El enigma del prestigio militar
Por: Víctor Maldonado C.
e-mail: victormaldonadoc@gmail.com
Las encuestas indican que la única institución pública que todavía se mantiene impoluta con una aprobación por encima del 50% es la Fuerza Armada. Y esto es una hazaña, dado el carácter demoledor del estilo presidencial, que ha acabado con la reputación del resto de los poderes e instituciones públicas. Como todo el mundo se imagina, los números no favorecen ni al Parlamento ni al Poder Judicial. Tampoco a ministros o gobernadores. Ninguno de ellos muestra ser algo más que despojos del abuso, la prepotencia y la ausencia casi absoluta de principios y valores. Empero, la cualidad destructiva del presidente no ha podido con el prestigio del estamento militar.
Algunos dicen que la popularidad de los militares se corresponde a la identidad casi absoluta con el proyecto chavista. A fin de cuentas el gobierno está presidido por un militar ansioso de comando activo, y el resto está igualmente constituido por conspicuos representantes castrenses. Sin embargo, esta hipótesis de la relación especular entre el presidente y las fuerzas armadas que comanda no tiene referentes en otras instituciones que también son hijas legítimas de la quinta república. Como ya lo dijimos, de la debacle no se ha salvado ninguna otra. ¿Por qué los militares sí? ¿Por qué tienen más popularidad que el gobierno que supuestamente ellos dirigen? ¿Por qué son mejor calificados que el gobierno militar del Comandante Chávez?
Puede que la respuesta no sea sencilla. Pero lo cierto es que la Fuerza Armada es la única corporación pública que le pone límites precisos a la arbitrariedad presidencial, de acuerdo a la siguiente regla, que hasta el momento se ha cumplido con estricto apego a la disciplina que los caracteriza: Todas las locuras posibles, siempre y cuando ellas se enmarquen dentro de lo que pautan la Constitución y las Leyes. Y cada vez que nuestro presidente ha pretendido pasar esa línea, los únicos capaces de ponerlo en su sitio han sido precisamente sus compañeros de armas. Fueron ellos los que pararon en seco los dos golpes militares encabezados por el ahora presidente. Fueron ellos los que no aceptaron la orden de activar el Plan Ávila en medio de los sucesos de abril. También los que lo repusieron cuando Carmona quiso deponer la Constitución y todas sus instituciones. Lo mismo explica el reconocimiento de la derrota en el referéndum constitucional, a pesar de un cuadro tan cerrado. Y cuando en medio de un gran despecho, ordenó la movilización de diez divisiones a la frontera, simplemente se hicieron los locos y organizaron una sorprendente operación morrocoy que dio como resultado que cuando recibieron la contraorden todavía no habían terminado de salir.
Algunos especialistas podrán incomodarse con lo aquí expuesto. Y uno que otro fundamentalista se rasgará las vestiduras. Pero lo cierto es que hasta el poderoso Chávez tiene un jefe por encima de él, con quien tiene que fajarse a negociar hasta dónde puede llegar con sus obsesiones. Muchos dirán con razón que parte del éxito de esta institución es su flexibilidad a la hora de definir lo constitucional. Pero no podemos olvidar que ellos también están jugando un partido muy complicado, con señales muy ambiguas de aliados y adversarios, y poco reconocimiento público del papel que hasta ahora han desempeñado. Porque tal vez no sean lo que nosotros quisiéramos, pero siguen manteniendo su rol de árbitros constitucionales y garantes de la legalidad, por poca vida que ella tenga en las actuales circunstancias. Y esta condición va mucha más allá de la baja calificación de su alto mando, de los excesos de un comandante de guarnición en Carúpano, o de las amenazas sistemáticas del presidente sobre lo armada que está su revolución.