La máquina de mentir

Tomo algunos datos que publicó el 24 de noviembre de 2013 el diario “El Mundo, economía y negocios”. El Ministerio de Comunicación e Información (MINCI) seguirá siendo la punta de lanza de la comunicación oficial en 2014. En el presupuesto de la nación se le asignan Bs. 1.133.600.000 (unos 22 millones de dólares a tasa SICAD II), lo cual ya representó un aumento de 35,86% con respecto a los Bs. 840.600.217 que se tuvo en 2013 (unos 16,8 millones de dólares). Debe acotarse que en 2013, entre enero y agosto, se le asignaron vía créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional la suma de Bs. 132.998.087 (2,6 millones de dólares) en tres créditos para el área.

En la práctica, el MINCI contó con casi 20 millones de dólares para su ejecución 2013 y pidió 22 millones para 2014. Los cálculos se quedaron cortos en relación al aparato propagandístico que hacía falta para enfrentar, en el terreno simbólico, los efectos en la población de la desastrosa gestión gubernamental del gobierno de Nicolás Maduro. La lógica del aparato oficial apunta no a resolver los problemas de fondo, sino a construir un relato propagandístico en el cual, para variar, el gobierno siempre se victimiza. Ciertamente tal tesis ha ido perdiendo fuerza, cada vez más el pueblo entiende que el desastre nacional no ocurre por culpa de otros, sino que responsabilidad directa de quienes están en el poder. De quienes largamente han ejercido el poder.

Desde el poder se sigue apostando a magnificar la máquina de mentir. La Asamblea Nacional autorizó este 22 de de julio tres créditos adicionales para el MINCI, el más grande por Bs 1.433.778.418 (unos 28 millones de dólares) se justificó como respuesta ante la “guerra psicológica”, otros dos por  213.900.652 (4,2 millones de dólares) y Bs 200.000.000 (4 millones de dólares).se destinarán a proyectos de comunicación comunitaria e indígena.

En total, el MINCI contará este 2014 con 58,2 millones de dólares. Todo lo que se gastó en 2013, al menos oficialmente por el MINCI, se multiplicó casi por 3 para 2014 y estamos hablando de cifras en dólares, que sencillamente calculamos trasladando las sumas en bolívares a la tasa del SICAD II.

Este 22 de julio, durante su intervención, la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Pusv) Tania Díaz, se refirió a la campaña psicológica que emprendieron medios de comunicación privados durante las guarimbas y actos terroristas que dejaron 43 personas asesinadas. Así reza la reseña de la agencia oficial AVN. Este texto refleja claramente para qué sirve un aparato de propaganda oficial, para construir el relato social, para reinterpretar lo que ha ocurrido y dar una explicación que se repite a través de diferentes plataformas.

“El 12 de febrero se desató la más grande guerra psicológica con un discurso que pretendió llevarnos al caos, un discurso que tenía la salida del presidente, Nicolás Maduro, y el asalto y a las instituciones públicas”, dijo Tania Díaz en la reseña de AVN. Por su parte, el también diputado por el PSUV, Earle Herrera, sostuvo: “Nosotros aquí vamos a aprobar todo lo que haya que aprobar para defendernos del imperio y de sus lacayos aquí en el país”.

Ha quedado claro que se va a aprobar todo lo que deba aprobarse al punto que casi se triplica el presupuesto de la propaganda en un momento de tantas urgencias sociales y económicas que afectan, con mayor dureza, a los pobres. Con estos créditos adicionales inmensamente mayores al presupuesto original, la máquina de mentir viene con todo.

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Nuevo relator de la libertad de expresión

El periodista y abogado uruguayo Edison Lanza ha sido seleccionado como el nuevo relator de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para sustituir a la colombiana Catalina Botero.

Tras un largo proceso de selección, que se activó desde inicios de este año, con entrevistas con los postulantes al cargo de Relator de Libertad de Expresión de las Américas y luego de un proceso que incluyó la realización de consultas públicas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a Lanza, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y director del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

El nuevo relator asumirá su cargo el 3 de octubre, y estará cumpliendo funciones por tres años, con opción de renovación por tres años más. El modelo venezolano de hegemonía comunicacional que implantó Hugo Chávez, y profundizado por el gobierno de Nicolás Maduro, debería ser una prioridad para Lanza, después de la inhibición y cautela que marcó la gestión de Botero en relación con Venezuela.

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El canal de Maduro

El presidente Nicolás Maduro, como heredero político de Hugo Chávez, recibió problemas y deudas de diversa naturaleza especialmente en al ámbito económico. Sin embargo, recibió al mismo tiempo un importante aparato comunicacional que puede manejar a su antojo, al igual que su predecesor. El control sobre los contenidos informativos políticos que emite la televisión abierta, junto a cortapisas a la televisión por suscripción, eclipsaron la presencia televisiva de las voces disidentes en Venezuela.

Junto a una televisión insulsa, sin polémica política en la pantalla, Nicolás Maduro terminó entronizándose mediáticamente gracias a las cadenas de radio y televisión y, un asunto no menor, gracias al control sobre la señal de los canales de televisión del Estado y en particular de Venezolana de Televisión (VTV). La principal señal de televisión administrada por el gobierno, con cobertura nacional, no sólo dista de ser el canal de todos los venezolanos, sino que ni siquiera es el canal de todos los chavistas.

VTV ha devenido en el canal de lo que podríamos llamar la “nomenclatura”, categoría para definir a lo que en criollo en el pasado se llamó el cogollo. Por allí desfilan ministros y otros altos funcionarios, directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta allí llega la apertura. No se le da cabida en VTV a la diversidad que coexiste en el seno del chavismo, ni tampoco se refleja el propio malestar que subyace en sectores del mismo PSUV. La carta del ex ministro Giordani no fue noticia en ese medio.

El uso de VTV para la transmisión de los actos partidistas del PSUV es un acto de corrupción a todas luces, pero es a fin de cuentas una demostración de cómo ese medio está al servicio de quienes están hoy en el poder, dentro de la propia lucha interna del partido que fundara Chávez.

Desde abril de 2013, Nicolás Maduro ha salido en VTV más de 544 horas, una cifra que significa 73 minutos diarios en Venezolana de Televisión, el canal “de todos los venezolanos”.  El uso de los medios del Estado para propaganda política es un abuso de poder y viola la constitución venezolana. Igual como hizo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hace unos días, hay que denunciar este abuso.

De acuerdo con los datos del Cadenómetro de la organizacón sin fines de lucro Monitoreo Ciudadano, el uso de VTV como herramienta política por parte del gobierno aumenta en momentos importantes para el proyecto político de Nicolás Maduro. Las cifras completas pueden leerse en www.monitoreociudadano.org o la cuenta en Twitter @cadenometro

Al igual como las cadenas, Maduro ha utilizado los medios de comunicación del Estado de una manera impresionante, especialmente en épocas cruciales para la promoción del chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Superando el promedio de los primeros seis meses de 2014 de 61 minutos cada día, se presentó contenido político en Venezolana de Televisión (VTV) 100 minutos cada día durante la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 y 7 horas cada día en la campaña para las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

Además de la cantidad de horas y minutos, el costo comercial de estas transmisiones por VTV también es alto. De acuerdo con el valor publicitario equivalente calculado por Monitoreo Ciudadano, las 103 transmisiones de VTV de 2014 representan al menos 113 millones de bolívares fuertes (USD 17,1 millones a la tasa de cambio oficial). Maduro maneja a VTV como su canal de televisión.

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Compra de medios: Tiempos de opacidad

La falta de transparencia en los medios venezolanos, sobre su propia gestión, era un asunto que Medianálisis ha venido trabajando desde 2011, es decir antes de que se produjeran estas transacciones simbólicas (Globovisión, Cadena Capriles, El Universal) que han puesto el asunto –sin duda- en el tapete para que sean asunto de preocupación ciudadana y de movilización periodística. La asociación civil Medianálisis enfocada en el análisis de los medios, junto a acciones de capacitación para periodistas, definió en su momento cuatro dimensiones para abordar la construcción de un ranking de medios socialmente responsables: transparencia, participación ciudadana, compromiso social y calidad periodística.

La ejecución de buenas prácticas en cada uno de estos ítems arroja una sumatoria que, desde la perspectiva de Medianálisis, permite ver que tan responsables son o no los medios de comunicación venezolanos. Formo parte de la directiva de esta asociación y precisamente acompañé este proceso investigativo, sin tener la responsabilidad directa, en la medida en que entiendo que si los medios exigen a los poderes político y económico una suerte de rendición de cuentas, los medios también deberían hacer lo propio sobre su composición accionaria, pautas editoriales, etcétera. La responsabilidad social de los medios de comunicación incluye que sean transparentes. Bajo ese enfoque viene trabajando Medianálisis. Invito a que se revise su web http://www.medianalisis.org o su cuenta en Twitter @medianalisis

Durante el año 2012 la asociación Civil Medianálisis aplicó encuestas a una muestra de: 43 periodistas, 15 directivos de  Medios Impresos, 16 directivos de radio y televisión, 10 universidades, cinco  Asociaciones de Medios, Organizaciones No Gubernamentales y 23 medios comunitarios de Venezuela. Los instrumentos se inspiraron en las categorías desarrolladas por la UNESCO de los Indicadores de Desarrollo Mediático.

En ese momento se incluyeron preguntas sobre transparencia y participación ciudadana. Me detengo en las respuestas dadas por los periodistas encuestados. En la gran mayoría de medios de comunicación venezolanos se han establecido mecanismos para la participación del público destinatario: 90,7 % de los casos. Estos, corresponden a esquemas tradicionales como: cartas al editor, la voz del lector, llamadas, correos, secciones con buzón; y no tradicionales, resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías, como redes sociales y twitcam. Asimismo se observa un especial interés en organizar y hacer más funcionales estos espacios de participación, como es el caso de los foros y charlas abiertos a la comunidad; los consejos de lectores y la defensoría del lector, entre otros.

No ocurre lo  mismo con los mecanismos de auditoría sobre los propios medios, prácticas cada vez más establecidas a nivel internacional para garantizar la transparencia mediática, así como mecanismos de rendición de cuentas sobre la actividad editorial: en 44,2 % de los medios donde laboran los periodistas  interrogados, no se han establecido ninguno de estos tipos de mecanismos. Un 25 % aseguró que sí existen tales prácticas, pero un 27,9 % no tenía conocimiento del tema. Es decir, una cuarta parte no tenía idea de que la transparencia mediática fue un tópico específico. Este dato resulta sumamente relevante y ratifica la importancia del plan de trabajo que ha desarrollado la asociación civil Medianálisis con el fin de visibilizar la transparencia editorial como una parte sustantiva de la responsabilidad social de los medios en Venezuela.

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Una cruel paradoja

Cuando uno cree que ya ha visto y escuchado todos los exabruptos posibles el chavismo produce otro, como para que no se pierda la capacidad de asombro. El general Miguel Rodríguez Torres, a cargo del ministerio del Interior y Justicia, ha sido galardonado con el premio “Aníbal Nazoa” de periodismo como comunicador del año “por decir la verdad” acerca de lo ocurrido en el país, durante las protestas que se iniciaran el pasado 12 de febrero.

El premio se le dio gracias al Movimiento por el Periodismo Necesario, pero en realidad otorgárselo al general es, en verdad, la propia negación del periodismo.

Un nota, un largo paréntesis, para explicar quién fue Aníbal Nazoa que tal vez ayude a explicar por sí misma la indignación que produce que un galardón con el nombre de este intelectual venezolano termine siendo colocado en el pecho de un militar.

Aníbal Nazoa nació en el año 1928 y falleció en 2001. Estuvo gran parte de su vida como poeta, periodista y humorista enfrentado al poder. En palabras de Luis Britto García, ícono en estos días del intelectual del régimen, aseveró sobre Nazoa que  “concilió erudición con gracia, ternura con acidez, compromiso con libertad de conciencia, densidad con levedad, altura con profundidad”.

Tempranamente, con apenas 18 años de edad, Nazoa no se enfundó en un uniforme militar ni tomó la carrera de las armas, al contrario saliendo de la adolescencia participa activamente de la fundación y puesta en marcha de “El morrocoy azul”, el célebre semanario humorístico venezolano. Aníbal formó parte del cuerpo de redacción del semanario literario-satírico Fantoches. También participó en los semanarios humorísticos El tocador de señoras, Dominguito, El fóforo (sic), La sápara panda, La pava macha y El infarto. Además colaboró en las revistas El gallo pelón, Cascabel, Elite, Momento y Semana.

Entre 1955 y 1991 fue columnista del diario El nacional, en el que mantuvo sus columnas Aquí hace calor, con sus incisivos artículos de opinión sobre la cotidianidad criolla, y Puerta de Caracas, donde inmortalizó sus crónicas sobre la capital venezolana. Fue también columnista del diario El Globo.

Como lo retrata cabalmente la pequeña biografía que sobre Nazoa publica Wikipedia, ese humor mordaz, que desnudaba a políticos y funcionarios públicos, le valió muchas querellas a Aníbal. Cuentan que un juez expidió orden de detención contra Aníbal porque éste denunció que “en una sentencia [el juez] violaba salomónicamente tanto las leyes de la República como las del castellano…”

Entre tantas noticias, verdades y mentiras que circulan en estos días – algunas promovidas por la máquina de mentir del gobierno-, le comento a algunos amigos y colegas sobre este premio Aníbal Nazoa otorgado al general Rodríguez Torres y me dicen: ¿estás seguro que no es una joda? No, no lo es. En efecto, el ministro-represor de las protestas, en el año en que con mayor crudeza se ha reprimido en Venezuela en décadas, se le confiere un premio como comunicador. Además otra cruel paradoja es que el galardón lleva el nombre de Nazoa, cuya trinchera fueron siempre las letras y el periodismo. Rodríguez Torres, quien siempre juega con su imagen pública (se intercambia su vestimenta entre el uniforme militar y el saco con corbata), recibió este premio insólito (para su trayectoria) vestido de militar, como para recordar su corresponsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los últimos meses. Así está el país en estos tiempos.


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Necesidades del periodista venezolano

Esta semana se celebra en Venezuela el día del periodista. A propósito de esta conmemoración, traigo a colación algunos datos recopilados por la Asociación Civil Medianálisis, que aplicó una encuesta entre 43 periodistas del país. De este instrumento, con muchos ítems e inspirado en una herramienta de la UNESCO sobre desarrollo mediático, comentamos solamente lo relacionado con la capacitación de los comunicadores.

Interrogados sobre el apoyo recibido por las empresas de medios para participar en cursos de capacitación, las opiniones están divididas entre sí (51,2 %) y no (46,5 %). Entre quienes recibieron apoyo éste consistió mayoritariamente en tiempo (facilidades de horario, permisos) y en contados casos (5) hubo un desembolso económico del medio.

Seguidamente, se interrogó a los periodistas de la muestra sobre los temas/tópicos en los cuales habían recibido formación en los últimos años. Resultó sumamente llamativo que pese a constituir una de las áreas más importantes en la actualidad, 51,2 % de los comunicadores encuestados no han recibido  capacitación en  Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Con este dato se conecta otro igualmente significativo: 69,8 % de los entrevistados nunca había participado de un curso a distancia haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Asimismo, 65,1 % de la muestra considerada para este estudio, ha estado al margen de la formación relacionada con Libertad de expresión y democracia, un asunto que figura como una prioridad para la propia UNESCO y que en contexto de Venezuela cobra particular relevancia, incluso diríamos que urgencia.

Otro resultado llamativo: 76,7 % no ha recibido capacitación en el ítem Derechos Humanos. Es ésta una temática que no sólo debería ser conocida por el periodista, como parte de su formación básica, sino que su dominio resulta vital en diversas áreas de su ejercicio profesional. Tanto en este tópico, como el de libertad de expresión, resulta muy negativo que los propios medios hayan estado ausentes en la generación de espacios formativos de la mano de universidades o entes especializados de la sociedad civil.

En el siguiente ítem: Reportar desde la perspectiva de los grupos específicos y/o vulnerables, 83,7% de los periodistas dijeron no haber recibido formación. A pesar de, el resultado que arrojaron las entrevistas realizadas para esta investigación señala que 72,1 % de  los periodistas no han recibido  capacitación relacionada con esta materia, una vez que ingresan laboralmente a los medios de comunicación venezolanos. En lo referente a Periodismo de investigación, 53,5 % de la muestra manifestó no haberse capacitado en esta área,  y del 46,5% que sí lo hizo resultó ser principalmente de medios impresos y esta capacitación estuvo ofrecida por entidades no gubernamentales. Ética periodística, fue otro de los ítems considerados al indagar acerca de la instrucción de los comunicadores: 72,1 % de los encuestados manifestaron no haber participado en ninguna actividad formativa o reflexiva, una vez que abandonaron las aulas universitarias.

Un asunto que cobró relevancia en Venezuela en el contexto de la crispación política. También ha estado ausente en las dinámicas formativas de los periodistas nacionales, se trata de los riesgos del comunicador, se detectó que 81,4 % de la muestra no se ha capacitado en este tema. El estudio completo puede leerse en la web http://www.medianalisis.org o en Twitter @medianalisis

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15 días, 15 años

Los primeros 15 días de junio, de este junio de 2014, ejemplifican con bastante claridad el clima regresivo que se ha vivido en Venezuela en materia de libertad de expresión. En los últimos 15 años la constante ha sido un progresivo desaparición de espacios, junto a una persistente violencia y el uso de mecanismos indirectos para el control de los contenidos, bien sea con la promulgación de leyes o decretos, así como con la asignación de la publicidad del Estado como mecanismo para premiar o castigar líneas editoriales. Algunos ejemplos de este clima negativo que marca la libertad de expresión e información, con repercusiones directas en quienes ejercen el periodismo.

La jefa de información del diario El Oriental de Maturín, Anne Córdoba, fue intimidada el pasado martes 10 de junio cuando se encontraba cubriendo una manifestación estudiantil en el centro de Maturín, estado Monagas. Córdoba fue empujada en dos oportunidades, pese a que estaba identificada con el uniforme del diario para el cual labora y señalada de que “todos los periodistas son unos mentirosos”.

La dinámica de las agresiones es persistente, como la lógica controladora desde quienes ejercen el poder. El vicepresidente de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, propuso el pasado 8 de junio realizar un debate en el país sobre el uso de las redes sociales. El parlamentario asegura que se apoya en el artículo 60 de la Constitución, donde se establece que “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. A juicio de Chávez (PSUV, Lara), “es importante que hagamos en el país un debate sobre la necesidad de que podamos establecer un marco referencial para que el uso de las redes sociales sea en función de la paz y no precisamente de la violencia”.

En estos días de junio, en la sede de los tribunales del Estado Lara, en una cartelera del tercer piso del Edificio Nacional, se colocó un aviso oficial en el cual el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, instruye a los abogados litigantes a dejar de publicar edictos, carteles de remate y citación, en el diario El Impulso. Se trata de un abierto caso de discriminación en materia de asignación de publicidad oficial.

Al economista y profesor universitario José Guerra le fue censurada su columna semanal de opinión que publicaba en el diario Últimas Noticias los lunes. Los textos de Guerra abordaban de forma crítica diversas aristas de la realidad económica del país. El pasado 5 de junio le notificaron vía telefónica que, por órdenes de Héctor Dávila presidente del grupo Últimas Noticias (anteriormente Cadena Capriles), no le serían publicados sus artículos. La salida de Guerra se da tras una relación de aproximadamente 10 años.

El aparato de censura oficial que finalmente se impuso para lograr sacar del aire a Luis Chataing, el pasado 10 de junio (sin explicaciones de Televén a la audiencia), sin embargo, ha dejado una arista novedosa que no puede obviarse. Por primera vez se produce una declaración pública de una figura periodística del chavismo para cuestionar la medida. Vanessa Davies, directora del periódico oficial “Correo del Orinoco”, se solidarizó públicamente con Chataing. Es un hito en estos 15 años y ocurrió en los primeros 15 días de junio.

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3 fracturas del periodismo venezolano

La “mecánica nacional” de estos tiempos ha tenido un impacto directo en la dinámica informativa, en el manejo de los medios de comunicación y obviamente en el ejercicio periodístico. Aquí esbozo lo que considero 3 fracturas, 3 rupturas. Sin duda el campo comunicacional en Venezuela está en medio de una profunda metamorfosis.

1.- No se cierran medios, se compran. Hace pocos días tuvo lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, la audiencia pública en el proceso que se le sigue al Estado venezolano por el cese de la concesión a RCTV. Todavía deben esperarse algunos meses para que haya una sentencia del tribunal internacional, pero todo parece apuntar a que habrá una condena. En caso de producirse esta eventual condena, sería la guinda. La revolución bolivariana pagó un alto costo político, interno y externo, por el cierre de este medio de comunicación, y justamente tal situación produjo un aprendizaje en el alto gobierno. Comprar las empresas mediáticas y torcer su línea editorial tiene un costo político infinitamente menor que castigar al medio con un cierre abrupto. El caso más emblemático, ya que a estas alturas podemos incluso medir las consecuencias, es el canal de noticias Globovisión. Este medio hoy no sólo dejó de ser una ventana para la voz disidente en el país, sino que francamente desinforma en momentos claves, como la ha venido haciendo en torno a las protestas o con la represión política en marcha. En el caso de la Cadena Capriles la transformación editorial está en marcha. Con menos ruido, país adentro vienen ocurriendo cambios en la propiedad de medios de comunicación.

2.- Es la hora de los periodistas, no los medios. Esta idea en realidad es síntesis de lo que le he escuchado por separado a las colegas periodistas Luz Mely Reyes y Tamoa Calzadilla. La fractura notable que se ha producido, especialmente en los principales canales privados de televisión, que optaron por omitir información, por no dar cobertura a lo que ha venido ocurriendo, ha terminado colocando en la palestra los nombres de periodistas claves a los cuales se debe seguir en las redes sociales, o escuchándoles en la radio, plataforma en la cual también hay censura pero donde aún se mantienen notables excepciones como referencia a la hora de informar. Junto a esto el sector de medios impresos ha sufrido igualmente un notable achatamiento. La buena noticia: en este momento hay varias iniciativas de periodismo en plataformas digitales que podrán presentar frutos en breve tiempo. Estos proyectos, sin embargo, seguirán teniendo el notable hándicap de no poder llegarle a la mitad del país a la que precisamente debería llegar información de contraste, puesto que se trata de la mitad del país que no está conectada, que no está en zonas urbanas densamente pobladas y que sigue teniendo en la televisión abierta su principal fuente de información, y en ocasiones única fuente.

3.- El futuro se hace presente para la prensa escrita. La tendencia internacional en relación a la prensa escrita es más o menos la siguiente: los periódicos impresos tal como los conocemos van a seguir circulando en un número notablemente menor, se van a fortalecer plataformas digitales multimedias y lo que va a sobrevivir a todo esto es la marca, el nombre del periódico como referencia en materia informativa. Esta situación, en el caso venezolano, tiene además el componente de la presión política ejercida con el suministro del papel para imprimir, lo cual coloca el horizonte de transformaciones en el muy corto plazo. Algunos periódicos lo han entendido, otros creen que sobrevivirán sin mayores cambios.

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La hora de las cableras

A fines del año pasado, cuando hacíamos el balance de todo lo ocurrido en materia mediática e informativa en Venezuela, apuntábamos algunos campos en los cuales debían esperarse mayores restricciones. La lógica restrictiva que predomina en el alto gobierno es una máquina que no se detiene o nunca está satisfecha, al menos eso puede verse cuando se mira el historial de estos años de la revolución bolivariana. Así, a fines de 2013 señalamos que era factible pensar que ocurrirían restricciones para la emisión de contenidos en la televisión por suscripción en Venezuela.
La reciente decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tiene, desde mi perspectiva, al menos 3 grandes impactos negativos en el sector de la televisión paga, con efecto  directo sobre la audiencia: 1) El Estado puede decidir que canales entran o salen de la grilla de las empresas que prestan el servicio; 2) No habrá límites para el número de canales que el Estado decida colocar al aire a través de las empresas de televisión por suscripción; 3) Las empresas de TV paga pueden ser sancionadas, incluso son su suspensión, por decisión de CONATEL sin que haya previamente un procedimiento, con lo cual el Estado tiene un poder de chantaje inmenso sobre este sector.
Es muy probable que en los próximos meses tengamos nuevas medidas restrictivas en este sector porque esa máquina de generar restricciones, en lo que ha devenido el gobierno bolivariano, no cejará en sus acciones.

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Hacia el control total

Hace poco más de una década el chavismo promovió un debate que por entonces captó el respaldo de más de un incauto o ingenuo. La caída abrupta de credibilidad de los medios de comunicación privados, tras su triste papel durante el golpe de Estado y la reinstauración de Hugo Chávez en el poder, fue aprovechada al máximo por el ejecutivo. El debate de entonces, hay que recordarlo, fue más o menos en estos términos: se necesita una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de la programación de la televisión; se trataba –según el discurso de entonces- de resguardarlos de contenidos de corte violento o explícitamente sexual que transmitían los medios radioeléctricos y en particular la televisión.

Esta ley se aprobó, y no pocos ciudadanos incluso críticos del chavismo, estuvieron de acuerdo con que debían de ponerse límites a los medios de comunicación para proteger a la infancia. En cualquier democracia del mundo esa habría sido una postura correcta. Nos opusimos entonces a la ley porque le daba un enorme poder a un órgano no independiente como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y si el interés era proteger la infancia, entonces el Estado tenía muchas deudas pendientes emanadas de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).

Un balance somero de los primeros diez años de aplicación de la llamada Ley Resorte, deja al descubierto que lo que menos se hizo con este instrumento legal fue promover una programación adecuada a la infancia venezolana. Al punto no se cumple esta ley que los propios medios del Estado son los primeros en irrespetar las franjas horarias y los contenidos aptos para un público infantil.

¿Qué se ha hecho con la Ley de Responsabilidad Social? En estos años lo que efectivamente ha ocurrido es que CONATEL pasó a tener un rol de comisario político y la ley ha sido un excelente instrumento para ir sacando del aire emisoras críticas o programas con un mensaje incómodo para el régimen. No recuerdo ningún caso promovido por CONATEL, en todos estos años, en los cuales la bandera haya sido defender a niños, niñas y adolescentes como se decía antes de aprobar la ley. La ley de responsabilidad social terminó siendo una enorme y efectiva coartada. La autoritaria Revolución Bolivariana ha contado con una tenaza de corte “legal” para la censura y para promover la autocensura en radio y televisión, a través del chantaje.

Todo esto cobra plena vigencia hoy, tras la decisión del 6 de mayo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le ordenó a CONATEL que ahora pase a evaluar el contenido de las canciones. Sí, la letra de las canciones también serán censadas por el órgano oficial para determinar en qué horario deben transmitirse por las estaciones de radio y televisión. La justificación: proteger a la infancia de mensajes sexualmente inadecuados para su edad. ¿Quién podría estar en desacuerdo con una medida así?

El gran problema es que quienes ejercen el poder en Venezuela utilizan buenas causas, las convierten en coartadas y finalmente, en realidad, terminando aplicando medidas restrictivas fundamentalmente de naturaleza política. No debe extrañar, entonces, que este monitoreo de las canciones en verdad termine siendo otro mecanismo de censura para contenidos políticos críticos. La experiencia de la Ley Resorte y el esquema de censura que sacó los temas críticos de las gaitas zulianas son claros precedentes de cómo opera el chavismo con los medios. Se busca el control total.