monitorlegislativo.net que procura con sus actividades acercar al ciudadano venezolano al parlamento, a fin de cuentas estrechar el vínculo entre el elector y el elegido.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) es tal vez el órgano más independiente entre los entes internacionales dedicados a la defensa de la libertad de expresión. La razón es muy sencilla: no aceptan financiamiento de gobiernos o entidades ligadas a gobiernos, en ninguna parte del mundo. La autonomía económica del CPJ se expresa, desde mi punto de vista, en una autonomía de criterios para analizar los problemas que enfrenta el periodismo para informar libremente en el mundo de hoy.

Recientemente el CPJ difundió su informe “Los medios bajo asedio” en el cual brindan una mirada panorámica sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, en este año de decisivas elecciones presidenciales. No es una mirada ingenua, puesto que el Comité ya había producido tres informes anteriores, que como bien lo señala su director ejecutivo, Joel Simon, permiten una mirada de conjunto sobre las principales tendencias de la compleja relación entre medios y poder político en Venezuela, bajo el largo gobierno de Hugo Chávez.

En la introducción de este informe, Simon define muy claramente las consecuencias que tiene el modelo comunicacional en el contexto de la actual campaña electoral. “La altamente polarizada campaña presidencial, que ingresa en su fase final, enfrenta a Chávez con el ex gobernador Henrique Capriles Radonski. La polarización se refleja de forma dramática en la prensa, con los medios privados en respaldo de Capriles y aquellos en manos del estado montando un apoyo fervoroso a favor de Chávez. La cacofonía ahoga la posibilidad de debatir temas importantes y en el contexto de la campaña electoral el público es el gran perdedor. A través de su presencia masiva en los medios del estado y el uso de métodos de censura, acoso legal y sanciones administrativas, el gobierno de Chávez fija límites claros sobre el disenso público”, sostiene. Invito a leer la versión completa de este informe en el sitio web http://www.cpj.org

Desde mi punto de vista, precisamente tras repasar la secuencia de informes del CPJ que se difundieron en 2001, 2002 y 2007, me permite concluir que en este 2012 estamos ante un verdadero punto de inflexión en materia de las posibilidades de informar libremente en Venezuela. El país viene registrando una suerte de vuelta de tuerca, paulatina pero constante, en una apuesta gubernamental que tiene por finalidad la asfixia de los espacios que le son críticos o tienen puntos de vista disidentes. En mi opinión, un eventual triunfo de Hugo Chávez en las elecciones del 7 de octubre venidero significará otra vuelta de tuerca dentro de la política oficial. No hay ninguna señal de que un Chávez reelecto, por ejemplo, vaya a promover la reforma de algunas leyes que él mismo mando a aprobar o que vaya a suavizar los controles administrativos que durante varios años ha venido construyendo.

Por esa razón rescató de este informe una serie de recomendaciones que me parecen tendrían sentido en una posible transición post Chávez (esto, por cierto lo sostengo yo, no el CPJ) y que sencillamente veo inviable en caso de que el jefe de Estado sea reelecto para un nuevo período de seis años. Puede seguirnos en Twitter @infocracia

Recomendaciones del CPJ para Venezuela

• Garantizar la independencia del ente regulador de los medios audiovisuales y asegurar que no sea objeto de presiones o interferencia indebida del poder ejecutivo.
• Requerir al ente regulador que publique el proceso y el criterio para el otorgamiento, la renovación y la revocación de las concesiones del espectro radioeléctrico. Proporcionarles a los medios audiovisuales la oportunidad de presentar la renovación de sus concesiones en un proceso justo, transparente y en un espacio neutral.
• Eliminar requerimientos legales que obligan a los medios privados a transmitir los discursos presidenciales y los comunicados oficiales.
• Eliminar en la Asamblea Nacional las disposiciones sobre difamación y el desacato del código penal, conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
• Modificar en la Asamblea Nacional la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para que su lenguaje amplio e impreciso no pueda ser utilizado para castigar o intimidar a los medios audiovisuales o digitales con acusaciones de incitación al odio o la violencia, de fomentar la zozobra en la ciudadanía, de incitar a la desobediencia o desconocer a las autoridades.
• Asegurar que los venezolanos puedan permanecer informados al garantizar  igual acceso a todos los periodistas y medios de comunicación a eventos, edificios, instituciones y fuentes del gobierno.

Asegurar que los medios del estado no sean manipulados o utilizados para lanzar ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios críticos